Una nueva denuncia de la IVE revela cómo una red de 39 cuentas y empresas de cartón fue utilizada para estratificar (diluir) Q468.1 millones, parte de ellos provenientes del Seguro Médico Escolar implementado durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Pese a que una cantidad considerable de estos recursos —destinados originalmente a la salud de la niñez guatemalteca— terminó en cuentas de China, Hong Kong y Panamá, la Fiscal General, Consuelo Porras, mantiene el caso en la impunidad.
Documentos facilitados a La Hora por una fuente cercana al expediente del Ministerio Público (MP) exponen un esquema vinculado a la empresa Urgencias Médicas, S.A. durante la administración del exmandatario y su pareja, Miguel Martínez. La denuncia, presentada desde noviembre de 2024, no muestra resultados visibles bajo la gestión de Porras, sobre quien pesan múltiples sanciones internacionales por favorecer la corrupción.
La sombra de la ilegalidad sobre este esquema no es nueva. La IVE resaltó en su memorial a la Fiscal General que el accionista mayoritario de Urgencias Médicas, Harald Joachim Von Der Goltz Notterbgohm, ya cuenta con un historial penal tras ser sentenciado en 2020 por lavado de dinero en un caso derivado de los los Panama Papers. Además, la red de impunidad se extiende a través de otros operadores. Al menos 15 de los participantes en este entramado de 39 cuentas ya figuran en denuncias y ampliaciones previas presentadas por la Intendencia ante el Ministerio Público, sin que a la fecha la fiscalía de Porras haya deducido responsabilidades.
Según los archivos del departamento de Justicia de Estados Unidos, Von Der Goltz, es un ex residente y contribuyente estadounidense quien fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a cuatro años de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero, declaraciones falsas y otros cargos.
Este patrón de inacción en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero replica lo sucedido con la red de farmacéuticas vinculada a La Botica. En este nuevo caso, el MP ignora las alertas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre un programa que fue el «proyecto estrella» de la administración anterior, defendido a «capa y espada» por aliados como el líder magisterial Joviel Acevedo, y que ahora muestra conexiones directas con la estructura de defraudación del caso B410.
URGENCIAS MÉDICAS Y LAS EMPRESAS DE CARTÓN
El epicentro del entramado es Urgencias Médicas, sociedad que justo en 2020 comenzó a obtener contratos con el Estado, según información detallada en Guatecompras. Entre ese año y 2024, obtuvo adjudicaciones por Q285.3 millones provenientes principalmente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), entidad que la contrató para cumplir con el Seguro Médico Escolar.
La denuncia de la IVE identificó 39 cuentas que triangularon Q468 millones, utilizando prácticas para dificultar el rastreo:
- Múltiples depósitos inferiores a US$10 mil para evitar la declaración IVE-BA-03.
- Empresas fantasma: Entidades que no fueron localizadas, no respondieron correos ni requerimientos bancarios.
- Incongruencia: Traslados de fondos entre empresas con giros comerciales sin relación lógica.
PRIMER ANILLO: TRIANGULACIÓN DE Q294.3 MILLONES
La Intendencia de Verificación Especial identifica en su denuncia un segmento que involucra 12 cuentas de siete sociedades. Los fondos salieron de una cuenta de Urgencias Médicas en la que se operaron Q134.6 millones procedentes de otra de sus cuentas que recibía fondos de instituciones del Estado. Estos pagos fueron por “servicios de asistencia de gastos médicos y funerarios… relacionados con la póliza a nombre del Ministerio de Educación”; es decir, el Programa de Seguro Médico Escolar.
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Parte de estos recursos fueron transferidos a las empresas Consulta Médica, S. A. y Agencia Independiente de Seguros Grupo Asesoría, S. A.
Urgencias Médicas justificó al banco (sujeto obligado) estos traslados como servicios de “toma de medidas antropométricas a la población estudiantil”. Sin embargo, en la denuncia se menciona que «según información que figura en sitios públicos», la talla de la población estudiantil en establecimientos públicos se hizo «en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Mineduc», y que de acuerdo con un informe del 2022, este plan se ejecutó «con apoyo técnico financiero del Programa Mundial de las Naciones Unidas, como parte de la política alimentaria de la población escolar».
El dinero transferido a las dos empresas mencionadas anteriormente, pasó a través de un intermediario a cuentas de Corporación de Tecnología Avanzada, Corporación Danyu, Profesionales Internos Diamaz y Corporación Visionarios, sociedades que declararon actividades de ingeniería e informática, ajenas al sector salud.
