En medio del terrorismo urbano ejecutado por integrantes del Barrio 18, el Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, no imputó el delito de terrorismo en contra de Harol Yeraldo Salguero Morales, conocido también como «Liro Rebelde» y miembro de la referida agrupación criminal, a pesar de que la ley antipandillas entró en vigencia hace tres meses.
Luego de la crítica que surgió por la forma en que el MP manejó la audiencia, analistas consultados por La Hora coinciden en que el ente investigador debió aplicar la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, conocida también como ley antipandillas, ya que entró en vigencia desde hace tres meses.
Las presiones en contra del oficialismo para la aprobación de la ley antipandillas, como una medida para combatir el fenómeno criminal, incluso provinieron desde el ente investigador, ya que la Fiscal General convocó a los Jefes de Bloque para presentar una serie de reformas a la normativa, mientras se discutía en el Congreso.
La normativa que declara al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como grupos terroristas fue aprobada por el Congreso el pasado 21 de octubre, en medio de la crisis en el Sistema Penitenciario por la fuga de 20 reos del centro de detención Fraijanes II.
LOS CAPTURADOS
Desde el pasado sábado 17 de enero, el Barrio 18 aumentó la violencia que ejerce a nivel nacional, provocando una serie de disturbios y retención de guardias del Sistema Penitenciario en al menos tres cárceles del país, así como ataques armados contra elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que resultó en la captura de varios integrantes del grupo terrorista, incluyendo a “Liro Rebelde”.
El “pandillero”, como él mismo reconoció, fue capturado por agentes de la PNC en la colonia Cerro Gordo, zona 21, de la Ciudad de Guatemala, luego de presuntamente provocar un ataque armado en contra de dos elementos uniformados en la calzada Aguilar Batres, en la zona 11 capitalina.
Tras su captura, Salguero Morales enfrentó una audiencia de primera declaración en el Juzgado de Turno, en la cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas decidió imputar los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivo, así como el delito de promoción y fomento, pero no aplicó la ley antipandillas para señalar al acusado como terrorista.
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RIVERA CLAVERÍA: JUECES DEBEN CALIFICAR
El analista en seguridad, Julio Rivera Clavería, remarcó que la ley antipandillas ya está en vigor, por lo que los miembros del Barrio 18, conforme la normativa, ya fueron declarados como terroristas y como parte de estructuras criminales terroristas.
En esta línea, el experto en seguridad afirma que los jueces no solo deben juzgar a los miembros del Barrio 18 por los delitos que se les presentan en la acusación, sino también porque pertenecen a estructuras criminales que son terroristas.
De acuerdo a Rivera Clavería, el MP tiene que imputar estos delitos, pero al final quien califica todos los delitos son los jueces, no lo realiza el ente investigador.
El experto remarcó que son los juzgadores quienes, apegados a la ley, deben de calificar los delitos, pero recalcó que también deben ser procesados como terroristas, porque de acuerdo a la normativa antipandillas, quienes participen en estas estructuras, si se comprueban, pueden ser declarados como terroristas.
También, subrayó que en estas investigaciones se deben de llenar perfiles de los integrantes de las agrupaciones, por lo que de acuerdo con todas las pruebas que recolecte el MP y la PNC, se puede plantear que estas personas pertenecen a estructuras criminales denominadas maras o pandillas.
“Y que, por lo tanto, de acuerdo a la ley, no solo son mareros o pandilleros, sino también declarados terroristas, conforme la ley antimaras. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer, no solo de inteligencia, sino de investigación el propio MP y la PNC”, concretó.
POLANCO: MP PROMUEVE IMPUNIDAD
Mario Polanco, analista en seguridad del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), afirmó que desconoce las razones por las cuales el MP actuó de esa manera, pero, recordó que la actual administración del ente investigador busca favorecer a delincuentes y perjudica a perseguidos políticos.
“Se ha cuestionado el accionar del actual MP, esa es una prueba concreta de cómo se favorece a delincuentes. No me extrañaría que esto sea todo un plan orquestado en que algunas personas poderosas puedan estar involucradas como responsables intelectuales”, sostuvo.
