La inversión extranjera en Guatemala enfrenta varios desafíos, según un reciente informe de los Estados Unidos, donde se señala a la Fiscal General, María Consuelo Porras, de obstaculizar investigaciones anticorrupción en las contrataciones públicas.
En septiembre, el Departamento de Estados de EE. UU. publicó el informe Declaración de Clima de Inversión de Guatemala 2025, destacando cuatro desafíos que enfrentan los inversionistas extranjeros en Guatemala.
«A pesar de las medidas para mejorar el clima de inversión en Guatemala, las empresas internacionales que deciden invertir en el país enfrentan importantes desafíos», se lee en el documento del gobierno estadounidense.
El Departamento de Estado de EE. UU. puntualiza que los obstáculos a la inversión incluyen:
- Leyes y regulaciones complejas
- Decisiones judiciales inconsistentes
- Trabas burocráticas
- Corrupción
De esto resalta el capítulo sobre corrupción, donde EE. UU. recuerda que Guatemala cuenta con los instrumentos legales para sancionar el soborno, el cual está tipificado en el Código Penal, pero el Ministerio Público de Consuelo Porras investiga poco.
«El soborno es ilegal, según el Código Penal de Guatemala», puntualizó EE. UU., recordando que Guatemala apenas obtuvo 25 de 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional.
«La ley prevé sanciones penales para la corrupción oficial, pero el Ministerio Público (MP) procesó muy pocos casos de corrupción gubernamental», sostiene Estados Unidos.
En el referido informe se expone que «los inversionistas denuncian la corrupción generalizada en la contratación pública, incluyendo solicitudes de pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos.»
SIN ARRESTOS POR EL CASO B410
Estados Unidos recordó que en 2019, el entonces presidente Jimmy Morales disolvió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) indicando que «las medidas posteriores de la Fiscal General Consuelo Porras han obstaculizado y desbaratado la labor de las investigaciones anticorrupción».
En ese sentido, citó casos como el escándalo de sobornos de la empresa Odebrecht, lo cual estima que «ha planteado riesgos adicionales para posibles nuevos inversores».
Asimismo, citó el caso B410 denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2024 cuando reveló el descubrimiento de una trama de fraude fiscal en la que una red de 410 empresas con contratos gubernamentales intentó evadir vientos de millones de quetzales en impuestos entre 2021 y 2023.
«Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha realizado arrestos», se remarca en el informe estadounidense.
Además, destacó que la administración del presidente Bernardo Arévalo ha mostrado algunos avances como «la promulgación de un código de ética para los empleados públicos, el establecimiento de unidades de probidad en varios ministerios y la promoción de la transparencia mediante la digitalización, pero estos han tenido resultados limitados».
«El gobierno de Estados Unidos sigue abogando por el uso de licitaciones abiertas, justas y transparentes en la contratación pública, así como por procedimientos que cumplan con las obligaciones del CAFTA-DR, lo que permitiría la participación abierta de las empresas estadounidenses», se lee en el documento del Departamento de Estado de EE. UU.
Ante el informe de EE.UU., La Hora pidió una postura al MP, de momento no se ha obtenido una respuesta, al enviarse se incluirá en este espacio.
Caso B410: MP en silencio sobre porque no indagan en posibles autores intelectuales