Dentro de los movimientos que levantaron sospechas está el traslado de fondos hacia cuentas de las tres últimas por parte de Agencia Independiente de Seguros Grupo Asesoría, puesto que mientras esta se dedica a “servicios de corretaje de seguros y fianzas”, las otras declararon prestar servicios profesionales, o de ingeniería, diseño, informática y venta de software.
📌 Parte de dinero del Seguro Escolar terminó en China: Consuelo Porras calla ante red que diluyó Q468 millones. Lee la investigación completa aquí ➡️ https://t.co/qDpn5FASDJ pic.twitter.com/tgaMRqgNzW
— Diario La Hora (@lahoragt) March 2, 2026
Además, se registraron 410 transacciones en efectivo en 10 de las 12 cuentas bancarias de las sociedades pertenecientes a las tres sociedades mencionadas al inicio, por montos que van desde 1 centavo hasta Q528 mil. La mayoría de depósitos fueron por un monto menor a USD10 mil —unos Q76 mil 600, al tipo de cambio del 23 de febrero de 2026— por lo cual no fue necesario que llenaran el formulario IVE-BA-03, como lo especifica la Ley contra el Lavado de Dinero.
En 151 transacciones, el monto del depósito fue de entre Q20 mil y Q30 mil. En los que sí se llenó el formulario requerido por la IVE, se justificó que tanto el origen como el destino de los fondos sería, entre otros, “compra de ropa, pago a beneficiarios, compra de productos de carros —y— pagos varios”. De esa cuenta, concluye la Intendencia en la denuncia; se desconoce el origen de esos fondos.
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FUGA DE CAPITALES
En la misma denuncia, la IVE identificó también que de las 12 cuentas salieron Q181.6 millones a cuentas de terceros, de posibles partícipes; se compraron giros, se pagaron cheques en efectivo y se hicieron transferencias internacionales.
Dentro de las transferencias al exterior, la denuncia puntualiza que de cuentas de Danyu, Corporación de Tecnología Avanzada y Corporación Visionarios se hicieron por un total de Q28.4 millones de esta forma: Q18.54 millones a China; Q5.9 millones a Panamá, Q1.9 millones a Hong Kong y menos de Q1 millón a Estados Unidos (EE. UU.), Reino Unido y Taiwán.
Estas transferencias “podrían carecer de un fundamento económico o legal”, insiste la denuncia, debido a que “según información proporcionada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estas sociedades no registraron importaciones y/o exportaciones durante el período analizado, que justifiquen el traslado de fondos al exterior del país”.
SEGUNDO ANILLO Y CONEXIÓN CON EL CASO B410
Un segundo grupo de 27 cuentas pertenecientes a 18 empresas y personas individuales movilizó Q173.8 millones. Aquí destaca la empresa Grupo Cenizo, que recibió millonarias transferencias de empresas que se dedican a todo tipo de reciclaje y construcción.
Desde estas cuentas también salieron fondos hacia el extranjero, sobre todo hacia China. Además, de acuerdo con la denuncia, a algunas de estas empresas no fue posible localizarlas y existe conexión entre ellas por las personas que figuran como socios fundadores y auxiliares de comercio.
Dentro de las transacciones que activaron las alertas de la IVE está el traslado en 174 operaciones de Q19.7 millones de una entidad a Grupo Cenizo en apenas seis meses, cuando ambas tienen giros comerciales muy distintos. La entidad que hizo las transferencias tiene un giro distinto a la entidad a la que se le depositó, toda vez que Cenizo supuestamente se dedica a la venta combustible al por menor.
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A su vez, otras dos empresas, también le depositaron, también a Grupo Cenizo, Q9.1 millones y Q7.8 millones, respectivamente. Las actividades económicas de las tres tampoco tienen relación.
Grupo Cenizo, a su vez, figura como una de las principales ordenantes (depositantes) de Agrícola Mega Granos, S. A., con 17 operaciones en dos meses por Q7.1 millones, sociedad que el banco no pudo ubicar sus oficinas, y que también recibió 204 depósitos en efectivo por Q6.1 millones.
Además, Grupo Cenizo fue señalada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2024 dentro del caso de defraudación fiscal «B410» por carecer de activos para vender. Asimismo, se detectaron transferencias por Q49.7 millones a terceros, incluyendo Q3.5 millones a Constructora Tierra a la Vista, S. A., también vinculada al caso B410.
Las acciones que ha efectuado el MP relacionadas con este caso presentado por la SAT, en agosto de 2024, son escasas y sin resultados de impacto.