Polanco remarcó que el GAM vio con preocupación como el MP accionó en la acusación contra los detenidos, ya que se nota que la Fiscalía promueve la impunidad.
Respecto a imputar el delito de terrorismo, el analista recalcó que, definitivamente, el MP debe aplicar la figura, ya que si existe la normativa jurídica se debe de utilizar.
Además, subrayó su preocupación, ya que el ente investigador ha actuado con mucha impunidad y evidencia que hubo alguna coordinación por parte del ente investigador
ASTURIAS: INCAPACIDAD DEL MP
Asimismo, el experto en seguridad, Sandino Asturias, explicó que hay varios elementos que se tienen que desarrollar para entender las circunstancias en las que han ocurrido los hechos delictivos del Barrio 18.
En línea de lo anterior, resaltó que la respuesta institucional del Estado a los hechos de violencia criminal, con la creación del Estado de Sitio, el apoyo del Congreso, así como al apoyo social, entre otras medidas, ha sido contundentes, lo que significa que no hay resquicio para que haya impunidad.
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“Creo que las dudas lo único que confirman es, uno, la incapacidad de algunas instituciones como el MP, que es evidente que hay una incapacidad, y otra, la duda sobre el papel del MP en todo esto”, indicó.
El analista en seguridad cuestionó la decisión del ente investigador para decretar teletrabajo en medio de la crisis, lo cual recalcó que es sospechoso y preocupante.
Según indicó, la respuesta del Estado, y no solo del gobierno, tiene que ser contundente para detener la ola de criminalidad, y la única manera de pararla es que no haya impunidad.
Asturias remarcó que es importante la presión social y mediática para que las instituciones estén al nivel del tamaño de los problemas que tiene Guatemala, ya que el país está ante una crisis de violencia y de desestabilización del Estado, por lo que no debe haber “medias tintas” y la respuesta del gobierno y de las instituciones de seguridar debe ser contundente.
A criterio del experto, incluso el Congreso tuvo una respuesta contundente, por lo que, recalcó que se debe exigir a las instituciones de justicia que estén a la altura de las circunstancias en las que está viviendo el país.
IMPUTAN PORTACIÓN DE ARMAS
Por la tarde del pasado 19 de enero, Harol Yeraldo Salguero Morales, conocido como «Liro Rebelde», enfrentó su audiencia de primera declaración en el caso por el ataque armado en contra de dos agentes de la PNC en la zona 11 capitalina.
El fiscal del MP solicitó al Juez de Turno ligar a proceso a «Liro Rebelde», por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivo además de delito de promoción y fomento, pero no hizo un pronunciamiento sobre el ataque armado contra los agentes de la PNC y por su participación en la agrupación terorista del Barrio 18.
El MP presentó los mensajes encontrados en el teléfono del capturado, pero remarcó que eran parte de los elementos que integran la carpeta de investigación, por lo cual el juzgador afirmó que es decisión del ente investigador el momento en que solicita algún aspecto al juzgado correspondiente.
Durante la audiencia, el sindicado reconoció ser miembro de una estructura criminal, ya que al momento de consignar los datos personales de Salguero, aseguró que su profesión u oficio era «pandilla».
Como parte de las pruebas, la Fiscalía mostró vídeos y audios en el que se le vinculó al hecho armado en contra de agentes de la PNC, el cual solamente fue conocido por las partes procesales.
«Uno de los cuates llevaba una AK45, ese m… del hijo de p… llevaba una m… matajuras y yo llevaba una nueve, no llevaba gran cosa hombre, yo llevaba solo eso y despozolada le hubiera hecho la cara», indicaba uno de los mensajes encontrados en el teléfono del sindicado, según conoció La Hora.
MP Y ARÉVALO COMPARTEN SEÑALAMIENTOS
Derivado de lo mencionado, el presidente Bernardo Arévalo aseguró en un mensaje en redes sociales que en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la PNC, el MP optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de amas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgados con la nueva Ley Antipandillas.
