Luis Fernández Molina
Los frescos vientos que agitaron las conciencias ciudadanas en el 2015 presagiaban una alborada luminosa en la vida política de nuestro país. Se vislumbraban cambios fundamentales, pero pocos resultados se han visto. La legislación electoral, la reforma del Organismo Judicial, las reformas a la Ley de Amparo siguen en el laberinto de Cnosos y nadie encuentra el cordel de Ariadna. Entre muchas otras propuestas estaban los procesos de selección de magistrados y altos funcionarios, complementando la iniciativa de 2009 que se tradujo en la Ley de Comisiones de Postulación. Esa normativa es necesaria ahora que viene una elección, acaso la más importante después de los comicios generales y los resultados que anticipan no son halagüeños.
A pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones, tanques de pensamientos, académicos, etc. no se logró una mejora real en el proceso de selección de estos puestos tan importantes. Es un sentido la de la Corte de Constitucionalidad más importante que el Presidente de la República, porque en este tinglado jurídico hasta este último debe ajustarse a lo que aquella Corte resuelva. Es excesivo el poder que tiene (tema de otra ocasión) que puede decidir –a guisa de ejemplo– si proceden las reformas a la Ley Electoral, si alguien va a juicio o no, si el período del Fiscal termina ahora o en un año, si ocupan curul algunos diputados electos o bien si se construye el Museo Mundo Maya, si es procedente el pago de la indemnización a un trabajador, o si el ocupante debe abandonar el inmueble, si la pensión alimenticia es correcta, etc.
Abogados y notarios hay más de 24 mil. Sí, leyó bien, de los cuales estarán activos unos 22 mil. Con un universo tan extendido no se entiende que optan a estos puestos casi los mismos. ¿Acaso no hay muchos juristas de altura? ¡Claro que los hay! Sin importar la universidad, muchos jóvenes se proponen tesoneramente escudriñar la ciencia jurídica a fondo y varias casas de estudios han apostado por la excelencia académica. Ahora bien ¿Dónde están esos juristas ahora que la patria los necesita?
En adición al poder (desmedido como arriba indico) que tiene un magistrado de la CC, el solo ascenso conlleva una gran distinción, un acreditamiento personal. También una remuneración sustancial, más de Q75 mil mensuales (que casi ninguno podrá producir con su profesión). Además de otros incentivos. A ello se agrega la actuación bien intencionada –que no descarto– por “hacer patria”. Con todo ello ¿por qué no se presentan más expedientes?
Al leer los listados surge la primera decepción por ver tan pocos aspirantes. Hay, claro está, varios candidatos que sí llenan los requisitos (cada uno sabe que a él o ella me refiero) pero son muy pocos; en general los postulantes son conocidos por haber ocupado puestos o por anteriores convocatorias. Están en su pleno derecho. Ese no es mi punto, lo que quiero destacar es la apatía de la gran mayoría. Quiero determinar la razón por la cual muchos juristas probos y conocedores, que juraron la defensa del derecho, no presentaron papelería.
La respuesta viene de inmediato: porque conocen las interioridades de estos procesos. Saben que las reformas han sido cosméticas y no hay cambios de fondo. Por lo mismo no se animan a presentarse por riesgo de caer como ignorantes y/o ingenuos y, en todo caso, para servir de relleno al proceso. Ese es un filtro invisible pero real que detiene a muchos buenos juristas de participar. (Continuará).
PD. Ojo con aplicar las preferencias que indica la Ley de Amparo a la hora de la selección.