La IVE detalla que no se pudo establecer el origen de Q30.7 millones, producto de 912 depósitos en efectivo por montos que van desde los Q60 a los Q480 mil. Igual que con las empresas del primer segmento, en la mayoría no se dio explicación del origen de los recursos debido a que fueron por montos inferiores a USD10 mil.
En los depositos en efectivo que sí se completó el formulario, se consignó, tanto en el origen como en el destino, “ventas de granos, venta de granos básicos, pago a proveedores, pago de trabajos y de planillas”; no obstante, la persona obligada (el banco) indicó que los posibles partícipes “no presentaron documentación que permita establecer que los fondos proceden de las actividades indicadas”.
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Además, se observaron operaciones entre algunos de los posibles partícipes, que son titulares de las cuentas incluidas en las empresas del primer segmento.
De igual forma, de estas 27 cuentas también se registraron transacciones a terceros, internacionales, compras de giros y cobro de cheques en efectivo. También pago a proveedores de servicios por “activos virtuales”. Estas operaciones suman Q180.2 millones.
Asimismo, de este grupo de 27 cuentas también hubo transferencias internacionales por Q46 millones, igual que el primer grupo de empresas, principalmente a China (Q29.2 millones), México (Q5.2 millones), EE. UU. (Q4.7 millones), Hong Kong (Q3.1 millones), Panamá (Q2.6 millones) y a República de Corea, Taiwán, Macao y Singapur (Q1.2 millones, en conjunto). 
También se giraron cheques que fueron cobrados en efectivo, por un monto total de Q24.9 millones. Siete personas cobraron varios cheques que en suma les representaron más de Q1 millón a cada uno. Algunos son representantes legales o socios fundadores de las sociedades descritas como posibles partícipes en la denuncia.
LA EMPRESA EJE DEL ESQUEMA
La IVE resaltó en la denuncia que el accionista mayoritario de Urgencias Médicas, Harald Hoachim Von Der Goltz Notterbgohm, fue sentenciado en 2020 por lavado de dinero en un caso derivado de los Panama Papers. Además, 15 de los participantes en esta red ya figuran en otras denuncias previas de la Intendencia ante el MP.
Por eso en el tercer segmento, la IVE clasificó solo a una cuenta, también de Urgencias Médicas, debido a que se identificó como el “origen de los fondos” desde la cual se trasladaron recursos hacia su cuenta del primer segmento y a otras dos del mismo grupo.
Esta cuenta desde donde se originan los fondos ha recibido, desde 2019 a 2024, ingresos por Q751.8 millones por créditos que se originaron por el mismo banco del que pertenece su cuenta, por pagos de servicios de asistencia funeraria, médica, legal, servicios de remolque y otros, prestados a los asegurados de la institución bancaria.
La IVE, detalla la denuncia, observó que a la cuenta de Urgencias Médicas clasificada en un tercer segmento, recibió fondos por servicios prestados a instituciones y dependencias del Estado, como el Ministerio de Educación, Policía Nacional Civil, Dirección General de Aeronáutica Civil, Secretaría de Bienestar Social, Ministerio de la Defensa, de Economía y el Sistema Penitenciario, entre otras.
Estos fondos fueron trasladados principalmente entre cuentas a nombre de sociedades que aparentemente registran el mismo representante legal y luego a cuentas bancarias con las cuales no se logró establecer un fundamento económico o legal evidente, añade.
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CONCLUSIONES
En la denuncia, la IVE detalla que las cuentas analizadas “presentan vinculación transaccional entre sí”. Además, Agencia Independiente de Seguros Grupo Asesoría es la empresa que concentra la mayor cantidad de fondos que trasladó Urgencias Médicas.
La primera tiene vínculos transaccionales con Corporación de Tecnología Avanzada, Profesionales Internos Diamaz y Corporación Dany, “lo que podría denotar una posible estratificación de operaciones que proceden de servicios prestados a instituciones y dependencias del Estado de Guatemala y que son trasladadas a cuentas cuyos titulares registran actividades que no guardan relación con el origen de los fondos”.
En lenguaje financiero, estratificar no es más que ejecutar múltiples transacciones bancarias para dificultar el rastreo del dinero. La IVE reconoce en la denuncia que dicha estratificación “hace complejo establecer el origen y destino de los fondos”.
También añade que varias de las empresas muestran direcciones similares y algunas no fueron localizadas o se resistieron a entregar información, lo cual fue considerado por el sujeto obligado (banco) como “señales de alerta de alto riesgo”; además, no se identificaron instalaciones acordes al perfil y volumen transaccional, lo que “demuestra que aparentemente corresponden a una estructura de empresas de cartón”.
