Presidencia continúa en análisis de ley de Codedes al estar «en tiempo en cuanto a plazos»

Pasado una semana hábil desde que fue entregado al organismo Ejecutivo el decreto 07-2025, el mismo sigue en análisis para determinar su sanción o veto; la espera para la decisión ha causado diferentes polémicas al no poseer una postura ante peticiones por parte de diferentes sectores del país.

Ante las diferentes consultas realizadas tanto al presidente Bernardo Arévalo, así como a la Secretaría de Comunicación Social, estos han indicado que poseen 15 días hábiles desde su entrega para poder tomar una decisión, realizando estudios y análisis para tomar una decisión.

«El plazo vence el 6 de octubre y estamos en la fase de análisis», «este análisis continúa, se está en tiempo en cuanto a plazos», «al tener un resultado se socializará», son algunas de las respuestas que ha presentado funcionarios del gobierno en torno a los avances.

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Según se explica, la justificación para la decisión a tomar se mantiene en espera ante posibles inconstitucionalidades que «potencialmente» puede poseer el articulado —mismo con solo cuatro artículos— mismas que han generado preocupación en Arévalo.

El decreto fue aprobado el pasado 2 de septiembre en el Congreso de la República con 108 votos, de urgencia nacional, como Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), en la que se ordena que los Codedes desembolsen la totalidad de recursos a las municipalidades en un máximo de 15 días hábiles tras la firma de convenios.

En ocasiones previas, Arévalo ha expresado que el análisis de este decreto es necesario, especialmente en el tema del traslado inmediato a los Consejos de Desarrollo de fondos no ejecutados a una Cuenta Única del Tesoro y permanezcan disponibles para continuar procesos de ejecución y pago de obras durante dos años.

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PETICIONES DE VETO Y SANCIÓN

Arévalo ha sido objeto de diversas peticiones para la toma de decisión ante el decreto, siendo los primeros en pronunciarse al respecto las cámaras de industria, así como analistas, que señalaron que este decreto puede ser una «carta blanca» para la corrupción.

La Cámara de Comercio advirtió que el decreto abre la puerta a la creación de fondos públicos paralelos al permitir el arrastre de recursos de un año a otro sin el control político del Congreso, lo que debilitaría la transparencia y la institucionalidad.

En la misma línea, el CACIF señaló que la norma viola el principio de anualidad presupuestaria y otorga atribuciones al Minfin que corresponden únicamente al Legislativo, lo que a su juicio implica un retroceso en el control democrático.

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Por otra parte, se han visto actores que buscan la sanción del decreto, como el alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero.

Entre las acciones que este ha tomado se encuentra la reciente caminata para la entrega de 305 cartas dirigidas al presidente Bernardo Arévalo, donde cada integrante le hacía de conocimiento sus argumentos para la sanción del decreto.

El grupo buscaba hacer entrega con el objeto de tener una audiencia con el presidente, y sin un afán de «pelear», sino en busca del consenso para la aprobación de la legislación, de acuerdo con las declaraciones del jefe edil.

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