Las elecciones que se han venido desarrollando para elegir magistrados del TSE, de la Corte de Constitucionalidad y del Ministerio Público, no son puramente procesos eleccionarios, son puntos culminantes en la vida política del país, pues a partir de los resultados que se obtengan nuestra sociedad se prepara para vivir otros momentos políticos, poder ver de cerca el trabajo de las personas que sean electas, pero además se va a poder medir si los electos son agentes de cambio o bien únicamente se preparan para continuar con la situación política tal como está.
Y es que no es para menos. El TSE representa el organismo supremo que toma las decisiones en materia electoral; es decir, son los que se harán cargo de las elecciones del año 2027, lo cual implica, la aceptación o negación de candidaturas, así como la preparación de las elecciones generales, el conteo de votos y el dictamen final en el cual oficializan a aquellos quienes fueron electos.
El pasado reciente del TSE no fue el más feliz, ni el más transparente. Al contrario, los magistrados fueron al final eslabones de intereses que buscaban amañar el proceso, por medio de quitar a aquellos candidatos que fueran “molestos” para el sistema (que no es más del Pacto de Corruptos), para dejar encaminadas las elecciones con personas que continuarían la parranda de corrupción e impunidad.
En el caso de la Corte de Constitucionalidad, la misma representa el tribunal de mayor importancia jurídica para el país. Estimo que esta corte empezó con abogados y notarios de alto nivel y se encuentra con un grupo de personas que ostentan ciertamente un título, pero que al final representan eslabones de ese mismo Pacto de Corruptos y que se han encargado -no solo la actual corte sino también otras anteriores-, de resoluciones torcidas y amañadas, para favorecer a personas e intereses políticos (corrupción e impunidad). La última muestra de su desfachatez y vergüenza fue absolver a las empresas a cargo de ese adefesio del Libramiento de Chimaltenango, fuera de otras argucias legales y donde Molina Barreto, Ochoa, Lemus, Pérez Aguilera y Vásquez, representan el museo de la vergüenza y una de las peores cortes hasta la actualidad.
Y qué decir del Ministerio Público. La institución representaba el espíritu del mal encarnado en una señora que se convirtió en el sujeto de mayor maldad hasta la fecha. Su gestión convirtió al MP en un tribunal de inquisición que sirvió para amedrentar a cualquier persona que quisiera hacer las cosas bien, que se destacaban por su trabajo decente o, simplemente, porque se oponían al Pacto de Corruptos.
Por ello, este proceso de cambio ha sido sujeto de mucha presión y aun así en el Congreso de la República eligieron de nuevo a Molina Barreto, un personaje siniestro que tendrá un período adicional para lucir su incapacidad legal. Esta votación provocó enormes movilizaciones alrededor del congreso. Y dentro de estas presiones, se sabe de la intrusión de la Embajada de Estados Unidos para elegir a este personaje. Si eso fue cierto, la embajada se equivocó terriblemente e hipotecó las posibilidades de un cambio para la sociedad guatemalteca. De no ser cierto, abrió una duda diplomática entre el Gobierno de Guatemala y dicha embajada, que ojalá pueda dilucidarse, para conocer el por qué la embajada apoyó a este sórdido individuo. Otra hipótesis es que ciertos diputados se inventaron las llamadas de la embajada para generar una tensión con un aliado importante para este régimen.
Al final, todavía falta. La ciudadanía debe seguir atenta. Me temo que buscarán la forma de sacar o imposibilitar candidaturas que constituyen el prestigio sobre la vergüenza, la luz sobre la oscuridad, la capacidad legal sobre leguleyos de baja estofa.
La potencialidad de un cambio o una transformación profunda se alarga, pero creo que existe un espacio para seguir ganando terreno y apuntar a otro tipo de personas en los puestos de conducción política. La clave, ciudadanos, está en su voto en las próximas elecciones para contar con un congreso distinto. No se equivoque de nuevo.
