Proyectos a medias o mal construidos son el resultado de las adjudicaciones que instituciones del Estado han hecho a empresas que no tienen experiencia en obras para la que son contratadas.
La Hora hace un recuento de algunos de estos proyectos a propósito de que el pasado 17 de enero, el Ministerio de Educación (Mineduc) dio por finalizado un contrato con una empresa, luego de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) sugirió en un informe de auditoría que el requisito de experiencia debió tomarse en cuenta en una licitación pública donde pretendía comprar 1 millón 156 mil utensilios de cocina.
El contrato ya se había adjudicado a Distribuidora Siloe, S. A., una compañía sobre la cual el diputado del bloque Cabal, Luis Aguirre, habría mostrado interés en los trámites que hacía en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), de acuerdo a un artículo publicado por este medio el pasado 15 de enero.
La misma pieza periodística revela que la sociedad se habría valido de al menos de otras 10 empresas afines (con las mismas direcciones, socios o representantes legales) para incrementar su precalificación en el RGAE; además, que en otra licitación en el Ministerio de Gobernación (Mingob) una junta la había considerado una empresa sin capacidad técnica, ni personal suficiente para proveer de mil motocicletas a la Policía Nacional Civil.
Esto hacía dudar de si Distribuidora Siloe era capaz de proveer al Mineduc de una gran cantidad de utensilios de cocina, puesto que debía hacerlo en 30 días hábiles, después de la aprobación del contrato, embalados en lotes y entregados en cada una de las direcciones de Educación en los 22 departamentos.
Un equipo de la Redacción de La Hora visitó la sede de Distribuidora Siloe, en la zona 7 capitalina, y constató que las instalaciones parecen ser una casa particular.
En los últimos años, se ha conocido de proyectos que no cumplieron con los estándares solicitados en las bases de licitación y que, por tal razón, resultaron defectuosos o simplemente se quedaron a medias. En estos casos, las empresas adjudicadas no tenían experiencia en el campo en el cual participaron.
GRADAS ELÉCTRICAS
Uno de estos proyectos es el relacionado con el cambio de gradas eléctricas en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). En abril de 2023, cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) estaba administrada por Francis Argueta, lanzó un proceso para el cambio de estas escaleras en la terminal aérea.
En la licitación, dos empresas ofertaron el cambio de seis gradas eléctricas y ocho elevadores. La experiencia se incluyó como uno de los requisitos, pero fue ponderada con solo 20 puntos, frente a 50 por el precio, 30 en cuanto al tiempo de entrega.
Finalmente, el concurso fue adjudicado a Tecnologías Smart Home, una compañía cuyo gerente general reconoció en una entrevista con La Hora que tenía “cero experiencia” en la instalación de escaleras eléctricas y la trayectoria de la firma principalmente era la instalación de equipos de monitoreo, seguridad y vigilancia.
De esta forma, el proyecto se volvió un dolor de cabeza para la DGAC que repercutió, al final de cuentas, en los usuarios del AILA, principalmente en aquellos con alguna limitación física, puesto que tenían que usar las gradas convencionales.
El problema surgió porque la compañía importó los equipos desde China, pero ya en suelo guatemalteco se percató de que las gradas eran de un tamaño diferente al que se requerían en las bases y no “calzaban” en el espacio en el que estaban las anteriores. Como consecuencia, estas pasaron varios meses tiradas en las instalaciones del Aeropuerto.
En un momento el contrato fue rescindido por el Ministerio de Comunicaciones, pero después de un estira y encoge legal, la empresa colocó las gradas eléctricas más de un año y dos meses después del plazo original que se había planteado en el proceso de licitación.
El contrato fue por Q8.65 millones, hasta el momento no se ha hecho ningún desembolso debido a que todavía no se aprueba su liquidación, lo que a su vez no ocurre, de acuerdo con el documento más reciente publicado en Guatecompras, porque la compañía aún no resuelve un reclamo que la DGAC planteó el año pasado por “fallas y desperfectos en los equipos de instalación”, los cuales se reportaron en agosto y octubre del año pasado.
