En medio de un ambiente político cada vez más polarizado, un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo vuelve a poner a prueba la madurez democrática del país. El reciente veto presidencial a una ley aprobada por el Congreso —y la posterior decisión de los diputados de publicarla de todos modos— no solo revela un pulso de poder, sino también la falta de diálogo y negociación entre quienes deberían construir acuerdos en beneficio de la población. Esta es la historia detrás del veto, sus argumentos y las consecuencias que podrían venir.
El problema: El Congreso de la República aprobó el Decreto 7-2005, con el propósito de permitir que los fondos asignados en el presupuesto del año pasado, actualmente en ejecución, pudieran seguir utilizándose el próximo año. El argumento era que, debido al lento sistema de ejecución de los Consejos de Desarrollo, muchas obras no lograrían completarse a tiempo.
Los alcaldes reciben cada año un situado constitucional, es decir, un porcentaje del presupuesto nacional que les corresponde por mandato constitucional. Sin embargo, para mantener su alianza con los diputados, el Congreso aprobó aportes extraordinarios a las municipalidades a través de los Consejos de Desarrollo. En la práctica, cada diputado decide en qué municipio se invertirán esos fondos, elige junto al alcalde la obra y la tramita ante Segeplan y la Gobernación Departamental.
¿Qué pasó? Como explicó la diputada Victoria Palala, subjefa del bloque Semilla, en el reciente episodio de Roberto Alejos-Podcast, el presidente había propuesto una ley consensuada, pues coincidía en que los fondos no debían regresar al fondo común. Sin embargo, los diputados se adelantaron y aprobaron su propia versión.
Para el presidente de la República, la ley aprobada es inconstitucional, además porque los diputados omitieron los aportes ordinarios y solo incluyeron los aportes extraordinarios que ellos manejan. Y, porque dejaron la posibilidad de ejecutar las obras sin límite de tiempo, lo que abre la puerta a un mal precedente.
El presidente vetó la ley y la devolvió al Congreso. Pero los diputados alegaron que el acuerdo gubernativo que autorizaba el veto fue publicado el último día del plazo de 15 días sin fecha de entrada en vigencia, lo que —según ellos— hacía el veto extemporáneo. De inmediato surgieron acusaciones de incompetencia contra los abogados del Ejecutivo, señalando que el veto era un “copy-paste” del anterior y que había sido mal redactado.
Sin embargo, juristas y el propio Gobierno explicaron —como también se comenta en el podcast— que dicho acuerdo no requería publicación en el Diario Oficial ni fecha de vigencia, ya que su alcance era únicamente interno: autorizar al presidente a vetar una ley con el aval de su gabinete, conforme lo establece la legislación.
NO SE VALE que ante la astucia de la oposición y los bien presentados argumentos de quien se ha convertido en su vocero, el Diputado Álvaro Arzú Escobar, el Congreso decidió publicar la ley, alegando que el veto fue presentado fuera de tiempo. Ante ello, el Gobierno interpondrá un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y aunque la Corte no lo otorgue, es probable que distintos sectores planteen acciones de inconstitucionalidad. Una vez más, el conflicto político terminará en los tribunales… y luego nos quejamos de su “injerencia”.
YA ES HORA de que entendamos que el diálogo y la negociación deben prevalecer. Se pudo llegar a un acuerdo desde el inicio, después del veto, o incluso ahora: una nueva ley que incluya tanto los intereses de los diputados —mantener los fondos para los alcaldes y permitir su ejecución más allá de este año— como los del presidente —incluir los aportes ordinarios y fijar un plazo razonable—. Lo contrario fomenta la ineficiencia y retrasa el desarrollo local.
Como dice el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria: “La democracia empieza con diálogo.” Aquí lo repetimos hasta el cansancio: todo se resuelve conversando, incluso —como concluimos en el podcast— con una tacita de café.
Nos debe doler la falta de diálogo de negociación y de entendimiento entre los líderes, sin importar la ideología, porque sus consecuencias nos afectan a todos. Que ese dolor sea el motor para actuar, involucrarnos, exigir y construir juntos un rumbo distinto. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
