La designación de Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Consejo Superior Universitario (CSU) enfrenta una denuncia legal por presunta falsificación de certificaciones docentes y una omisión en la declaración jurada que presentó ante sus electores. Lo anterior habría ocurrido con el apoyo del rector Walter Mazariegos y de su exesposo el secretario general de esa casa de estudios, Luis Fernando Cordón.
Una denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP) y la Universidad de San Carlos (Usac) detalla la presunta falsificación de certificaciones docentes y la omisión de una sanción judicial en su declaración jurada, lo que compromete la legalidad de su llegada al tribunal más alto del país y genera un nuevo escándalo asociado a las decisiones de Walter Mazariegos y la casa de estudios estatal.
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La impugnación —presentada ante el CSU por cuatro de sus integrantes— se fundamenta en que la designación de Rivera Aguilar se basa en documentación presuntamente falsa incluida en su expediente y que el procedimiento podría derivar en responsabilidades penales para varios funcionarios de la Universidad de San Carlos.
El CSU designó el 16 de febrero a la jueza penal Rivera Aguilar como magistrada titular ante la CC en una sesión extraordinaria celebrada en Antigua Guatemala, en medio de protestas de estudiantes, comunidades indígenas y organizaciones civiles que cuestionan la legitimidad de un órgano cuyos miembros, en su mayoría, tienen el mandato vencido. Muchos personeros del CSU no lograron entrar al recinto de la elección.
En la elección, también se prohibió el ingreso a los medios de comunicación y hubo denuncias de bloqueo de señal a los teléfonos de los electores.
LA SUPUESTA DOCENCIA: 11 AÑOS SIN REGISTRO FINANCIERO
El documento cuestiona el nombramiento de Rivera Aguilar desde el punto de vista constitucional, administrativo y penal; de esa cuenta concluye que la magistrada habría acreditado una experiencia docente que no encuentra respaldo en los registros financieros institucionales, requisito que, según la jurisprudencia de la propia Corte, es determinante para las designaciones que realiza el CSU.
El núcleo de la impugnación sostiene que Rivera Aguilar acreditó una experiencia docente inexistente en los registros contables de la universidad. Según la impugnación, presentó una constancia emitida por la Facultad de Humanidades que certifica que ingresó como profesora interina el 2 de diciembre de 2012, con el registro de personal R 2012-1789. Esa certificación fue incorporada a su expediente para acreditar experiencia en docencia universitaria.
Sin embargo, el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de la universidad no registra contratos, pagos ni movimientos presupuestarios asociados a ese número durante el período 2012-2023. El registro existiría en el sistema, pero sin ejecución financiera vinculada: “un cascarón vacío”, según la descripción del documento.
En contraste, el SIIF sí consigna contratos a nombre de Rivera Aguilar bajo otro número de personal —20240735— exclusivamente desde enero de 2024, todos como profesora interina por una hora, con contratos semestrales finalizados en 2024 y 2025. No hay rastro de relación laboral anterior.
La denuncia califica el registro de 2012 como un «cascarón vacío», argumentando que es materialmente imposible ejercer la docencia universitaria sin figurar en la ejecución presupuestaria ni en el Directorio de Empleados de la institución.
El informe considera “materialmente imposible” que una persona haya sido docente sin figurar en el sistema financiero institucional, ya que cualquier contratación requiere registro para la ejecución presupuestaria y el pago de remuneraciones.
«La documentación pública de la USAC, específicamente el Directorio de Empleados correspondiente a los años 2022, 2023 y primer semestre de 2025, no registra a Rivera Aguilar como docente ni como profesora interina», reclama la impugnación.
OMISIÓN DE SANCIÓN DISCIPLINARIA
La magistrada electa también es señalada de faltar a la verdad en su declaración jurada. Rivera Aguilar aseguró no tener inhabilitaciones; sin embargo, omitió una sanción firme de la Junta de Disciplina Judicial.
