La confianza depositada en la Asociación Nacional del Auxilio Póstumo del Empleado y Ex-Empleado Público -ANAPEP-, se ha vuelto un calvario para los asociados y beneficiarios, quienes sufren por la falta de cumplimiento de las obligaciones que deberían recibir de los Q60 que les descuenta mes a mes la Dirección de Nóminas del Ministerio de Educación.
Esta entidad civil privada es la encargada de administrar los fondos de los trabajadores públicos, la cual es cuestionada por la falta de pago a los beneficiarios. ¿Qué ocurre con el dinero que les transfiere el Ministerio de Finanzas? La pregunta del millón es: ¿Será que jinetean o no estos fondos?
Por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública del MINFIN, por medio de la resolución SG-UIP 267-2025 se me informó que desde 2022 al 2025 han sido trasladados Q31 millones 010 mil 654 a las cuentas del ANAPEP. Es aquí donde surge la duda porque cuando uno se comunica a esta entidad aseguran que el MINFIN no les ha trasladado los fondos que descuentan a los empleados públicos.
Para salir de dudas, me comuniqué a la ANAPEP para verificar que sucede y el operador que me atendió no me quiso comunicar con directivo alguno, mucho menos proporcionar el nombre de alguno de ellos, lo cual llamó mi atención porque la entidad tiene un convenio firmado con dos ministerios de Estado y reciben fondos públicos provenientes de la nómina estatal.
ANAPEP, nació a la vida en 1990, durante el tiempo de Jorge Serrano Elías. Los fondos, que deberían ser entregados a los jubilados o sus familias, permanecen sin ser distribuidos, generando incertidumbre y descontento. En la investigación que realicé suena, que supuestamente en toda esta “maraña”, están involucrados políticos partidistas y donde hay “polítiqueros” hay trinquete.
La situación exige una respuesta inmediata. El único que ha hecho algo por aclarar esta situación es el diputado Cristian Álvarez del partido CREO. Los jubilados del magisterio merecen que se les respete y se les entreguen cuentas claras.
Es momento que los ministros Anabella Giraca y Jonathan Mencos, pongan un alto a los abusos de ANAPEP, para que actúen transparentemente, porque dinero si han recibido y tienen los fondos en sus cuentas bancarias. Hay un convenio firmado y no es respetado por los directivos que han recibido más de Q31 millones, en los últimos cuatro años, pero si hacemos cuentas de 35 años de funcionamiento, hasta me quedé corto.
El hecho de que la entidad encargada de los fondos del montepío del magisterio haya decidido invertirlos a plazo fijo, sin la autorización de los jubilados o beneficiarios, puede calificarse como una grave falta de transparencia y ética en la gestión financiera.
Los fondos del montepío pertenecen legítimamente a los trabajadores del magisterio y su uso debería estar sujeto a las decisiones o al beneficio directo de los jubilados y beneficiarios. Utilizarlos sin consulta es una falta de respeto hacia los titulares del dinero y constituyen una serie de delitos que el Ministerio Público debería de perseguir.
Aunque invertir a plazo fijo estos más de Q31 millones puede ser una estrategia financiera válida en ciertas circunstancias, hacerlo sin el consentimiento de los jubilados puede ser percibido como una acción unilateral que socava la confianza en la entidad responsable. Este tipo de acciones puede llevar a sospechas de uso indebido o incluso de beneficios personales para los administradores de los fondos, lo que puede ser considerado un acto de negligencia o corrupción.
En el ámbito legal, este hecho podría ser tipificado como un delito que requiere ser investigado. Socialmente, es una traición a la confianza depositada por los jubilados y trabajadores que confiaron en la administración de sus recursos. Algunos de ellos han invertido por más de tres décadas.
Es fundamental que se realicen mecanismos que garanticen la transparencia y participación activa de los jubilados en el manejo de estos fondos y que no quede esta situación en manos de personas que no dan muestras de actuar con cuentas claras. Hasta el momento se conocen más de 107 casos de personas afectadas desde 2020.
Es muy importante que, como lo ha dicho el diputado Álvarez que se modifiqué la Ley de Asociaciones no Lucrativas de ONGs., porque en este momento la normativa tiene muchos vacíos legales que permitan fiscalizar a los directivos de asociaciones que navegan con la bandera de la transparencia, pero que al final afectan a muchas personas que confiaron una inversión que les servirá en el momento que estén jubilados.
La ANAPEP tiene más de 100 trabajadores, lo cual demuestra que no están en la quiebra, sino que tienen el dinero para mantener una planilla onerosa y por lo tanto sus activos deben ser devueltos a los maestros que invirtieron años de servicio para obtener un alivio económico para ellos y sus familias.
Esto no solo afecta su calidad de vida, sino que también pone en duda la transparencia que deben mostrar los ministerios de Finanzas y Educación respectivamente, en la fiscalización del cumplimiento de estos convenios que tiene firmados, porque sino hacen nada caen en la omisión de denuncia.
