Brasilia
Agencia dpa
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dio ayer siete días a la presidenta, Dilma Rousseff, para que presente su defensa ante un pedido de impugnación de su mandato basado en sospechas de que su campaña electoral recibió dinero ilícito.
Según informaron medios locales, la notificación fue entregada a la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT).
El vicepresidente de la República, Michel Temer, también fue notificado, pero el martes.
La acción judicial fue impulsada por la oposición el año pasado y se basa en sospechas de que Rousseff y Temer incurrieron en abuso de poder económico y político y que sus campañas electorales de 2014 recibieron recursos desviados de la estatal Petrobras.
Además de esta Acción de Impugnación de Mandato Electivo (Aime), los mandatarios enfrentan otros dos procesos parecidos. Se trata de dos Acciones de Investigación Judicial Electoral (Aijes).
Ambas acciones judiciales presentan diferencias jurídicas, pero al final pueden redundar en un mismo resultado: la anulación de la reelección conquistada en las urnas de octubre de 2014.
Los autores de las acciones, políticos del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), piden además que en caso de que prosperen alguna de ellas, asuman la Presidencia el segundo colocado en la contienda electoral, el socialdemócrata Aécio Neves, y su vice, Aloysio Nunes.
La Justicia electoral puede resolver, en tal sentido, aceptar la petición o llamar a nuevas elecciones.
Los partidos de Rousseff y Temer, Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), respectivamente, así como el PSDB, autor de la acción, también deben realizar sus descargos.
