Por medio de un vídeo compartido por la filial de Huehuetenango, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, informó que distintas Salas de Apelaciones otorgaron al menos ocho amparos, en los que señalaron temas como la vulneración al derecho a la libre manifestación, sindicalización y asociación.
En el audiovisual, el STEG afirma que cuentan con ocho amparos, ya que tienen el respaldo de las leyes guatemaltecas, pero sobre todo tienen “el respaldo de Dios”, por lo que no se detendrá, ni serán intimidados.
“Con la bendición de la santísima trinidad, las leyes celestiales hoy a nuestro favor, porque siempre es por nuestra fe, nuestros principios, nuestros valores y lo fundamental que nos caracteriza, como hombres y mujeres de bien”, indican en el vídeo.
El STEG agregó que se trata de una lucha entre “el bien y el mal”, en la que son guiados por “ángeles de luz” hasta el final del camino en todo momento.
Al mismo tiempo, indicaron que también tienen el apoyo de las “leyes de tierra”, en una necesidad de proteger la fe, los principios y los valores de la creencia de los buenos guatemaltecos escogidos por Dios.
LOS AMPAROS
De acuerdo al vídeo del STEG, liderado por Joviel Acevedo, se otorgaron ocho amparos a su favor, sin embargo, en algunos de los documentos compartidos no se logra apreciar las razones por las cuales la judicatura resolvió la acción, así como si fueron resueltos en definitiva o provisionalmente, entre otros detalles.
Entre los amparos resueltos figura el de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén, el cual fue interpuesto por Cristobal de Cristobal Pablo Domingo, sindicalista del STEG, en contra de la directora Departamental de Educación, Gloria Catalán, por supuestas vulneraciones al derecho de la defensa, debido proceso, vida, trabajo de asociación, libertad de sindicalización y derecho de manifestación.
De igual forma, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de San Marcos resolvió una acción en contra del director Departamental de Educación, por vulneración a “derechos existentes”, aunque no aborda en detalles.
También, detallaron que la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgó un amparo contra la directora Departamental de Educación, Andrea Estal Ávila, por un supuesto riesgo o amenaza de que, por instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, vulnere el derecho a libre manifestación, sindicalización y asociación.
En una línea similar, se les fue otorgado un amparo por parte de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa, contra el director Departamental de Educación, pero no se brinda mayores detalles en el documento compartido por el STEG.
También, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Sacatepéquez resolvió un amparo contra el director Departamental, por supuesta vulneración al debido proceso, vida, salud, trabajo de asociación, libertad de sindicalización y derecho de manifestación.
La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de Mazatenango resolvió un amparo provisional, pero el vídeo del STEG no es claro en las razones, al igual que con el amparo otorgado por la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Civil de Quetzaltenango, y el de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu.
LAS ACCIONES DEL STEG
El sindicato magisterial realiza distintas acciones para presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para firmar el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, incluyendo dos manifestaciones el 10 de abril y el 12 de mayo.
El 19 de mayo, el STEG convocó a un paro de labores y asambleas permanente, luego inició un campamento en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, en donde permanece desde el pasado 26 de mayo.
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Con el fin de reactivar las actividades educativas, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha interpuesto al menos 10 acciones de amparo, incluyendo una acción resuelta por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, en el que ordenó al STEG levantar la asamblea permanente en un término de 48 bajo apercibimiento de certificar lo conducente al Ministerio Público (MP).
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