Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Como lo hemos observado, numerosos ciudadanos y medios de comunicación social han requerido en uso de la Ley de Libre Acceso a la Información, que las entidades del sector público (Congreso de la República, ministerios del Ejecutivo, cortes del Organismo Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Registro General de la Propiedad, municipalidades y dependencias autónomas y semiautónomas) hagan público el número de personas que tienen contratadas en plazas fijas, en asesorías, en personal temporal y en personal de una u otra forma que integren su nómina.
Se debe saber cuál es la preparación, tiempo y razón por la que los empleados han sido contratados, los salarios, bonos y cualquier prestación económica que se les otorga en cada una de las dependencias. La justificación o motivación de ese requerimiento es porque se estima que en los últimos 15 años se ha aumentado injustificadamente la burocracia y, más grave aún, se ha contratado por vinculaciones personales o políticas. Adicionalmente, los sindicatos han explotado la figura del emplazamiento creando inamovilidades injustificadas por años.
También líderes sindicales asociados con profesionales y activistas se han dedicado a negociar e implantar pactos colectivos de condiciones de trabajo totalmente improcedentes, convirtiéndose, a través de dichos pactos, en máquinas de succionar los recursos públicos provenientes de los impuestos. Esas son las razones por las cuales ahora es tan elevado el número de personas que aspiran a ser funcionarios electos; es decir, diputados, alcaldes o miembros de corporaciones municipales, todo lo que les permite un gran enriquecimiento sin cumplir con las obligaciones y horarios que tendrían que cumplir si fueran empleados privados.
Esa situación se ha comprobado al hacerse pública por el presidente del Congreso, diputado Mario Taracena Díaz Sol, la nómina de personal permanente del Organismo Legislativo, sus salarios y sus puestos, que son tan exagerados que ni siquiera el principal sindicato del parlamento se ha atrevido a tratar de justificar los sueldos o el número de personas contratadas, hecho que se presume también existe en los ministerios de Salud, Economía, Educación y otros más.
También se estima que la mayoría de las municipalidades del país, sus alcaldes, los miembros de su corporación municipal y la totalidad del personal se encuentran recibiendo salarios, prestaciones y todo tipo de ventajas que no pueden justificarse.
Por consiguiente, los medios de comunicación social y la población en un elevado número están comprobando este tipo de corrupción que es aún más grande que lo que hasta la fecha el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala han denunciado, todo lo cual obliga a que de forma urgente el Estado dé toda la información que se le requiere al respecto y el Organismo Legislativo dé paso a una nueva Ley de Servicio Público, a una sustancial reforma del Código de Trabajo y también a disposiciones legales para que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y todas y cada una de las dependencias respectivas controlen, fiscalicen que no continúe utilizándose la mayoría de los impuestos en el pago de una burocracia injustificada e innecesaria para el desarrollo del país.
¡Guatemala es primero!
