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“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.
Albert Camus
Diariamente conocemos casos, que nos ilustran como una garantía establecida para proteger a las mujeres, es utilizada con fines muy diferentes pero, adicional se unen otros elementos que dañan al sistema en general, como lo es el uso de la prisión provisional, que no se encuentra legislada en Guatemala, como instrumento de tortura para que las personas se encuentren en la cárcel sin sentencia alguna por meses y años.
La misma Constitución establece con relación a la detención de los ciudadanos, que “Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad”. ¿Cómo nos explicamos que una persona permanezca detenida meses y años sin haber sido oído y vencido en juicio, estando para su realidad condenado sin que nadie emitiera condena alguna? Una gran cantidad de personas se encuentran cumpliendo una sentencia imaginaria para la colectividad, pero real para quien se encuentra privado de libertad, y lo que es peor, esto sucede más veces de las que creemos, y muchísimas más de las que sabemos, además todo este tiempo quedan sujetos a las decisiones del MP y sus veleidades, en cuanto a su propio proceso.
He sido testigo de la utilización del sistema de justicia para obtener resultados que rayan muchas veces en lo ilegal, el grueso de la sociedad se entera por medio de las redes sociales más que de los medios de comunicación tradicionales, del mal hacer del sistema de injusticia que impera en nuestro país, que ha convertido en herramienta de castigo el conjunto de normas que fueron creadas para proteger a la sociedad en general.
Cada día observo más cómo las garantías que, con mucho esfuerzo hemos ido conquistando los seres humanos, son utilizadas para obtener victorias pírricas, por medio de artimañas legales, y que dañan la integridad física, emocional y mental de seres humanos que, desafortunadamente caen en las fauces de un sistema que cada vez más se pervierte.
Dentro del engranaje legal, se ha tratado de equilibrar los pesos y contrapesos sociales tutelando a la parte más débil de una relación, pero desafortunadamente esa parte utiliza muchas veces el sistema para criminalizar relaciones de tipo incluso familiar, dentro de este tipo de relaciones nos encontramos la Ley de Femicidio, creada en su momento para la protección de las mujeres que se ven amenazadas por sus parejas, exparejas u otro sujeto.
Desafortunadamente las verdaderas víctimas no se atreven, o no quieres denunciar a su victimario, mientras que otras simulan ser víctimas y utilizan todo el sistema para torcer la ley y conseguir resultados que, dañan a los que se convierten en víctimas de un sistema que no se detiene a investigar la verdad, porque además de los intereses personales, la burocracia se convierte cada día más en un obstáculo, lo que surgió como un instrumento para garantizar la igualdad de las relaciones.
El problema ha aumentado cuando tanto el MP, como los tribunales de justicia han dejado de servir a la sociedad, en el caso del MP, dejan de investigar y se van por la vía rápida aceptando como cierto lo que digan los denunciantes, sin ver el fondo, o si lo ven hacen caso omiso, adicional a esto utilizando dictámenes y exámenes que no son realizados por el Inacif, lo que permite en algunos casos la manipulación de pruebas, adicional la falta de rigor en la investigación.
Por otro lado están los tribunales que, han adoptado la actitud que se trató de evitar con la doctrina que inspiró el proceso penal actual en Guatemala, que se desarrolla a partir de una acusación formal del MP contra un imputado, donde se otorga prioridad a la defensa y a la oralidad del proceso, algo que no se cumple cuando a) no se investiga con la profesionalidad debida, y b) no se le da seguimiento, dejando en total abandono al acusado, podrirse en la cárcel, en total estado de indefensión.
En el caso del sistema de justicia, existe un agravante: la negligencia de los operadores de justicia, que mantienen expedientes con uno, dos, tres o más años, sin haber dictado sentencia.
Un sistema que no responde es disfuncional.
