El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI) cerró su primera visita a Guatemala con un mensaje inequívoco: los procesos de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de fiscal general, previstos para 2026, deben ser asumidos por la ciudadanía como una prioridad democrática.
La misión internacional, integrada por la abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo, el penalista peruano José Ugaz y el especialista chileno Jaime Arellano, advirtió que el país atraviesa un momento decisivo, marcado por el riesgo de repetir diseños institucionales capturados y por un clima de miedo que desincentiva a los mejores perfiles.
“Nuestro llamado es a la ciudadanía, este es su proceso, defiéndanlo, aduéñense, recuperen Guatemala”, expresó Delgadillo durante la rueda de prensa de cierre. El Panel subrayó que lo que ocurra en 2026 “va a definir el futuro de la democracia, el Estado de derecho y de las libertades” y que la sociedad debe implicarse para evitar que los procesos de segundo grado —históricamente opacos— vuelvan a cerrarse sobre sí mismos.
UN PAÍS EXPECTANTE Y HERMÉTICO
Durante esta primera visita, el PEI se reunió con decanos, organizaciones sociales, cuerpos diplomáticos, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, Patricia Gámez, representantes de Oacnudh y Copadeh, y con el presidente Bernardo Arévalo. Una parte significativa de los interlocutores, explicaron, transmitió la sensación de que “ya todo está dado”, aunque reconocen una “rendija de esperanza” en la movilización ciudadana y en ciertos liderazgos institucionales.
El Panel coincide en que la elección de magistrados de la CC es el punto crítico del año: “por allí llega o finaliza todo lo político y judicial”, señalaron. En sus encuentros detectaron una preocupación transversal por las tablas de gradación que elaborarán las Comisiones de Postulación, cuyo diseño podría no reflejar las capacidades reales de los aspirantes. También alertaron sobre el retraso en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que presidirá la Comisión de Postulación de fiscal general, un vacío que añade incertidumbre.
A ello se suma la criminalización como factor disuasorio. “La gente que tiene un buen perfil tiene miedo a competir y ser criminalizada”, recogió el Panel tras escuchar a académicos y juristas. El Ministerio Público (MP) dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras —sancionada internacionalmente por 42 naciones— fue mencionado de forma recurrente por sus entrevistados como un actor que ha contribuido al deterioro del clima de garantías.
ES UN PROCESO DE LA CIUDADANÍA
Arellano insistió en que el desafío no es únicamente jurídico, sino cívico. “Hay una preocupación porque haya garantías y libertades para participar. Nuestro llamado es a la ciudadanía y una atención a estos procesos. (…) Y a los jóvenes de Guatemala a participar y presionar legítimamente para que estos procesos sean transparentes”, afirmó.
Asimismo, invitó a que “observen las características de las personas y que cumplan con los perfiles que se requieren y denuncien cuando haya incumplimiento y atrasos en los procesos, denuncien cuando las personas no respondan a la calidad ética que se requiere para los cargos”.
El experto subrayó que la invitación también fue expresada al presidente Arévalo: “El jefe de Estado debería ser el primero en convocar a las mejores personas a postular a ser fiscal general de Estado y magistrado de Corte de Constitucionalidad”.
Delgadillo, por su parte, insistió en que la calidad de estas elecciones repercute directamente en la vida cotidiana: “De esto depende que las mujeres vivan menos violencia, que se haga justicia cuando son víctimas; de esto depende que cuando las comunidades son desalojadas tengan órganos que los puedan defender; de esto depende combatir la delincuencia organizada en el país”.
#AhoraLH | «Nuestro llamado es a la ciudadanía, este su proceso, defiéndanlo, anúdense y recuperen Guatemala», expresó Ana Lorena Delgadillo del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI) que observa el desarrollo del proceso de elección de Fiscal General y Corte de… pic.twitter.com/GKh4TxnF1w
— Diario La Hora (@lahoragt) November 14, 2025
La abogada destacó además el papel emergente de los pueblos indígenas y de los estudiantes: “Me parece que los pueblos indígenas están teniendo una claridad de adueñarse del proceso. Y creo que el hecho de que al frente del Colegio de Abogados esté una persona que da confianza da la esperanza de que las bases puedan cambiar”.
El PEI detecta también un estado emocional extendido: derrotismo anticipado y miedo. Para contrarrestarlo, subraya la necesidad de cohesión social y de una pedagogía cívica sostenida. “Queremos crear consciencia en los guatemaltecos sobre la relevancia de la democracia”, dijeron.
MISIÓN TÉCNICA CON MANDATO AMPLIO
El Panel recordó que su papel no sustituye a ninguna autoridad nacional. Elaborará informes técnicos, emitirá recomendaciones y dará seguimiento a todas las etapas de los procesos, pero sin interferir en competencias constitucionales. Su mandato —financiado por organizaciones internacionales y locales con trayectoria en Estado de derecho, anticorrupción y derechos humanos— incluye tres visitas presenciales y un monitoreo permanente a distancia.
Entre sus tareas se encuentran analizar información pública, evaluar los mecanismos de calificación de méritos, identificar riesgos y buenas prácticas, y publicar informes y pronunciamientos. El objetivo: ofrecer información confiable que permita a la ciudadanía comprender por qué estas decisiones son decisivas para el funcionamiento del sistema democrático.
2026 DEFINIRÁ LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL
El país encara un año crucial. A partir de enero de 2026 se activarán los engranajes para renovar autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la CC, el MP, la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos. Los analistas advierten que no se trata de trámites administrativos: de estas designaciones depende quién valida normas, quién persigue la corrupción, quién arbitra los procesos electorales y quién controla el uso de los recursos públicos.
El TSE, además, ha llegado golpeado: cuatro magistrados titulares siguen suspendidos en un proceso cuestionado y pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la posibilidad de su reinstalación. El proceso universitario, especialmente en la USAC bajo la conducción del rector sancionado Walter Mazariegos, añade otra capa de conflictividad.
En el centro del tablero está el relevo de la fiscal general. El mandato de Porras concluye en mayo de 2026 y la definición de su sucesor será determinante. La misión internacional recuerda que la Fiscalía debe recuperar su papel como garante del interés público y no como un instrumento de persecución selectiva.
La renovación de la CC deberá realizarse el 14 de abril; la del fiscal general, el 13 de mayo. Fechas que, según el Panel, determinarán buena parte del clima democrático de cara a las elecciones de 2027.
El PEI concluyó que Guatemala vive una encrucijada. Los próximos meses serán una prueba sobre la capacidad del país para reconstruir instituciones debilitadas por años de cooptación y conflictos internos. El mensaje central de la misión sintetiza su advertencia y su esperanza: “Este es su proceso. Defiéndanlo, aduéñense, recuperen Guatemala”.
