En un Estado democrático, la voz de la ciudadanía no es un accesorio, es el fundamento mismo de la legitimidad institucional. Las entidades del Estado, ministerios, instituciones descentralizadas y organismos autónomos, tienen no solo la facultad, sino la obligación de informar. Pero informar no es suficiente, lo que deben también es abrir espacios para escuchar. En la era digital, esto se traduce en permitir la interacción ciudadana en sus plataformas oficiales.
Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente que instituciones públicas bloqueen o desactiven los comentarios en sus publicaciones en redes sociales. Esta decisión, aunque presentada muchas veces como una medida para evitar la desinformación o los discursos de odio, puede interpretarse como una forma de limitar el debate público. La consecuencia es clara, estos funcionarios restringen un canal legítimo de expresión ciudadana.
La Constitución Política de la República consagra la Libertad de Emisión del Pensamiento como un derecho fundamental. Este principio no se limita a los medios tradicionales ni a los espacios físicos; se extiende también a los entornos digitales donde hoy ocurre gran parte del diálogo social. Las redes sociales institucionales, al ser administradas con recursos públicos (impuestos), deben entenderse como extensiones modernas del espacio público.
Bloquear comentarios no es una acción neutral. Es una decisión que impacta directamente en la percepción de transparencia y apertura de las instituciones públicas. Cuando una entidad decide cerrar la conversación, envía un mensaje preocupante: que la crítica incomoda más que el silencio, y que el control del discurso pesa más que el derecho a opinar. Esto erosiona la confianza ciudadana.
Por supuesto, no se puede ignorar que existen desafíos reales en la moderación de contenidos. El discurso ofensivo, la desinformación y los ataques personales son fenómenos presentes en cualquier espacio digital. Sin embargo, la solución no puede ser la censura generalizada. Existen mecanismos de moderación responsables que permiten filtrar contenidos inapropiados sin eliminar la posibilidad de participación.
Las instituciones públicas deben adoptar políticas claras de uso en sus redes sociales, estableciendo reglas transparentes sobre qué tipo de contenido será moderado. De esta forma, se garantiza un equilibrio entre el respeto y la libertad. Lo que no es aceptable es el cierre absoluto del espacio de comentarios, ya que esto elimina cualquier posibilidad de interacción legítima entre el Estado y la ciudadanía.
Además, es importante recordar que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio. La crítica, incluso la incómoda, es parte inherente de la vida democrática. Pretender evitarla mediante el bloqueo de comentarios no solo es una práctica cuestionable, sino que puede interpretarse como una vulneración indirecta de derechos constitucionales.
La tecnología ha transformado la manera en que los ciudadanos se informan y participan en los asuntos públicos. Las redes sociales no son simples vitrinas informativas; son espacios de diálogo. Negar esa naturaleza es desconocer la evolución de la comunicación y cerrar la puerta a una ciudadanía cada vez más activa y consciente de sus derechos.
En este contexto, no basta con señalar el problema; es necesario exigir correctivos concretos. La Procuraduría de los Derechos Humanos debe asumir un rol más activo en la supervisión de las prácticas digitales de las instituciones públicas, garantizando que se respete tanto la Ley de Acceso a la Información Pública como los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto implica emitir lineamientos claros, promover buenas prácticas de comunicación institucional y, cuando corresponda, señalar y corregir acciones que limiten la libre expresión.
El cierre de espacios de participación no puede normalizarse. Por el contrario, debe abrirse una discusión nacional sobre la obligación del Estado de fomentar el diálogo y no restringirlo. Las entidades públicas deben entender que escuchar también es gobernar, y que la crítica es una oportunidad para mejorar, no un riesgo que deba silenciarse. Solo así se podrá construir una institucionalidad más transparente, cercana y respetuosa de los derechos humanos en el entorno digital.
