La importancia del año que viene fue abordada a profundidad en un trabajo de La Hora en el que se afirmó que el año 2026 es más crítico que el 2027, cuando habrá nuevamente elecciones generales en el país. Y es que cuatro instituciones vitales para la democracia se tendrán que conformar con nuevos actores el año próximo, siendo estos la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y, desde luego, el Ministerio Público, donde se deberá nombrar Fiscal General.
El ciudadano guatemalteco ya comprobó que la elección presidencial y del Congreso no tiene la menor importancia si entidades como la Corte de Constitucionalidad no defiende la democracia en el momento electoral más complicado y si el Ministerio Público opera en ese tenebroso marco de la cooptación del Estado que ha hecho tanto daño a los guatemaltecos. La CC, MP, TSE y CGC buscarán ser controlados para asegurar manipulación electoral, por mencionar solo un caso.
El tema de la administración de justicia es pieza clave en cualquier Estado democrático y eso lo entendieron claramente quienes se han dedicado a la corrupción, puesto que vía el control de las Comisiones de Postulación fueron copando las magistraturas del Organismo Judicial, al punto de que hasta a quienes se les prueba que llenaron maletas con millonadas mal habidas, se les deja libres mientras se persigue a los que denuncian los vicios del sistema.
En el Tribunal Supremo Electoral se centran ahora muchos ojos, especialmente de aquellos a los que no les gustó que el TSE decidiera respetar la voluntad popular; para los que realmente dirigen los destinos patrios, es fundamental disponer de una autoridad electoral que, para empezar, no inscriba a candidatos molestos, pero más que eso, que haga lo que el Ministerio Público pretendió en el 2023, cuando secuestraron la papelería electoral para alterarla, sin éxito afortunadamente.
El acoso constante que sufre mucha gente, por denunciar la crisis del sistema de justicia, es la pieza clave de todo el entramado y por ello la vital designación que deberá hacer el Presidente dentro de una lista que elabore la respectiva Comisión de Postulación, será realmente piedra angular de lo que se venga para el país. Y aquí entran en juego entidades como la Corte de Constitucionalidad porque recordemos que cuando los postuladores no incluyeron a Consuelo Porras en la lista final, un “milagroso amparo” presentado ante la CC hizo que se ordenara su inclusión en el listado.
En el 2027 iremos a las urnas, pero con un TSE que inscriba a partidos aliados y cancele a los “peligrosos” la jugada está cantada, no digamos con la facultad que tienen para no inscribir a determinados candidatos, como ya pasó en la elección pasada en la que algunos quedaron fuera, salvándose Arévalo y Semilla porque no les veían el potencial que alcanzaron en las urnas.
De suerte que es obligado que los ciudadanos juguemos un rol activo en la supervisión de esos procesos y que manifestemos nuestro compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, apoyando a los postuladores honestos y denunciando a los mafiosos.
