La Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- fue creada en 2006 como parte del Acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-.El Ministerio Público y CICIG, acordaron en ese entonces que la FECI investigaría casos seleccionados que fueran relevantes para el país, es decir los crímenes de alto impacto o bien de cuello blanco. Cabe recordar que antes de CICIG existió la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA CUERPOS ILEGALES Y APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD -CICIACS- que en un principio se esperó que trabajara con el Ministerio Público, pero esta iniciativa nunca se concretó, su origen estaba en el “Acuerdo Global de los Derechos Humanos”.
La CICIG tuvo como primer comisionado al español Carlos Castresana, siendo fiscal general Jefe del Ministerio Público, Claudia Paz-González, institución que tuvo el aval de las Naciones Unidas, para hacer frente a los marcados actos de corrupción en todas las instituciones del país. Al renunciar Castresana, quien se radicó en México, quien estuvo imputado de varios ilícitos que logró solventar. La ONU entonces designó como sustituto del español a un abogado costarricense Francisco Dall’Anese, quien ocupó el cargo por poco tiempo, designándose como su sustituto al colombiano Iván Velásquez Gómez, en la gestión como jefe del ente investigador a Thelma Esperanza Aldana Hernández.
Frente de la CICIG Velásquez, inició una agresiva cacería contra la corrupción en todos los entes estatales y privados, haciendo denuncias en los tribunales, imputándoles ilícitas en su gestión, especialmente contra exfuncionarios del extinto Partido Patriota llevando a juicio a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi y Jimmy Morales por actos de corrupción y someterlos a los tribunales del orden penal.
La mayoría de la población apoyó las decisiones de la CICIG y la exfiscal Aldana y sus principales colaboradores Juan Francisco Sandoval Alfaro y las decisiones de jueces como Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán, quienes fueron contestes en las resoluciones de los exfuncionarios corruptos de las relacionadas administraciones, viéndose forzados a abandonar el país, entre ellos Aldana, Sandoval, periodistas y otros.
El exgobernante Morales, en sed de venganza por los actos de corrupción que había descubierto Velásquez, Aldana y otros colaboradores de la CICIG una madrugada del mes de agosto, desaprobó el funcionamiento de la relacionada entidad y Velásquez retornó a su país; el gobierno de Petro, lo designó ministro de la Defensa y posteriormente, embajador ante la Santa Sede. María Consuelo Porras, al frente del MP inició con el auxilio del jefe de la CICIG. Rafael Curruchiche, una cacería contra los que fueron piezas vitales contra la corrupción de los gobiernos pasados, promoviendo acciones penales, contra la ex jefe de esa entidad, Aldana, Sandoval Alfaro, Stuardo Campos y otros, por varios ilícitos en sed de venganza por su trabajo para descubrir a los exfuncionarios corruptos y varios del sector privado.
Causó sorpresa que una cámara de alzada, con clara violación al debido proceso, a petición del jefe de la CICIG. Curruchiche, violando el debido proceso, solicitó la captura internacional de Velásquez y de la fiscal colombiana Camargo Garzón, violando el derecho internacional, en razón que tales funcionarios, gozan de inmunidad internacional y la Interpol no puede aprehenderlos por los beneficios que tienen, no se cumplió con debido proceso y los tratados internacionales que Guatemala es signataria.
A decir de Curruchiche, a los relacionados se les imputan varios delitos que aún no han sido probados: asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y concusión en el caso internacional de acciones ilícitas de Odebrecht. Con los mencionados están imputados otros personajes guatemaltecos y extranjeros. Las reacciones del presidente Petro, de Velásquez, Camargo y los otros sindicados, no se hicieron esperar, y respondieron que las imputaciones que les articulan Porras y Curruchiche y los jueces, son falsas y una venganza clara e irrefutable al desbaratar la corrupción de todos los gobiernos pasados. El secretario general de la ONU Guterrez, salió en defensa de Velásquez, diciendo que se había violado el derecho de defensa y los tratados internacionales. El presidente Arévalo, se unió en beneficio de los incriminados y acusó de falsas y vengativas las sindicaciones e imputaciones de los funcionarios del M.P.
El Ministerio Público y sus colaboradores, quieren limpiarse la imagen que tienen en su gestión y aliarse Porras, con los diputados de la oposición y los sectores privados, que están inconformes con la gestión de Arévalo, sus objetivos han sido y los ha ratificado, terminar con la corrupción que tanto le ha causado al país y al no prosperar las acciones que esa entidad ha emprendido contra varios imputados, será un fracaso más del MP, no hay que olvidar que la jefe del ente investigador, está pagando los favores de Morales y Giammattei, que la nombraron, que en los últimos años, ha tenido desprestigio nacional e internacional. Y se conoce que la jefe de esa entidad, hace acercamientos con los diputados de la oposición, para que se le elija como magistrada de la CC para seguir teniendo privilegios y evitar su captura en mayo próximo, cuando deje el cargo, pero tendrá oposición de los que adversan su gestión en esa desprestigiada entidad, a nivel nacional e internacional y tiene vedada visitar varios países, entre ellos los europeos.