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También, aseguró que es un insulto a los agentes de la PNC asesinados, a sus familias, así como al pueblo de Guatemala.
Tras las críticas el MP publicó, también en redes sociales, que la Fiscalía presentó indicios racionales suficientes, por lo cual, recordó que el sindicado fue ligado a proceso por los dos delitos referidos y enviado a prisión, mientras se desarrolla la investigación.
Al mismo tiempo resaltó que el MP puso a la vista del juez diversos indicios recabados en la investigación preliminar, entre ellos, algunos videos y audios en los que se presume el sindicado habría coordinado con otros individuos la comisión de otros hechos delictivos, los cuales «se encuentran bajo investigación».
«Es sumamente importante resaltar que el proceso penal se encuentra en sus primersas fases y el resultado obtenido hoy no exonera, inculpa o declara la inocencia del sindicado respecto de la comisión de otros hechos delictivos», agregó.
Horas más tarde, también compartió una publicación, junto con captura de pantalla de los señalamientos del Presidente con la leyenda «¡Falsos!».
«Insultante para el pueblo de Guatemala es que se utilice una tragedia nacional para continuar su campaña de desprestigio contra el MP una institución autónoma que actúa con independencia y rigor técnico», indicó.
Agregó que la Fiscalía actuó con profesionalismo al presentar los indicios racionales suficientes para que el sindicado fuera ligado a proceso y enviado a prisión, a la vez que remarcó que la investigación continúa y se ampliarán las imputaciones según avance la evidencia, como lo establece la ley.
A su vez, cuestionó: «¿Hasta cuándo se utilizarán las víctimas de la violencia para justificar ataques a la autonomía del MP?», y concretó indicando que el pueblo de Guatemala exige justicia efectiva, no espectáculos políticos.
Insultante para el pueblo de Guatemala es que se utilice una tragedia nacional para continuar su campaña de desprestigio contra el Ministerio Público, una institución autónoma que actúa con independencia y rigor técnico.
La Fiscalía actuó con profesionalismo: presentó los… https://t.co/8N2ckAucZ3 pic.twitter.com/kxyBvBft48
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 20, 2026
En ambas publicaciones, el MP evitó explicar la razón por la que no se imputó el delito de terrorismo contra el supuesto pandillero, por lo cual La Hora se comunicó con el Departamento de Información y Prensa del ente investigador para abordar en el tema, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. De contar con información será colocada en este espacio.
PORRAS INSISTIÓ EN APROBACIÓN DE LEY
A pesar que el MP no ha aplicado la ley antipandillas, la fiscal general, Consuelo Porras, formó parte de las presiones en contra del oficialismo para la aprobación de la normativa, en medio de la crisis por la fuga de 20 reos de la cárcel de Fraijanes II.
El 29 de septiembre, la Fiscal General se reunió con diputados que aprobaron un punto resolutivo en el que pedían al Organismo Ejecutivo designar a la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 como organizaciones terroristas, y solicitaba a la Fiscalía investigar las fuentes de financiamiento de los grupos criminales.
Propuestas del MP sobre pandillas llegan a Jefes de Bloque con respaldo de la oposición
A la reunión asistieron el primer vicepresidente de la Junta Directiva, Jorge Castro; el segundo vicepresidente, Jorge Estuardo Ayala; el segundo secretario, Mario Ernesto Gálvez Muñoz; tercer secretario, Juan Carlos Rivera; el quinto secretario, José Pablo Mendoza Franco, así como los diputados de Vamos, Allan Rodríguez y Sergio Arana; de Unionista, Álvaro Arzú Escobar; de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Inés Castillo y Julio Marroquín; de Nosotros, Nadia de León; de Comunidad Elefante, Alexandra Ajcip; de Valor, Elmer Palencia; de Cambio, Esduin Javier y Javier “Tres Kiebres”; de Azul, Jorge Mario Villagrán; y de Todos, Cornelio Gonzalo García García.
En la cita, fiscales del ente investigador presentaron varias propuestas, que posteriormente fueron llevas a la reunión de Jefe de Bloques por los congresistas participantes.
