
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó el jueves 3 de julio a Melvin Quijivix, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en lo que se convierte en la primera detención de un funcionario muy cercano a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, y por lo tanto del expresidente Alejandro Giammattei.
Detenciones en la frontera han disminuido en 88%: 76 mil menos en 2025 vrs 2024
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 7, 2025
Si bien, Quijivix se forjó una carrera en el mundo de la generación de energía, siendo asesor en el INDE, el Ministerio de Energía y Minas y en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, fue en 2021 cuando llegó a aquella institución, apadrinado por Giammattei desde lo que ha sido denunciado como una «plaza fantasma» en la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Previo a asumir fue parte del Centro de Gobierno que dirigía Miguel Martínez.
Entre 2021 y 2023, con Quijivix al frente del INDE, el Consejo Directivo aprobó una serie de contrataciones millonarias que, según denuncias que presentaron el año pasado las actuales autoridades de gobierno, estuvieron plagadas de irregularidades.
El mismo CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras), que tiene una silla en el Consejo, denunció a principios de este año, públicamente, irregularidades en al menos una contratación, la de un proyecto fotovoltaico en Escuintla.
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CONTRATOS
De acuerdo con lo informado por el MP, la detención de Quijivix es por lavado de dinero, se presume que tiene que ver con su gestión al frente del INDE. Se conoció que el caso fue declarado en reserva.
La Hora hizo un recuento de los contratos que fueron autorizados por el Consejo Directivo del INDE, cuando era presidido por Quijivix, y que fueron objeto de una denuncia penal en julio del 2024.
Un comunicado del Ministerio de Energía y Minas dice que se detectaron inconsistencias en los procesos de adjudicación, cero avances en la ejecución y mal uso de recursos del Estado en los siguientes procesos de contratación:
- Proyecto de Repotenciación Santa María, en Zunil, Quetzaltenango, por Q196.1 millones, adjudicado a la empresa Alfaconstructores. No presenta avance físico ni financiero.
- Proyecto fotovoltaico en Alta Verapaz, por Q66.9 millones, adjudicado a Servicios de Ingeniería, Asesoría y Construcción, S. A. No presenta avance físico ni financiero.
- Proyecto fotovoltaico Guacalate, en Escuintla, por Q116.9 millones, adjudicado a Constructora Ochoa López. Se entregó un anticipo de Q9.4 millones y no hay avance físico.
- Proyecto fotovoltaico en la sede central del INDE, por Q7.7 millones, adjudicado a Construvisión. Se entregó Q1.2 millones en anticipos.
- Proyecto de suministro Chixoy, por Q6.6 millones, adjudicado a Construvisión. No presenta avance físico ni financiero.
- Proyecto Jurún Marinalá, por Q3.7 millones, adjudicado a Construvisión. No presenta avance físico ni financiero.
- Construcción subestación en Melchor de Mencos, Petén, por Q220 millones, adjudicado a Tecnisol.
- Proyecto de electrificación rural, por Q110 millones.
- Proyecto ampliación subestación eléctrica en Huehuetenango, Q26 millones, adjudicado a Marsa Inversiones, de los cuales se dio anticipo de Q3.6 millones.
Cómo la corrupción del Estado es protegida por ciertos actores desde el Estado
DETALLES
Diversas fuentes contaron a La Hora algunos detalles de cómo se fraguaron los procesos —considerados fraudulentos— dentro del INDE, durante la era Quijivix.
Por ejemplo, el que las empresas que regularmente contrata el INDE son constructoras, pero deben ser especializadas y contar, incluso con aprobaciones internacionales, pero varias de las compañías adjudicadas consiguieron avales de firmas reconocidas a nivel mundial para lograr ganar los concursos, pero una vez contratadas resultó que los bienes entregados los hicieron con materiales y fabricantes guatemaltecos.
Las fuentes dijeron que se constató con al menos una de las empresas internacionales y les confirmaron que en algún momento tuvieron contacto con las firmas guatemaltecas, pero que ya no tenían ningún vínculo después de que estas incumplieron varios acuerdos.
Una de las empresas que habría incurrido en esta práctica, señalaron, fue Construvisión que obtuvo al menos tres proyectos millonarios con el INDE. Las fuentes añadieron que la institución cuenta con evidencias documentales de esta práctica.

