Por Claudia Palacios
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Pese a que en los últimos años se ha mejorado y ampliado la cobertura de las sedes de instituciones que conocen casos en materia de Justicia Penal Juvenil, el incremento exponencial en la participación de adolescentes en hechos delictivos, la sobrecarga de trabajo por la falta de personal en las instituciones que atienden dichos casos, el hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad y la insuficiencia de los presupuestos interinstitucionales para atender las necesidades del sistema, siguen significando un problema importante para la administración de justicia, reconocieron los miembros de la mesa técnica.
La mesa, que está integrada por representantes del Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto de la Defensa Pública Penal y Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, buscan generar un trabajo interinstitucional para fortalecer la administración de justicia en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.