Mientras narcotraficantes y actores corruptos son beneficiados con medidas sustitutivas Pacheco y Chaclán son dos ex alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala, presos políticos por el cumplimiento de su deber. Desde la base militar de Mariscal Zavala, donde se encuentran en prisión preventiva desde el 23 de abril de 2025, enviaron una carta abierta que a continuación transcribo textualmente, cito:
“Guatemala, 11 de diciembre de 2025. 235 días viviendo privados de libertad, por nuestros pueblos; Maya, Garífuna, Xinca y Ladino, haber servido a 48 cantones de Totonicapán, a nuestras comunidades, Juchanep y Chotacaj como alcaldes Comunales 2023 no es delito. Las manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia y la transición de Poderes es un derecho Constitucional, no terrorismo.
Ninguna organización de autoridad indígena es una organización ilícita. ¡Por nuestra dignidad, la de nuestro pueblo indígena, por Guatemala seguimos en resistencia!
Hemos pasado fechas especiales, cumpleaños de nuestros hijos, aniversario de bodas, ahora se vienen fiestas navideñas y nos tienen separados de nuestras familias y de nuestras comunidades, a causa de esta criminalización. Dios actuará por el bien común del pueblo. ¡No somos delincuentes! ¡No más violación a los derechos de los pueblos indígenas! ¿Será un proceso legal? ¿Será este un proceso justo? Unidos en oración.” Fin de la cita.
Por otra parte y en solidaridad con Pacheco y Chaclán, 55 organizaciones guatemaltecas nacionales, 10 internacionales y 150 personas individuales el 11 de diciembre del presente año, publicaron un comunicado que recuerda que los mencionados detenidos, fueron parte de la defensa de la democracia en el 2023 y que por esos hechos, el Ministerio Público (MP) los acusa de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, en un proceso marcado por irregularidades, dilaciones y una estrategia de criminalización política y racista, siendo que, lo único que hicieron fue cumplir el mandato de la asamblea de los pueblos y “enaltecer la defensa del voto y la decisión electoral de los guatemaltecos en las elecciones del 2023.” Agregan que Pacheco y Chaclán fueron parte de las acciones pacíficas, “en las cuales la mayoría de guatemaltecos participamos.”
Advierten que las acusaciones en contra de los exdirigentes indígenas, “carecen de fundamento porque manifestar pacíficamente no es delito, lo cual sienta un peligroso precedente para la sociedad guatemalteca.” Aseguran que los 48 Cantones de Totonicapán son una autoridad ancestral, con más de 500 años de organización legítima, igual que el resto de autoridades indígenas. Afirman que, Luis y Héctor son presos políticos, por lo que exigen su inmediata libertad.
El comunicado finaliza demandando la libertad de Pacheco y Chaclán, la desestimación del proceso por falta de mérito y ausencia de delito, el cese de la criminalización y respeto de la autonomía de los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales.
Marco legal violado: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) y normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos. Preguntas clave para invitar a la reflexión. ¿Por qué el MP utiliza la figura de “terrorismo” para criminalizar la protesta social legítima? ¿Cuál es el precedente si se judicializa la defensa pacífica de la democracia? ¿Qué dice este caso sobre el racismo estructural en el sistema de justicia guatemalteco? ¿Cómo afecta esta criminalización a la gobernanza indígena y la defensa territorial?
