Anabella Morfín, magistrada titular designada por el presidente Bernardo Arévalo, se convertirá en la primera presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC) para la magistratura 2026-2031, en cumplimiento del sistema de rotación establecido en la Constitución Política de la República.
Morfín, electa como magistrada titular por el mandatario la noche del miércoles 11 de marzo, ejercerá la primera presidencia de la alta corte. Esto se debe a que el artículo 271 de la Constitución establece que la presidencia del tribunal debe ejercerse de forma rotativa, comenzando con el magistrado de mayor edad.
“La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades”, señala el texto constitucional.
De esta cuenta, la magistrada titular designada por el Ejecutivo tendrá a su cargo la representación legal de la máxima corte y deberá convocar y presidir las sesiones en las que el pleno de magistrados resuelva los asuntos de su competencia. Además, contará con potestades administrativas sobre el personal del tribunal, de acuerdo con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Expertos consultados por La Hora explicaron que la presidencia de la CC también puede influir en el ritmo de las decisiones del tribunal constitucional, ya sea al acelerar o retrasar la discusión de determinados casos.
Según la edad de los magistrados titulares, este será el orden en el que ocuparán la presidencia del tribunal:
Gladys Anabella Morfín Mansilla, 75 años (2026-2027)
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, 73 años (2027-2028)
Roberto Molina Barreto, 70 años (2028-2029)
Dina Ochoa Escribá, 67 años (2029-2030)
Julia Rivera Aguilar, 44 años (2030-2031)
ORELLANA: LA PRIMERA RECTORA DE LA CC
El abogado Gabriel Orellana resaltó que Anabella Morfín, además de los cargos públicos que figuran en su currículum oficial, participó en las primeras etapas de la Corte de Constitucionalidad (CC) y fue testigo de su desarrollo institucional. Asimismo, señaló que, como mujer, se espera que impulse una defensa de los derechos de las mujeres en beneficio de Guatemala. Por ello, remarcó que ve con optimismo que, por el bien del país, pueda desarrollar una buena gestión.
El profesional del derecho resaltó que, al asumir la presidencia durante el primer año de la alta Corte, Morfín será la rectora de la CC, lo que implica conducir las sesiones, diseñar la agenda y marcar el ritmo del trabajo dentro del tribunal.
Orellana recordó que la CC no solo conoce amparos, sino también acciones de inconstitucionalidad, por lo que consideró que Morfín cuenta con la solvencia ética, moral y jurídica para priorizar algunos casos.
En esa línea, remarcó que el primer deber de un magistrado constitucional es el acatamiento de la Constitución y de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Asimismo, explicó que, de acuerdo con estas normativas, los asuntos deben conocerse conforme al orden en que son presentados.
“Entonces, yo creo que ahí no hay pierde, salvo que cualquier magistrado quiera actuar arbitrariamente y distorsione ese principio. Pero al menos en este momento creo que Anabella (Morfín) tiene la calidad ética, como le decía anteriormente, de cumplir con la ley. No le queda otra”, añadió.
Por último, subrayó que todo magistrado, funcionario o empleado público presta un juramento de lealtad a la Constitución. “No hay escapatoria. Si se es fiel a la Constitución o se es infiel. Así de simple”, concluyó.
CONTROL ADMINISTRATIVO
Asimismo, el analista de Alianza por las Reformas, Juan Pablo Muñoz, explicó que una de las principales facultades de la presidencia de la CC es el manejo de la agenda, lo que le permite priorizar o retrasar determinados temas. No obstante, remarcó que, en el pleno, su voto tiene el mismo peso que el de cualquier otro magistrado.
También señaló que la presidencia dirige al tribunal en asuntos administrativos, lo que implica control sobre plazas y contrataciones, un aspecto que —según subrayó— siempre representa una cuota de poder.
En esa línea, indicó que Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, quienes fueron reelectos, en teoría cuentan con mayor control sobre asesores, letrados y parte del personal administrativo de la alta Corte, por lo que ambos podrían buscar mantener esa influencia.
Muñoz agregó que quien preside la CC, una vez convocado el pleno y definida la agenda, tiene la potestad de dirigir el desarrollo de las sesiones, así como de frenar votaciones, clausurar o suspender las reuniones, tal como ocurre en otros órganos colegiados donde, dijo, la “agenda personal” suele ser la que “marca las horas”.
En síntesis, señaló que la Presidencia de la CC puede dirigir el pleno una vez reunido, definir la agenda y ejercer control administrativo dentro del tribunal.
