Con la cabeza sobre el agua para sobrevivir por tanto escándalo, Guatemala pasará por momentos clave a partir de mañana cuando el Congreso de la República conozca el dictamen de la Comisión de Finanzas para la readecuación presupuestaria que, entre varias instituciones, incluye al Ministerio Público para cubrirle los 490 millones de quetzales que están poniendo en riesgo su capacidad operativa para el último tercio del año.
Y es que resulta clave porque tenemos que recordar que todas las bancadas de peso en el Legislativo tienen alguna cola muy bien machucada porque los dueños de su partido de alguna manera están o podrían estar involucrados en las investigaciones que el ente está llevando a cabo y eso hace ridículo que la independencia de una instancia tan importante como la Fiscalía General dependa financieramente del chantaje político de los expertos en hacer mañoserías.
A pesar de haber sido electos y considerarse “representantes”, seguramente no hay un solo guatemalteco con dos dedos de frente que estuviera dispuesto a colocar su futuro en manos de esa clase política tan desprestigiada por sus propias maneras corruptas, descaradas e irrespetuosas hacia la población.
Por eso es que nos preocupa que sean los partidos dominados por quienes nos han gobernado y nos gobiernan actualmente, responsables del descalabro institucional, los que tengan que aprobar o chantajear con la aprobación de recursos que garantizarían que la investigación penal en el país pueda realizarse, al menos, con los recursos presupuestados.
Guatemala ha pasado por momentos importantes que nos han demostrado que con principios, determinación y utilización de la ley como castigo para los abusadores, podríamos empezar a establecer sistemas que obliguen a quienes administran los recursos del Estado a ser servidores públicos y no solo guardianes de los intereses de los empresarios que les pagan sus campañas.
Pero para ello tenemos que seguir estando atentos, porque no creemos que ni los diputados, ni los magistrados, los políticos ni mucho menos los titiriteros que han manejado el sistema a su antojo, vayan a estar dispuestos a aflojar su control para que la institucionalidad en el país se fortalezca.
La población está harta de un Estado en que la corrupción, extorsión, el crimen organizado, uso del poder para enriquecimiento ilícito y el abandono a los ciudadanos parece la norma de quienes tienen no solo la administración pública sino el destino económico. Y este congreso, si algo ha logrado, es ser representante de todas esas terribles características que nos hacen pensar que tendremos que hacer presión para que pase esta readecuación porque el país lo necesita. Hay que estar atentos a qué y cómo negocian los diputados.
