El Consejo de Ministros español aprobará mañana martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que se ha pactado con el partido izquierdista Podemos.
El Ejecutivo comunicó esa iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciara el acuerdo con el PSOE, partido gobernante en España, con el objetivo de regularizar a en torno medio millón de personas.
Según Montero, la medida implica «que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia».
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Podrán hacerlo con el empadronamiento municipal, pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de dinero.
La eurodiputada añadió que la admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno.
El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) informó este lunes de que la cifra de migrantes que viven en España en situación administrativa irregular sigue creciendo y ya se sitúa en 840.000 personas.
Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000).
Las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia.
Los datos son anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo de 2025 e introduce cambios para flexibilizar el acceso a la regularización por arraigo.
