KATERIN CHUMIL
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La defensa del exjefe de facto, Efraín Ríos Montt, interpuso dos amparos en la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo en contra del tribunal a cargo del juicio en su contra. Las impugnaciones pretenden separar el proceso penal de su cliente de la carpeta judicial contra José Rodríguez Sánchez.
Jaime Hernández, abogado de Ríos Montt, explicó que, a su criterio, los juicios deben celebrarse de forma separada, ya que en el caso de su defendido se trata de un debate especial para aplicar medidas de seguridad, mientras que en el caso Rodríguez Sánchez se trata de un juicio normal.
En este mismo sentido hay otro amparo en trámite, interpuesto por los querellantes del proceso, quienes también piden que se diferencien los expedientes.
Ambas partes del caso se opusieron al inicio del juicio, argumentando que, debido a los recursos pendientes de ser resueltos, el debate corría el riesgo de ser anulado; sin embargo, el tribunal continúa la diligencia.
Esta semana seguirá la presentación de testigos por parte de la defensa y el Ministerio Público (MP).
CASO EN RESERVA
La semana pasada la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo amparó de forma provisional a la defensa del exjefe de Estado para que se permita el ingreso de observadores nacionales e internacionales al juicio por genocidio.
Los abogados del acusado acudieron a la Sala luego de que el Tribunal B de Mayor Riesgo ordenó un juicio a puerta cerrada por tratarse de un debate “especial”, solo para la imposición de medidas de seguridad, ya que Ríos Montt fue declarado interdicto en julio de 2015.
Pese a esta resolución, La Hora pudo constatar que esta mañana fueron desalojados los observadores nacionales e internaciones del juicio, por órdenes del tribunal.
ACUSACIONES
El MP acusa a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez por ejecutar acciones militares de exterminio contra la población del Triángulo Ixil, en Quiché, durante los 17 meses de su gobierno de facto.
Según la fiscalía, durante el régimen de facto de Ríos Montt, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, más de 600 aldeas fueron arrasadas y se registró la muerte de 1 mil 771 miembros de la etnia ixil, equivalente al 33.61 por ciento de la población.
