
El fiscal que ofreció un paseo para mostrar un supuesto apoyo popular, ahora guarda silencio. Dos semanas después de que Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), invitara públicamente a La Hora a acompañarlo a la Sexta Avenida, mercados o centros comerciales para “atestiguar” cómo —según él— la ciudadanía lo felicita por su gestión, ni él ni la Oficina de Información y Prensa del Ministerio Público (MP) han respondido para concretar el recorrido.
El ofrecimiento surgió el 17 de noviembre, durante una conferencia de prensa convocada por la FECI, cuando La Hora preguntó a Curruchiche cuánto gana como funcionario público tras autodenominarse en la red social de X como “el fiscal del pueblo”. Su salario es una información que la Ley de Acceso a la Información Pública considera de oficio, pero que el MP, que dirige María Consuelo Porras, mantiene con candado.
El fiscal evitó dar la cifra, alegó que la ley se lo impide —de forma inexacta— y, en su lugar, lanzó la invitación: recorrer mercados, centros comerciales o el propio paseo de la Sexta Avenida en el corazón del Centro Histórico de la ciudad para demostrar que la gente lo reconoce y celebra su labor, y que por ello se hace llamar “el fiscal del pueblo”.
“Me gustaría que un día me pudiera acompañar a los mercados, centros comerciales, incluso a la Sexta Avenida, y usted se podrá dar cuenta cómo las personas se toman fotos conmigo y me felicitan por la labor del Ministerio Público. Acompáñeme un día de estos y verá los bots y netcenters que hay en redes”, dijo entonces a este medio.

La Hora aceptó la propuesta en esa misma rueda de prensa. Días después, envió mensajes tanto al teléfono personal del fiscal —una vía que ha utilizado en otras ocasiones y en donde ha respondido— como a la Oficina de Información y Prensa del MP para coordinar fecha y hora. El texto fue claro y formal: se solicitó indicar el día que mejor se ajustara a la agenda del fiscal “a fin de programar la cobertura”. No hubo respuesta. Ni siquiera un acuse de recibido.
¿CURRUCHICHE RECULA?
El silencio contrasta con el tono desafiante que Curruchiche mostró cuando esquivó la pregunta sobre su salario. Aquella mañana, en una conferencia a la que La Hora logró acceder sin haber sido invitada —en un acto al que solo se convocó a medios previamente seleccionados—, el jefe de la FECI respondió en voz baja que “de acuerdo a la ley, el salario de alguna persona no se puede proporcionar” y citó, de memoria, un artículo que no corresponde a la reserva de este tipo de información. Acto seguido, derivó la discusión hacia su supuesto respaldo popular.
La escena se produjo, además, en un contexto de alta confrontación con la prensa. Curruchiche reprochó a este medio su cobertura del caso UNOPS —una investigación que él afirma tiene implicaciones para el presidente Bernardo Arévalo, aunque hasta ahora no existe ninguna solicitud de retiro de antejuicio— y sugirió un tratamiento “sesgado y tergiversado”. La Hora ha publicado sobre el expediente, retransmitido todas las conferencias oficiales del MP y dado seguimiento a las actuaciones procesales conocidas.
El fondo del asunto, sin embargo, permanece sin resolverse: la negativa sistemática del MP de Porras a transparentar los salarios de su cúpula. En agosto de 2024, el MP rechazó entregar a La Hora los sueldos, aumentos y compensaciones de su máxima autoridad y de varios funcionarios cercanos a su despacho, incluido Curruchiche, bajo el argumento de que su divulgación causaría “serio daño y perjuicio”.
OPACIDAD EN SALARIOS
La Unidad de Información Pública invocó artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) orientados a proteger investigaciones criminales, pero no explicó de qué manera revelar salarios —un dato que otros organismos del Estado publican sin reserva— comprometería la seguridad. Tampoco presentó la resolución formal de clasificación que exige la ley para declarar información reservada.
El artículo 25 de la LAIP establece que toda reserva debe ser emitida por la máxima autoridad, publicarse en el Diario Oficial y justificar su origen, alcance, plazo y fundamentos. De no cumplirse esos requisitos, la clasificación es nula. Hasta la fecha, el MP no ha demostrado la existencia de una resolución que respalde el secreto sobre los salarios.
La opacidad alcanza también a Porras, la máxima autoridad del MP, quien el pasado 30 de septiembre eludió responder ante diputados de la Comisión de Finanzas sobre el sueldo que percibe, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2026. Interpelada por el diputado Román Castellanos, Porras zanjó el asunto con una frase irónica: “Gano menos que usted y tengo mil funciones más que usted”. A continuación, invitó a “acceder a los medios correspondientes”, pese a que el propio MP mantiene dichos datos bajo reserva.

Porras, su secretario general, Curruchiche y otros fiscales del círculo de confianza de la jefa del MP acumulan sanciones internacionales que les prohíben el ingreso a 42 países. Las medidas, impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros gobiernos, los señalan por acciones que habrían socavado la democracia y por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
En ese contexto, la invitación de Curruchiche a pasear por los mercados adquirió un tono de desafío político y mediático. Dos semanas después, sin embargo, el reto quedó en palabras. El autonombrado “fiscal del pueblo” que prometió exhibir fotografías y felicitaciones ahora evita concretar la cita. La oficina de prensa no responde. Y la pregunta original —cuánto gana un alto funcionario cuya remuneración debería ser pública— sigue sin respuesta.
La contradicción de Consuelo Porras: habla de transparencia pero su sueldo es un secreto







