“Si el MP lo pide, nos vamos”. Esa fue la respuesta que el infame líder sindical Joviel Acevedo ante los múltiples amparos que le han ordenado al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) desocupar la Plaza de la Constitución y continuar impartiendo clases en las escuelas públicas del país. En otras palabras, expresó públicamente su intención de desobedecer órdenes judiciales.
Esta frase, a mi juicio, resume perfectamente por qué el actual Ministerio Público (MP) es el principal problema del país, y también el error que comete el Ejecutivo al minimizar esta crisis.
Uno de los axiomas del derecho, y de la conducta humana en general, es que, en principio, para que las reglas funcionen, tiene que haber consecuencias por incumplirlas. Por ejemplo, los futbolistas evitan cometer faltas (que podrían darles alguna ventaja) no necesariamente por un compromiso ético o de “fair play”, sino por el simple hecho que una falta puede acarrear una tarjeta roja. La regla funciona porque hay una consecuencia.
Caso contrario, piensen en todas las veces que han visto a alguien pasarse un semáforo en rojo o conducir a exceso de velocidad. Ocurre todos los días, especialmente en las calles sin cámaras ni policías – conductores saben que no hay quién los sancione. Aunque hay una regla clara, esta no funciona porque no hay consecuencias.
Lo mismo ocurre con el MP. Lo que dijo Acevedo sigue esta misma lógica: se siente en total libertad de desobedecer la ley porque sabe que no enfrentará consecuencias. Y, como él, cientos o miles de criminales actúan con la misma tranquilidad.
Jueces de todos los niveles continúan emitiendo resoluciones abiertamente ilegales; funcionarios y empresarios siguen exigiendo y recibiendo sobornos; los netcenter mantienen su acoso y hostigamiento en redes –todos ellos sin miedo alguno, pues saben que pueden romper la ley y que no habrá nadie quien se las aplique.
Del otro lado están periodistas y operadores de justicia honestos que se ven obligados a ignorar casos de corrupción; diputados que temen votar por iniciativas importantes; jueces que prefieren no resolver casos polémicos – todos ellos con un miedo, completamente legítimo, de que hacer lo correcto sólo resultará en una persecución espuria en su contra y completa impunidad para los verdaderos criminales.
La existencia de un MP inoperante y completamente corrompido no sólo aumenta la criminalidad común, sino que también boicotea cualquier esfuerzo de reforma estructural que pretenda el Gobierno. El Mineduc ha dado una batalla loable contra Joivel Acevedo, pero no importa cuántos amparos gane ni cuántas multas imponga: mientras el MP se mantenga de su lado, Joviel podrá seguir destrozando la educación nacional.
Y así con muchos otros casos: los cientos de denuncias presentados por la Comisión Nacional contra la Corrupción son desestimadas o archivadas por el MP; las negociaciones de leyes importantes fracasan cuando los diputados son amenazados con persecución si votan con el oficialismo; personas capaces y honestas rechazan ocupar cargos públicos por temor a quedar en la mira del MP.
Cuando Acevedo dijo “Si el MP lo pide, nos vamos”, dio un amargo recordatorio de la situación actual del país: no importa lo que diga la ley, importa lo que diga el MP.
