Desde los primeros intentos por alcanzar la paz, fueron los Países Amigos quienes dieron el apoyo logístico y la viabilidad con aval político para que se sentaran a dialogar en la misma mesa los enemigos enfrentados por la guerra.
Fueron esos mismos países los que, generando malestar entre quienes mantienen el status quo, han mencionado que no solo es de decir “sigamos adelante” sin voltear a ver que las grandes razones del dolor, la injusticia, el abandono de los ciudadanos, siguen allí más ahora que cuándo inició el conflicto.
Y estos mismos representantes fueron los que, de shutes según algunos, nos han apoyado con la idea de una comisión internacional que nos podría ayudar a enderezar el rumbo para que en lugar de impunidad haya justicia.
Fue así como se le pide a Naciones Unidas que con su estructura se haga el pilar de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que, con luces y sombras, ha venido a tener que nadar en el mar de porquería en que muchos guatemaltecos se han acostumbrado a desarrollar su vida.
Y ahora que hay evidencia clara de los alcances que las redes del poder paralelo tienen dentro de las estructuras del Estado, es como que fuera a terminarse el reloj en un evento deportivo y “no dará tiempo” de hacer los cambios para los que tanto se ha trabajado y sacrificado.
El presidente Pérez Molina dijo ayer que se hizo un gran esfuerzo ante la ONU para que solo una vez más fuera aprobado el mandato de la CICIG. Esperamos a ver qué responden esos países amigos para ver si hay aún interés por apostarle a Guatemala en la lucha contra la impunidad. El gobierno no puede cerrar la puerta, sobre todo ahora cuando aparece la punta de un escandaloso iceberg que no los salpica sino los baña, a menos que quieran que se piense que no desean que la investigación avance o que puedan surgir nuevos casos tanto o más escandalosos que el presente. Ninguna institución nacional pudo entrarle a presidios más que matando presos y ahora se nos demuestra que con la ley en la mano, se puede avanzar.