Mi amigo Carlos Luna Villacorta hubiera sido un candidato idóneo para el Tribunal Supremo Electoral. Es abogado con mucha experiencia, especialmente en materia constitucional por su paso como magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad. Adicionalmente, y a diferencia de la mayoría de los actuales postulantes, Carlos ha participado en casi todas las recientes elecciones generales como presidente de mesa. En efecto, desde los albores de la era democrática, Carlos ha pisado la gramilla de la actividad eleccionaria de cada cuatro años. Como dirían, ha picado piedra desde la ribera del río. Conoce la mecánica democrática del ejercicio del voto. En una instancia tan sensible para nuestro sistema republicano como lo es el TSE se necesitan magistrados con experiencia jurídica, hoja de vida intachable, y sobre todo, conocimiento de la materia. Y mucha personalidad también, para rescatar al TSE de la sombra en que lo esquinaron y devolverle su alta investidura, su jerarquía como “tribunal” –por cuanto debe resolver disputas– y supremo, porque es la autoridad máxima en materia electoral, incluyendo temas de amparos.
CPRG contempla la integración de las comisiones de postulación y les da por encargo una función esencial en nuestro andamiaje republicano. Pero poco regula respecto al funcionamiento de dichas comisiones. Por lo mismo, se han venido desenvolviendo conforme a una ley del 2009, la que, desde que nació, generó dudas, ¿Debían los comisionados ceñirse por dicha ley o podían aplicar su propia interpretación constitucional? Después de todo, ninguna ley puede estar encima de la Carta Magna. En adición a ello, las comisiones ocupan (desperdician, digamos) sus primeras jornadas en fijar su metodología: establecer los requisitos mínimos de los postulantes; detallar los documentos a presentar (unos 23 si no se incluye la partida de bautizo ni la carta del párroco o del pastor), (¿se debe pedir “finiquito” de la CGC?); luego los comisionados deben aprobar la “tabla de gradación” (¿diez o veinte puntos por “proyección social”? y ¿cuántos puntos por publicaciones hechas?), en dichos punteos se deben asignar puntos a la idoneidad y la ética. ¡Upsss” y eso ¿cómo se mide? ¿Acaso se asigna la mitad de los puntos a los medios honestos y cero puntos a los pícaros? Y cómo sabremos quién es quién, ¿cómo se manejan las pruebas de las picardías?
Con tanto detalle (perfeccionismo con aroma fariseico) se pasa por alto la especialidad de la materia. Esa especialidad debe ser uno de los factores principales según el cargo que se busca. Por ejemplo, para integrar las cortes, tanto la Suprema como las Salas de Apelaciones, la experiencia judicial debe tener mayor puntaje. Qué mejor elegir magistrados que a lo largo de 20 o más años hayan sido jueces o magistrados. En el caso del MP, deben puntear más aquellos que muestren desempeño en el enmarañado derecho penal. Lo propio digo respecto a la integración de la Corte de Constitucionalidad, que los candidatos tengan experiencia comprobada en materia constitucional (¿cuántos amparos han presentado y qué resultado tuvieron? ¿cuántos amparos han resuelto como tribunal de amparo? ¿cuántos artículos especializados han publicado?). Para el Inacif deben tener ventaja los criminólogos o aquellos que muestren manejo de esas materias. No estoy sugiriendo que se restrinjan los puestos a los conocedores, pero sí sugiero se le dé prioridad al segmento que ocupa la especialidad. Ciertamente, hay abogados que se desenvuelven bien en varias materias, pero deben escogerse a los especialistas, no a los todólogos o aquellos que llegan a aprender. Las Comisiones de Postulación no son agencias de empleo ni cantos de lotería para conseguir uno de esos prestigiosos puestos. Se debe seleccionar a los más idóneos, son lo que la República necesita.
A todo esto, es de lamentar que Carlos Luna, “Calucho” para los amigos, no presentó papeles para el TSE. Pero sí lo hizo Francisco Quezada, con muy similares credenciales. También presentaron expediente: Ana Ely López, Arabella Castro, Rogelio Zarceño, Julio Dougherty, Carlos Rivera, María Roselia Lima Garza, igualmente muy buenas opciones (con mis disculpas a otros buenos candidatos que no menciono por razón de espacio). Y a ellos no les fue bien…
Sugiero a los jóvenes abogados de hoy que vayan enriqueciendo su hoja de vida y participen activamente en los procesos de los comicios generales. Ello se habrá de tomar en cuenta para cuando, en un futuro, opten por un cargo en el TSE. Lo propio digo para quienes están en la judicatura y que hagan papel destacado e intachable. De igual manera sugiero al Congreso que pondere la participación voluntaria en votaciones de cada uno de los 20 expedientes; una preguntita que no estaría de más: “¿Ha participado en alguna mesa de votaciones?” Tal espaldarazo sería una forma de incentivar la participación ciudadana en los sufragios. Si no es con el trabajo de los voluntarios, no se podría realizar.
Pregunta final: ¿Para qué sirve el punteo de los candidatos? Al final los que obtuvieron cerca de 100 no son seleccionados y sí lo son los que obtienen 71. ¡Cosas veredes, Sancho amigo!