Por las razones anteriores, en el memorial, la IVE pide a la Fiscalía que inicie la investigación penal correspondiente de los hechos denunciados “en el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de Guatemala y las leyes de la República”, para judicializar el caso, si se determina la existencia de elementos que lo hagan procedente.
VERSIÓN
La Hora logró comunicarse con uno de los representantes de la empresa, que no aparece en la denuncia de la IVE, pero sí en el Registro Mercantil, sin embargo declinó dar comentarios porque asegura que ya renunció al cargo por un supuesto incumplimiento de pago por sus servicios, no obstante, en un reporte de auxiliares de comercio extendido por el Registro Mercantil el 24 de febrero el estatus como tal aún le aparece «vigente».
De cualquier forma, añadió que de «los periodos mencionados» no cuenta con información y no tiene idea «de lo que hicieron los anteriores representantes». Dijo que actualmente hay otra persona que ejerce la representación de la sociedad, pero que el nombramiento oficial aún está en trámite. «Desde mi renuncia costó que me revocaran la representación, por lo cual, como puede ver soy también víctima de esta empresa», detalló.
FALLIDO SEGURO ESCOLAR DE GIAMMATTEI
El Seguro Médico Escolar fue creado en marzo de 2020 mediante el acuerdo gubernativo 44-2020, impulsado por el entonces presidente Alejandro Giammattei y la ministra de Educación, Claudia Patricia Ruíz Casasola, como uno de los proyectos insignia de su primer año de gestión. El programa consistía en una póliza colectiva para estudiantes de preprimaria, primaria, básicos y diversificado del sector público, que ofrecía consultas telefónicas y presenciales, cobertura de medicamentos hasta Q300 mensuales y hasta Q15 mil por accidente y gastos funerarios.
La ejecución quedó a cargo del CHN. Entre 2020 y febrero de 2024 —cuando fue derogado— se firmaron contratos por Q895.2 millones. Solo en 2023 el monto ascendió a Q330.29 millones, en una tendencia creciente desde su creación. De ese total, Q253.8 millones se destinaron a medicamentos y Q5.39 millones a gastos funerarios por el fallecimiento de 959 estudiantes.
Según una investigación de La Hora, durante su vigencia se registraron 1 millón 455 mil 393 consultas médicas; de estas, 1 millón 79 mil 931 —el 74%— fueron telefónicas y 375 mil 462 presenciales. Al descontar medicamentos y gastos funerarios, el promedio por consulta rondó los Q437. El diseño priorizaba la atención remota a través de una línea telefónica y, en teoría, articulaba una red de médicos y farmacias privadas; sin embargo, estudios académicos detectaron que en varios territorios no existían prestadores registrados y que la cobertura real fue significativamente menor a la proyectada.
Una investigación elaborada por estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) concluyó que, en cuatro escuelas analizadas, la cobertura efectiva alcanzó apenas el 6.5%. Además, 3 de cada 10 hogares reportaron haber gastado entre Q100 y Q300 adicionales en medicamentos, pese a que el programa contemplaba esa prestación. El informe calificó el esquema como “ineficiente, oneroso y opaco”, al no existir una rendición de cuentas pública detallada sobre la ejecución financiera ni una evaluación integral de impacto en salud.
El programa también operó de forma desvinculada del Ministerio de Salud, lo que, según los investigadores, generó duplicidades y profundizó inequidades en el acceso. Mientras el acuerdo gubernativo establecía un promedio de Q300 mensuales por estudiante para medicamentos, el cálculo presupuestario anual reflejaba asignaciones que rondaban los Q113 por alumno en primaria, según la ejecución reportada en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
El 5 de febrero de 2024, el presidente Bernardo Arévalo derogó el acuerdo al advertir posibles vicios en su ejecución y lo calificó como “una puerta más para la corrupción”. Anunció en su lugar un Programa de Salud Escolar coordinado con la red pública.
Entonces, la principal defensa del seguro provino del líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo, quien exigió su restablecimiento al considerar que formaba parte de beneficios incorporados al pacto colectivo.
Acevedo fue señalado en 2023 por el Departamento de Estado de Estados Unidos de “incurrir en significativa corrupción al brindar apoyo político del STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos”.
Por su parte, Giammattei y su pareja, Martínez, fueron sancionados por Estados Unidos por “su involucramiento en significativos actos de corrupción”, al existir —según esa oficina— información fidedigna de que, en el caso del exmandatario, aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato.
