@BermejoGt
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Recientemente fue noticia que la administración Trump adquirió una participación aproximadamente del 10% de las acciones en circulación de la empresa Intel. La participación fue financiada a través de los subsidios previamente otorgados, pero no desembolsados, por el monto de $5.7 millardos que el gobierno había destinado a dicha empresa bajo el U.S. CHIPS and Science Act para la manufactura de chips, así como con $3.2 millardos otorgados a la empresa bajo el programa denominado “Secure Enclave program” del Departamento de Defensa. La inversión total en Intel por el gobierno es de $11.1 millardos.
La decisión ha sido analizada y comentada recientemente porque marca un considerable cambio de la política estadounidense frente a lo que se denomina el “capitalismo estatal”. EE. UU. siempre se ha caracterizado por tener una política de libre mercado y el libre funcionamiento de los mercados de capital sin intromisión en las decisiones de inversión de las empresas, más allá de proveer incentivos fiscales y de otro tipo para inversiones estratégicas. De hecho la postura estadounidense ha sido crítica del sistema de empresas estatales que ha sido parte integral de la política industrial de países como China. Entonces la posición del gobierno de EE. UU. de “capitalizar” incentivos que no estaban destinados para serlo, sino para incentivar la producción de bienes estratégicos puede ser objeto de bastante escrutinio y trae a la palestra la idea que ha sido propugnada por la administración Trump de crear un “fondo soberano de inversión”. De hecho Howard Lutnick, el actual Secretario del Comercio de EE. UU., ha manifestado que se analiza usar los incentivos fiscales para tomar participación en otras industrias que los obtengan. Incluso mencionaba que empresas como Lockheed Martin, un importante contratista de defensa que obtiene un alto porcentaje de sus ventas del Departamento de Defensa, podían ser objeto de la nueva estrategia para obtener participación accionaria para compensar las grandes cantidades de compras que hace el gobierno de ella (el 97% de sus ventas). Ha mencionado que igualmente se analizaría obtener participaciones estatales en las entidades que reciban subsidios o entrega de fondos para investigación.
Anteriormente he propugnado para el caso de Guatemala el modelo de los fondos soberanos de inversión. Este modelo consiste en que los países crean entidades mercantiles de propósito especial, que invierten en activos financieros (mayormente) provenientes de las ganancias de la exportación de productos como petróleo, gas o de fondos de pensiones de los gobiernos, o sus reservas internacionales. Por ejemplo, Noruega tiene dos fondos de pensión, uno para invertir a nivel internacional los excedentes derivados de la venta de petróleo de Statoil (su empresa nacional petrolera), el Fondo de Pensiones Global, y otro, el Fondo de Pensiones Noruego, para que invierta en empresas en territorio noruego, particularmente en la Bolsa de Oslo. A la fecha el Fondo de Pensiones Global es uno de los inversionistas institucionales más grandes del mundo al tener activos por más de un billón de dólares de los Estados Unidos de América (USD$1 trillion). Como Noruega otros países productores de petróleo tienen sus fondos soberanos como el Abu Dhabi Investment Authority, el Kuwaiti Investment Authority, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el Fondo de Riqueza Ruso de la Federación Rusa. No obstante, existen otros países que tienen fondos de inversión de las pensiones gubernamentales e incluso otros que tienen fondos soberanos no relacionados con petróleo o de minería (como Chile) y otros, como Filipinas, que en 2023 creó su fondo para financiar industrias estratégicas para crear ingresos para su fondo de pensiones.
Anteriormente, he analizado que quizá el ejemplo más atinente para Guatemala porque no produce hidrocarburos es Temasek Holdings y la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur (GIC). La GIC maneja las reservas internacionales del país y Temasek inició como una empresa que el Ministerio de Finanzas creó para administrar en la década de 1970 diversos activos relacionados con puertos, astilleros y otras empresas estatales vinculadas a infraestructuras. GIC maneja ahora mismo $453.20 millardos y Temasek otros $375.38 millardos y son de los inversionistas soberanos más grandes que existen. Temasek tiene rating AAA de Standard & Poor´s. Singapur hace 60 años era relativamente pobre aunque tuviera importancia estratégica en el comercio global y supo aprovechar las oportunidades y por medio de una buena gobernanza de sus fondos soberanos ha logrado invertir en industrias estratégicas en beneficio del desarrollo del país.
Ahora bien, considerando esta experiencia, ¿por qué pudieren criticarse los planes del gobierno de Trump en esta materia? Pues en primer lugar, la mayoría de fondos soberanos de inversión administran las ganancias de industrias estratégicas de los países con el objetivo de ser invertidos en futuros pagos de pensiones o en crear riqueza para futuras generaciones, unos por medio de inversión de las ganancias de recursos naturales (Noruega, Abu Dhabi y otros) mientras que otros activos estratégicos (Singapur). Son administrados por gobiernos corporativos independientes de la administración del Estado, es decir, se manejan profesionalmente, y por último, no precisamente se enfocan en la “inversión nacional” sino en la “inversión estratégica” en empresas e inversiones rentables alrededor del mundo. En cambio, la administración Trump no está financiando estas inversiones con los excedentes de ganancias de industrias que explotan sus recursos naturales con el fin de obtener mayores rendimientos en los mercados nacionales, sino lo que está es “cobrando” el valor los subsidios estatales y las ayudas estratégicas que el Estado estadounidense ha provisto a industrias enteras que ha considerado estratégicas e, incluso, como en el caso de Lockheed Martin, buscarían capitalizar por ser un proveedor estratégico del Estado en materia de defensa.
Lo expuesto anteriormente hace pensar a los analistas que esta estrategia de la administración Trump no está pensada para ser una forma en potenciar los réditos de la riqueza estatal sino en una forma adicional en la que la administración de EE. UU. está tratando de ganar poder político para guiar decisiones empresariales. Algunos críticos, señalan que no se tiene una estrategia clara y que el gobierno está politizando programas de incentivo fiscal que pueden resultar en decisiones políticas con costo alto para el fisco y el ascenso de un “capitalismo de amiguetes” que ha hecho tanto daño a otros países cuando ha sido aplicado. Por ahora, el gobierno de Trump ha indicado que su inversión será “pasiva”, pero la estrategia en el futuro deja abierta la puerta a que se politicen las juntas directivas empresariales. Eso puede llevar a politizar las estrategias empresariales para llevar a cabo agendas políticas, en lugar de que el cálculo económico y los principios de buena administración primen en las decisiones de inversión de empresas privadas el cual ha sido el principio fundamental del capitalismo estadounidense. Pronto veremos sus resultados.