Además, revelaron que algunas de las empresas señaladas acreditaron su supuesta experiencia con documentos aparentemente falsos, también con el objetivo de ganar las adjudicaciones, pero las compañías a las que supuestamente les habían prestado servicios se encargaron de desmentirlas con una simple solicitud de información.
«Por ejemplo, dijeron que habían trabajado para grandes azucareras, pero estas empresas respondieron que no los conocen que nunca habían negociado con ellos. Así fue la constante», subrayó una de las fuentes, quien dijo que en total se decretó el incumplimiento de 31 contratos y se busca la ejecución de fianzas para recuperar Q67 millones.
Las fuentes también hablaron de un contrato que fue dado por finalizado: el proyecto fotovoltaico Guacalate, puesto que el propietario de la empresa, Constructora Ochoa López, es uno de lo que más ha protestado en contra de la terminación de dicho contrato.
Incluso, representantes de esta llegaron al Congreso, por invitación del diputado José Inés Castillo, jefe de bloque de la UNE, como parte de las «constructoras afectadas» con la medida tomada por las nuevas autoridades del INDE.
La fuentes dijeron que, en enero de 2024, esta empresa solicitó una prórroga del contrato aduciendo que la Municipalidad de Escuintla se había tardado seis meses en autorizar la licencia de construcción; sin embargo, el equipo que investigó el proceso constató que la comuna se tardó solo 10 días para dar la orden de pago, pero fue la empresa la que se retrasó en hacerlo efectivo, pese a que ya se le había desembolsado el anticipo.
Estructura de cercano a Miguel Martínez en el INDE operó a través de testaferros, según Curruchiche
Asimismo, también se obtuvo información del proyecto fotovoltaico construido en la sede central del INDE, también a cargo de Construvisión. Las diversas fuentes indicaron que los paneles solares fueron colocados, pero no con las características acordadas en el contrato; además, precisaron que el equipo del Instituto cuenta con pruebas que revelan que el proyecto lo terminó construyendo una empresa distinta a la que fue contratada.
El INDE, agregaron, también contarían con evidencias que demuestran nexos (como socios, representantes legales y direcciones físicas) entre Construvisión, Constructora Ochoa López y Marsa Inversiones, empresas que han facturado millones al Estado, y que habrían participado en los mismos procesos para asegurarse ganar los concursos, lo que revela una posible colusión.
ASESORÍAS
Las fuentes también profundizaron sobre la denuncia por Q8.6 millones pagados en asesorías. Esta red, precisaron, funcionaba para el otorgamiento de contratos por asesorías. En los procesos participaban varios actores que tienen puestos y conexiones entre sí con las diferentes empresas que recibieron adjudicaciones.
Expusieron que todo empezaba con los gerentes de área, quienes creaban las necesidades para justificar las contrataciones. Por los montos, estos contratos no requerían la aprobación del Consejo Directivo.
También revelaron que la esposa de Melvin Quijivix, Nina Patricia Román Rojas, era el contacto entre las empresas y los gerentes de área. Las fuentes aseguraron que de todas estas irregularidades el INDE también cuenta con pruebas documentales.
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CORRUPCIÓN PROTEGIDA
La Hora publicó el pasado 2 de julio el artículo «Cómo la corrupción del Estado es protegida por ciertos actores desde el Estado», en el cual se da a conocer cómo, a consecuencia de la terminación de los contratos, denuncias penales y orden de ejecución de fianzas, ciertos funcionarios se han ensañado en contra de las autoridades del INDE detrás de la investigación.
Puntualmente, los diputados José Inés Castillo y Cristian Álvarez, se han dado a la tarea de cuestionar a las autoridades, el primero porque no se agotaron los procesos administrativos antes de dar por terminados los contratos (pese a las irregularidades manifiestas), lo que ha afectado a las constructoras.
Y el segundo porque se opone a la forma cómo fue elegido el representante sindical ante el Consejo Directivo del INDE, que dejó fuera a quien estuvo en dicha silla por 18 años y que avaló todos los contratos, aparentemente fraudulentos, durante la administración de Quijivix.