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PLANTA FOTOVOLTAICA EN ESCUINTLA
Otro proceso que no terminó de buena forma es la construcción de una planta de energía fotovoltaica en la ciudad de Escuintla, un proyecto a cargo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que fue adjudicado a Constructora Ochoa, una empresa propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León, por Q116 millones.
Aunque ha firmado contratos con el Estado desde 2012, hasta antes de la llegada de Melvin Quijivix al INDE, Constructora Ochoa jamás había participado en la generación de ningún tipo de energía eléctrica con alguna entidad pública.
Su principal experiencia, de acuerdo a un monitoreo que se hizo al portal Guatecompras, es en el remozamiento y reparación de caminos rurales, así como algunas remodelaciones de infraestructura básica, como edificios escolares o construcción de sistemas de agua potable, drenajes o plantas de tratamiento. También tiene muchos contratos por arrendamiento de maquinaria.
No obstante, el INDE le adjudicó el contrato en junio de 2023, en la administración de Quijivix, quien es señalado de tener vínculos con Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno, y quien ahora también enfrenta un proceso por presunto lavado de dinero.
La empresa, incluso, figura en la denuncia pública que hizo el INDE en julio de 2024, relacionada con presuntas anomalías en los procesos de adquisición. Fuentes confirmaron a La Hora que la empresa habría adulterado documentos para participar en los procesos de licitación.
Del contrato se le ha pagado al proveedor Q9.4 millones, pero la obra se quedó paralizada con el 0% de avance físico.
Desde el inicio de la construcción, la empresa comenzó a mostrar retrasos en la ejecución, a pesar de una serie de minutas en las que los supervisores del INDE hacían observaciones sobre el retraso del proyecto y el incumplimiento de ciertas condiciones técnicas.
Las nuevas autoridades rescindieron el contrato y ejecutaron la fianza. En el lugar solo quedaron los matorrales que cubren el lugar donde un día se pensó construir una planta de generación de energía fotovoltáica.
EL CASO DEL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH
El más reciente caso de un proyecto que se queda a medias, es el del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. En agosto de 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) lanzó la licitación para el cambio de gramilla y pista sintética de la máxima instalación deportiva de Guatemala.
El plan era contar con materiales de primera categoría, certificados a nivel mundial, ya instalados en el recinto en diciembre de 2025. Pero dos meses después de vencido el plazo contractual, el estadio no puede utilizarse porque los trabajos se quedaron a medias
El 7 de diciembre pasado, el día en que supuestamente se iba a entregar la remodelación del estadio, La Hora constató que en el lugar solo había una capa de tierra y no había ninguna pista.
El concurso fue adjudicado en octubre de 2024 a Constructora Bremar, una empresa individual que tuvo su auge económico durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
La empresa justificó 12 años de experiencia en trabajos en instalaciones deportivas, pero esta se limitaba al cambio de gramilla sintética en canchas deportivas escolares o más pequeñas, también a la construcción de parques, nunca participó en un proyecto ni cercano a la remodelación que ofreció hacer en el Doroteo Guamuch.
El contrato se firmó por Q32.4 millones, de los cuales se le pagaron Q9.4 millones. El contratista ofreció instalar una pista Mondo y grama híbrida (natural con base sintética) Hatko, dos marcas reconocidas a nivel mundial y que han sido colocadas en los mejores escenarios deportivos del mundo, como el Metropolitano de Madrid, donde juega sus partidos de local el Atlético de Madrid de España.
Sin embargo, el proceso de compra evidenció lo que pareció ser un desconocimiento de Bremar para hacerse de ese tipo de materiales, puesto que debía comprarlo solo a través de la empresa que era la representante exclusiva de las marcas Hatko y Mondo, algo a lo que Bremar no estaba dispuesta a hacer, a pesar de que había firmado un contrato con la empresa intermediaria.
La Constructora buscó instalar otro tipo de grama, pero la CDAG no estuvo dispuesto a aceptarlo; además, a Contraloría advirtió que no era posible debido a que el contrato especificaba ese tipo de marcas.
Al final, la empresa ya no acudió a citaciones al Congreso, el plazo venció y el contrato se declaró rescindido. Con lo cual los trabajos se quedaron a medias.