Se trata de una suspensión de cinco días sin goce de salario por «delegación indebida de función jurisdiccional» en 2022. Pese a que la abogada agotó los recursos legales —incluyendo una apelación ante la propia CC en 2024—, no reportó el antecedente en su expediente de postulación. La impugnación subraya que esta omisión fue «calculada» para no afectar el requisito constitucional de «reconocida honorabilidad».
El documento también sostiene que Rivera Aguilar omitió en su declaración jurada la existencia de una sanción disciplinaria firme impuesta por la Junta de Disciplina Judicial por delegación indebida de función jurisdiccional durante un desalojo en 2022. La sanción —cinco días de suspensión sin goce de salario— fue confirmada en definitiva por la propia Corte de Constitucionalidad en 2024.
La convocatoria del CSU exigía una declaración jurada de no estar comprendido en inhabilidades legales para ejercer el cargo. El informe remarca que la omisión no pudo ser involuntaria, ya que la jueza Rivera apeló la sanción en todas las instancias.
«Su silencio fue calculado: revelar la sanción habría puesto en cuestión su ‘reconocida honorabilidad’ —requisito constitucional para el cargo—», cuestiona la impugnación sobre no incluir la sanción disciplinaria.
PAPEL DEL RECTOR Y SECRETARIO
La investigación vincula directamente a las máximas autoridades de la Usac en la maniobra.
Denuncia a Mazariegos (el Rector actual): Era el Decano de la Facultad de Humanidades en 2012, año en que se emitió la constancia docente hoy cuestionada. Si el contrato existió, debió llevar su firma; si es falso, su validación actual como rector agrava la situación.
El informe señala además a Mazariegos, como quien presidió la sesión de designación para la magistratura de la CC, a sabiendas de que el expediente contenía todas las anomalías señaladas por la impugnación.
Agrega como implicado responsable a Luis Fernando Cordón (Secretario General): Fue esposo de Rivera Aguilar hasta mayo de 2024. Pese al vínculo personal previo y al conocimiento de la sanción judicial de la candidata, no se excusó de certificar el cuórum y el acta de la elección.
Además, entre 2022 y 2025 ejerció simultáneamente como representante docente de la Facultad de Humanidades ante el CSU y como secretario general.
Pese al evidente conflicto de interés, ninguno de los dos se excusó de participar en la sesión.
LA BOLA EN EL CAMPO DEL MP, OTRA VEZ…
A partir de lo documentado, la impugnación no se limita a cuestionar la legitimidad del proceso, sino que tipifica conductas concretas en el ámbito penal. Plantea la posible existencia de asociación ilícita, al describir un grupo de tres personas que habrían actuado con roles complementarios y un objetivo común: asegurar la llegada de Rivera Aguilar al máximo tribunal constitucional.
Por la creación y uso de constancias docentes sin respaldo financiero, la denuncias atribuye falsedad material a la constancia de 2012; falsedad ideológica a la certificación emitida en 2026 que daba por acreditada una relación laboral supuestamente inexistente en los sistemas financieros; y uso de documentos falsificados a la presentación de ambos documentos dentro del expediente de postulación.
Por la declaración jurada con información omitida añade el delito de perjurio. El documento afirma que la omisión, bajo juramento, de una sanción disciplinaria firme; fraude por haber inducido al Consejo a error mediante documentación presuntamente irregular; e incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en el caso de los funcionarios que, teniendo conocimiento de los antecedentes, no los habrían revelado ni se apartaron de la sesión de designación.
MAYORÍA CON MANDATO VENCIDO
De los miembros presentes en la sesión del 16 de febrero, al menos 26 tenían el período vencido, lo que representa más del 65% del órgano. Esa situación ya había sido objeto de controversia y de resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad que instaban a renovar a consejeros cuyo mandato había expirado.
