La noche del 12 de octubre, el salón de plenos del Palacio de Justicia se sumió en un silencio inusual. Pasadas las 23:45, cuando el reloj del edificio marcaba el límite legal para elegir al presidente del Organismo Judicial (OJ) para el periodo 2025-2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se declaró sin acuerdo, sin siquiera proponer nombres de candidatos para someterlos a votación. Por segunda vez en menos de un año, el vocal I, Carlos Rodimiro Lucero Paz, asumió la presidencia temporal.
El relevo fue, en apariencia, un mero trámite administrativo. Como magistrado vocal primero y ante la falta de un nuevo presidente electo, la ley dispone que él asuma el mando. Pero Lucero no heredó una Corte en calma, sino una institución fracturada y una situación comprometedora: el nombramiento irregular de magistrados suplentes como titulares en las nuevas Salas de Apelación creadas durante la gestión de Teódulo Cifuentes Maldonado, un procedimiento que, según la Constitución y la Ley de la Carrera Judicial, compete exclusivamente al Congreso de la República.
Hoy, Lucero, además de presidir temporalmente la Corte Suprema y el Organismo Judicial, ocupa por ley la presidencia del Consejo de la Carrera Judicial —una facultad añadida tras la reforma de 2022—. Es desde esa posición donde podría enmendar la señalada “ilegalidad” —denunciada por organizaciones— de su antecesor y restablecer el cauce constitucional del proceso; aunque hacerlo también lo podría colocar frente a una compleja trama de intereses judiciales, como un antejuicio vigente en su contra, explicaron a La Hora fuentes con conocimiento del tema, pero que pidieron no ser citadas.
Así tramó Teódulo Cifuentes y aliados el nombramiento de magistrados para cuatro nuevas salas
LAS IRREGULARIDADES
En agosto de este año, el entonces presidente Teódulo Cifuentes impulsó la creación de 20 nuevas Salas de Apelación con el argumento de reducir la mora judicial. La medida, sin embargo, vino acompañada de una decisión controvertida y denunciada por “ilegal”: nombrar directamente a 12 magistrados suplentes como titulares, sin que mediara la notificación al Congreso, como establece la ley.
Los artículos 21 y 23 de la Ley de la Carrera Judicial son claros. El primero establece que “la elección de magistrados titulares de la Corte de Apelaciones corresponde con exclusividad al Congreso de la República”, previa nómina elaborada por una Comisión de Postulación. El segundo detalla que, cuando exista una vacante definitiva, “el Consejo de la Carrera Judicial dará aviso inmediatamente al Congreso de la República, el que elegirá al nuevo magistrado dentro de los quince días siguientes”.
Nada de eso ocurrió. La Corte Suprema, encabezada por Cifuentes, omitió dar aviso al Congreso y resolvió internamente los nombramientos de magistrados titulares, asumiendo una potestad que la ley reserva al Legislativo. La maniobra, que rompió el precedente del Acuerdo 33-2017 —cuando se notificó correctamente al Congreso—, fue denunciada por magistrados disidentes dentro del pleno como un intento del bloque dominante de la Corte Suprema de asegurar control sobre las nuevas salas con jueces afines.
LEYES IGNORADAS Y UNA DENUNCIA
El artículo 217 de la Constitución refuerza esa prohibición. Dispone que los magistrados titulares de las Cortes de Apelaciones “serán electos por el Congreso de la República de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación”. En otras palabras, ningún órgano distinto al Congreso puede otorgar el carácter de titular a un magistrado suplente, pues tal designación excede las competencias de la Corte Suprema.
Ahora, Lucero, como presidente del Consejo de la Carrera Judicial tiene en sus manos la decisión de corregirlo y notificar al Congreso de la República sobre la vacante para las otras 16 Salas de Apelación en las que no han sido nombrados magistrados titulares, pero que el bloque dominante de la Corte Suprema buscaría designar a los togados de la misma forma, resaltaron las fuentes.
El pasado 10 de octubre, un abogado presentó una denuncia penal contra Cifuentes y la magistrada Flor García Villatoro, representante de la CSJ ante el Consejo de la Carrera Judicial, por el delito de abuso de autoridad al no haber informado al Congreso sobre las vacantes, como ordena la ley. La denuncia, en trámite ante el Ministerio Público de María Consuelo Porras, podría ampliarse si el nuevo presidente interino mantiene la omisión.
UN ANTEJUICIO COMO MONEDA DE CAMBIO
Paradójicamente, Lucero también enfrenta un antejuicio en su contra, promovido por un extrabajador de la Corte Suprema que ingresó durante la administración del magistrado Óscar Cruz. Aunque el proceso aún no avanza, lo coloca en una posición vulnerable ante sus colegas del bloque dominante —que controla las decisiones— de la Corte Suprema, destacan las fuentes.
El pasado 23 de septiembre, La Hora reveló en una investigación que el magistrado Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, custodia al menos 34 antejuicios contra funcionarios y jueces de alto perfil. Entre ellos figura el de Lucero.
Cinco fuentes internas de la CSJ confirmaron que Contreras retiene esas solicitudes de retiro de inmunidad con pleno conocimiento del peso político que representan y que podrían usarse para presionar en decisiones. De hecho, el pasado 6 de marzo, el medio Prensa Libre reportó que el antejuicio de Lucero estaba para ser conocido durante ese pleno, pero fue quitado de la agenda por el propio Cifuentes.
CORTE DIVIDIDA
El pleno de la Corte Suprema está marcado por una fractura profunda. De un lado, el bloque dominante, integrado por Cifuentes, Claudia Paredes, Ramiro Contreras, Jenny Alvarado, Clemen Juárez, Gustavo Morales Duarte, Flor García Villatoro y Luis Mauricio Corado. Del otro, el grupo disidente, al que en ocasiones ha coincidido Lucero junto con Estuardo Cárdenas, Flor de María Gálvez y René Girón Palacios.
Las tensiones entre ambos bandos se hicieron evidentes en las últimas sesiones. La revocatoria de la visa estadounidense de la magistrada Claudia Paredes, considerada la favorita para la presidencia y cercana al exdiputado Allan Rodríguez —sancionado por EE. UU.—, debilitó el bloque mayoritario y acentuó el estancamiento interno.
Se queda sin visa Claudia Paredes, cercana al también sancionado Allan Rodríguez
PERFIL DE LUCERO
Lucero, abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos y doctor en Derecho Laboral por la Mariano Gálvez, cuenta con más de tres décadas de trayectoria judicial. Ha integrado salas de apelaciones en Mazatenango y Coatepeque, y la Sala Segunda de Familia.
En 2018, la extinta CICIG y la FECI solicitaron un antejuicio en su contra por presunto cohecho pasivo en un caso vinculado al abogado Sergio López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.
Esta es la segunda vez que el magistrado asume de manera interina la presidencia del OJ. En octubre de 2024, ya había ocupado el cargo por espacio de mes y medio, cuando la CSJ tampoco logró elegir presidente. Aquella vez, fue necesaria una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) para obligar a los magistrados a sesionar de forma continua hasta designar a Teódulo Cifuentes como presidente.
