Este lunes 10 de noviembre se conoció que el convenio entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops por sus siglas en inglés) para la adquisición de medicamentos y por el cual el Ministerio Público (MP) emprendió una investigación contra las autoridades involucradas en suscribirlo, no se encuentra vigente desde el 17 de octubre.
La decisión se conoció luego que este día la Fiscalía de Extinción de Dominio informara a la judicatura que las medidas cautelares dictadas hace dos semanas en contra de los Ministerios de Finanzas y Salud para evitar que realizaran pagos a Unops quedó sin materia, porque ya no está vigente.
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Dicho convenio fue firmado el 30 de abril de 2024 con la finalidad de abastecer medicamentos, insumos y equipo médico al sistema de salud del país y tenía como presupuesto hasta USD 900 millones para la compra de los productos.
Según confirmaron, desde la cartera el pasado 17 de octubre dicho convenio dejó de tener vigencia.
Sin embargo, derivado de las investigaciones que emprendió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se aplicaron medidas cautelares contra el salario del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, mientras que la Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó las cautelares contra los ministerios a la espera de recibir la convalidación del juzgado.
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Asimismo, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, indicó que el pasado 30 de octubre fueron notificados de la decisión tomada entre el Ministerio y Andrea Calvaruso, director de UNOPS, de poner fin al convenio, sin embargo, asegura que se presentó un cronograma donde asegura que a partir de este 10 de noviembre, se inicia el análisis para la suscripción de dos nuevos convenios.
El primero de estos, denominado «Adquisición de medicamentos de alto costo» y el segundo «adquisición de equipo médico para la red nacional de salud», con un costo menor que el anterior convenio.
Curruchiche afirma que aunque el convenio haya sido cancelado, «la responsabilidad penal permanece», por lo que continuaran el proceso en contra de las autoridades que suscribieron el convenio en 2024.