La elección se produjo en un contexto de fuertes cuestionamientos al rectorado de Mazariegos. Su designación en 2022 estuvo marcada por denuncias de haber llegado al cargo de forma fraudulenta, lo que derivó en su sanción por parte del Departamento de Estado de EE. UU., así como en una ola de protestas estudiantiles que alegaron la legitimidad del proceso con la toma de las instalaciones de la Usac por 13 meses.
El expediente también detalla, con fines de identificación y eventual toma de declaraciones, la nómina completa de los integrantes del Consejo Superior Universitario que participaron en la sesión extraordinaria del 16 de febrero de 2026, en la que se consumó la designación.
La relación incluye a cada uno de los miembros presentes ese día, con el propósito de establecer su grado de intervención y responsabilidad en el acto. Además, identifica a quiénes tienen el período vencido.
EL CASO DEL MAGISTRADO SUPLENTE
El informe también detecta inconsistencias en la designación del magistrado suplente, José Luis Aguirre Pumay. Señala contradicciones entre su currículo y la certificación oficial sobre su condición de profesor titular y director del Centro Universitario de Santa Rosa, así como la necesidad de verificar la simultaneidad de ambos cargos.
Aguirre Pumay participó como candidato a la alcaldía de Chiquimulilla en 2023 por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido que dirige Sandra Torres, derrotada en tres ocasiones en las urnas en su aspiración presidencial. Además, fue concejal de ese municipio entre 2012 y 2016.
La impugnación fue presentada ante el CSU por cuatro de sus integrantes: Juan José Prem González, en su calidad de vocal I en funciones de decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Roberto Agustín Cáceres Staackmann, representante profesional del Colegio de Ciencias Químicas y Farmacia; Osmin de Jesús Pineda Melgar, representante profesional del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas; y Marco Antonio de León Vilaseca, representante docente de la Facultad de Arquitectura.
Los firmantes actuaron en el ejercicio de sus cargos dentro del propio órgano que efectuó la designación.
LO QUE PIDEN
La impugnación, además de la denuncia, pide al Ministerio Público (MP), que dirige la fiscal María Consuelo Porras —también sancionada por 42 gobiernos por sus acciones antidemocráticas—, abrir una investigación por posibles delitos de falsedad material e ideológica, uso de documentos falsificados, perjurio, fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, entre otros.
Hasta ahora, el MP no ha impulsado el avance de investigaciones en contra del rector Mazariegos; sin embargo, horas antes de la designación de Rivera Aguilar y Aguirre Pumay, La Hora publicó información que adelantaba las negociaciones para que la elección se consumara tal y como sucedió el 16 de febrero.
Mazariegos rompe con Porras en la Usac: sus cartas son Aguirre Pumay y Julia Rivera
Esta información evidenció la ruptura de la alianza entre Mazariegos y la fiscal general, quien estaba incluida en la lista de aspirantes a magistrados por la CC, en la que no obtuvo un solo voto de los integrantes del CSU.
La denuncia presentada hoy por la tarde ante el Ministerio Público, por el abogado Juan Carlos Oliveros Betancourt, solicita al MP de Porras realizar allanamientos en la Rectoría y la Facultad de Humanidades para secuestrar los registros físicos y digitales que confirmen la inexistencia de la relación laboral de Rivera Aguilar previa a 2024.
Entre las conclusiones, la denuncia sostiene que la designación de Rivera Aguilar “se sustentó en documentación cuya falsedad es demostrable con los propios registros institucionales” y que el CSU no verificó con el rigor exigido la experiencia docente de los candidatos.
El Consejo tiene previsto conocer los detalles de esta denuncia durante la sesión ordinaria programada para mañana. El pleno del CSU deberá determinar la validez de la designación de Rivera Aguilar frente a los hallazgos que señalan una presunta inexistencia de registros financieros que respalden su trayectoria docente.
La decisión administrativa de los consejeros ocurre en un escenario donde la propia impugnación advierte sobre posibles responsabilidades penales por incumplimiento de deberes para quienes, conociendo las inconsistencias documentales, ratifiquen el nombramiento.
