Las acciones del Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, estuvieron marcadas por el debate en torno a la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), las consecuencias judiciales del conflicto con el magisterio organizado y la continuidad de su estrategia de seguridad.
Uno de los puntos más relevantes fue el pronunciamiento del mandatario en torno a la elección de magistrados del tribunal constitucional en el Congreso de la República de Guatemala.
Arévalo denunció una aparente presión externa para favorecer a determinados candidatos y señaló que habría intentos de utilizar el nombre de la Embajada de Estados Unidos para influir en la votación legislativa.
El mandatario explicó que recibió información sobre una posible intención de aparentar que la Embajada estadounidense estaría promoviendo el voto a favor de ciertos perfiles, entre ellos Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras, lo cual calificó como un escenario «altamente irregular y preocupante» si llegara a confirmarse.
Según el presidente, una situación de esa naturaleza podría afectar las relaciones bilaterales entre ambos países, por lo que anunció que su gobierno inició consultas con el Departamento de Estado de Estados Unidos para esclarecer si existe alguna intervención real en el proceso.
En ese contexto, Arévalo hizo un llamado directo a los diputados para que emitan su voto “con conciencia y libertad”, rechazando presiones de cualquier origen y priorizando el interés del país en la renovación de la Corte de Constitucionalidad.
Presidente denuncia presión externa y llama a no reelegir magistrados de la actual CC
El mandatario también consideró que el fallo reciente de la actual Corte —que ordenó al Congreso continuar la sesión para completar la elección— evidencia la necesidad de «reoxigenar» el máximo tribunal constitucional, con el objetivo de garantizar mayor independencia entre los poderes del Estado y fortalecer la institucionalidad democrática.
La elección se desarrolló luego de que la propia CC otorgara un amparo que ordenó al Congreso continuar la sesión para completar el proceso de designación de magistrados. En su resolución, el tribunal instruyó a la Junta Directiva del Congreso a garantizar el desarrollo de la sesión programada y agotar los puntos del orden del día para cumplir con los plazos constitucionales establecidos para la integración de la Corte.
FALLO EN CONTRA DEL STEG
Mientras se desarrollaba el debate político sobre la integración del tribunal constitucional, resoluciones de la propia Corte también impactaron el conflicto entre el gobierno y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, encabezado por Joviel Acevedo.
La CC dejó en firme una sanción económica de Q4 mil para cada uno de 860 dirigentes sindicales, derivada de acciones realizadas durante las protestas y suspensión de clases impulsadas por el sindicato en 2025.
El Ministerio de Educación de Guatemala aclaró que los pagos no serán administrados por esa cartera, sino que deberán realizarse directamente a la Corte de Constitucionalidad, ya que la resolución no establece un plazo específico para efectuar la cancelación.
Revés para STEG de Joviel Acevedo, CC deja en firme sanción de Q4 mil para dirigentes
En paralelo a la sanción económica confirmada por la Corte, el Ejecutivo sostuvo que las acciones administrativas contra docentes vinculados al paro continuarán.
El viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, señaló que la resolución de la CC establece un precedente al dejar claro que las acciones sindicales no pueden afectar el derecho de los estudiantes a recibir clases.
De acuerdo con el funcionario, además de las multas existen procesos administrativos impulsados por el Ministerio de Educación que incluyen destituciones de maestros que incumplieron sus funciones durante las protestas.
Mineduc: Junto a sanciones económicas, destituciones de maestros del STEG continuarán
COOPERACIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, participó en Estados Unidos en reuniones sobre seguridad regional, donde Guatemala firmó junto con otros 19 países un acuerdo de cooperación para combatir organizaciones narcoterroristas.
Mientras tanto, el gobierno decidió extender por 15 días más el estado de prevención en el país, como parte de su estrategia de combate al crimen organizado, medida que inició con operativos y requisas en centros penitenciarios, incluida la Granja Penal Pavón.
EE. UU. Guatemala y otros 19 países firman acuerdo de combate contra «narcoterroristas»
