La reelección del magistrado Roberto Molina Barreto como titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Congreso representa, según analistas consultados por La Hora, un revés político para el gobierno de Bernardo Arévalo, al evidenciar las limitaciones del Ejecutivo para construir mayorías legislativas en decisiones clave del sistema de justicia.
Tres especialistas consultados coinciden en que el resultado refleja la fragilidad política del oficialismo dentro del Congreso y su dificultad para incidir en negociaciones estratégicas. Para el analista Rubén Hidalgo, el gobierno ha logrado acuerdos en temas como el presupuesto porque generan beneficios para distintos actores, pero cuando se trata de decisiones que afectan el equilibrio real de poder —como la elección de magistrados de la CC— queda expuesta su debilidad para articular consensos.
Otra voz señalan además errores de cálculo del Ejecutivo en el manejo de sus recursos políticos. El politólogo y catedrático, Renzo Rosales considera que el gobierno no identificó con claridad las herramientas con las que contaba y llegó tarde a las negociaciones, cuando los acuerdos entre bancadas ya estaban prácticamente definidos.
El analista Luis Miguel Reyes agrega que la reelección de Molina Barreto mantiene dentro del máximo tribunal constitucional a perfiles vinculados a resoluciones polémicas en los últimos años, lo que, a su juicio, limita la posibilidad de una renovación institucional y podría incidir en decisiones futuras, como la elección del próximo Fiscal General u otros procesos políticos clave.
EMBAJADA DE EE. UU., FACTOR CLAVE
Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, consideró que la elección representa un revés para el Ejecutivo, ya que se perdió una oportunidad de renovar el máximo tribunal constitucional y darle paso a un consenso dentro de esta en el tiempo que le queda a Arévalo en el poder.
Según explicó, el resultado mantiene dentro de la Corte a perfiles que participaron en resoluciones controversiales en los últimos años, lo que, a su juicio, limita la posibilidad de una renovación institucional.
El analista también abordó el debate surgido tras los señalamientos del presidente Arévalo sobre una posible presión usando el nombre de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala para favorecer determinados perfiles.
A su criterio, el episodio no necesariamente implica una ruptura entre ambos gobiernos, sino más bien un problema de coordinación y comunicación ante «Lobbys» que generan ruido en la persepción del reciente llegado John M. Barret al país.
«No creo que haya un rompimiento fuerte entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos. Lo que hubo fue un esfuerzo por meter ruido… por parte de algunos lobbies que están pagando», explicó.
En ese sentido, advirtió que esos grupos de presión podrían intentar influir en otros procesos institucionales próximos, como la elección del Fiscal General, por lo que considera que el Ejecutivo debe reforzar las vías diplomáticas y la coordinación institucional con Washington.
En ese sentido, asegura que de no resolver estas relaciones, la influencia de EE.UU. estará marcada en «decisiones que él no quiere tomar», asegurando que no «serán lo mejor para el país», una característica que Arévalo y su gobierno ha intentado remarcar con cada pronunciamiento.
CONDICIONAMIENTO POLÍTICO
Rubén Hidalgo opina que los acontecimientos recientes reflejan la fragilidad política del Ejecutivo dentro del Congreso, siendo que incluso con consenso previos realizados por la bancada oficialista, estos no suelen ser suficientes.
De acuerdo con su análisis, el gobierno de Arévalo ha logrado avanzar en iniciativas que no alteran las estructuras de poder tradicionales, pero encuentra mayores obstáculos cuando se trata de decisiones que afectan directamente el equilibrio político.
«El gobierno del presidente Bernardo Arévalo no ha tenido la libertad de acción política, sino que permanentemente ha estado condicionado por las fuerzas políticas que representan los demás sectores de poder», afirmó.
Hidalgo mencionó que la aprobación del presupuesto o ampliaciones presupuestarias dirigidas en buena parte a mejorar los recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codedes) se logró porque generaban beneficios para distintos actores políticos y económicos, lo que facilitó consensos legislativos.
Sin embargo, señaló que la elección de magistrados de la CC representa un pulso de poder mucho más profundo: «cuando se trata de decisiones que tocan el poder político real en el país, el gobierno está en una situación de mucha fragilidad», explicó.
ERRORES DE CÁLCULO
Por su parte, el analista Renzo Rosales consideró que el Ejecutivo no logró identificar adecuadamente las herramientas políticas con las que contaba para enfrentar la elección, actuando con cierta ingenuidad en la forma en que gestionó recursos políticos y financieros dentro del sistema legislativo.
«El Ejecutivo ha jugado muy mal sus cartas, o mejor dicho, ni siquiera ha podido identificar qué cartas tiene y por supuesto que no las puede jugar», señaló.
Rosales citó como ejemplo la asignación de recursos a los Codedes, que —según su lectura— fortaleció el poder político de los diputados distritales sin necesariamente generar mayor capacidad de negociación para el gobierno.
Además, señaló que las negociaciones para la elección de magistrados se realizaron demasiado tarde, cuando los acuerdos políticos ya estaban definidos: «el Ejecutivo se reunió con algunos diputados pocas horas antes de la decisión final, cuando ya las cartas estaban tiradas», afirmó.
A su juicio, el resultado de la elección no solo impacta la integración de la Corte de Constitucionalidad, sino que también puede influir en otros procesos institucionales en curso.
