El tema del seguro obligatorio para todos los dueños de vehículos, sean autos, buses o motocicletas, es una necesidad que ya estaba prevista en la Ley de Tránsito, pero que las autoridades no habían implementado hasta que, dando la sensación que de la noche a la mañana, se anunció ayer la inmediata vigencia de una reforma al Reglamento de Tránsito en el que se implementa la medida. Nadie puede objetar o cuestionar la necesidad de esa acción, pero se está viendo que la misma no fue tomada luego de un adecuado proceso para no solo informar a la opinión pública de la necesidad y sus efectos, sino también a los mismos proveedores de seguro para que pudieran hacer las previsiones del caso.
Basta recordar lo que pasó con el accidente de bus hace unas semanas, así como la epidemia silenciosa que provocan los accidentes (especialmente de motos y transporte pesado) por la imprudencia de muchos conductores. Colapsan calles, carreteras y hasta hospitales. Hay casos documentados en los que el motorista es el imprudente y encima de todo, hay que pagarle “algo” para evitar seguir perdiendo el tiempo con un proceso inútil.
Pero a pesar de todo lo que había para crear las condiciones y narrativas necesarias en estos tiempos actuales, hoy se nos informó que hasta ayer, tras la publicación de la reforma al Reglamento, las aseguradoras se enteraron de la disposición y habiendo tanta información sobre los enormes costos sociales y personales que tiene la carencia de seguros, no se hizo una adecuada campaña de opinión pública para convencer a los dueños de vehículos sobre la conveniencia de ese seguro obligatorio. Insistimos en que la medida nos parece absolutamente necesaria y hasta urgente, pero se hubiera avanzado mucho más realizando la necesaria sociabilización de la misma para que todos los afectados pudieran entender los beneficios generales que para ellos y el país representa el cambio.
Anualmente el costo de reparaciones de vehículos por percances ocurridos es inmenso, no digamos el costo que tiene en términos de salud la atención de quienes resultan lesionados como consecuencia de los percances, pero si la gente no recibe toda esa información previamente, no entenderá la decisión abrupta de forzar a la adquisición de seguros. Gobernar implica estar en comunicación con la gente y aún las medidas más positivas que puedan tomarse, si no se explican con propiedad y se lanzan sorpresivamente, pueden tener efectos nefastos como los que hoy estamos viendo con la paralización de las vías públicas por manifestaciones de rechazo en varios puntos del país.
Suspender el efecto inmediato que se dio a la medida puede ser un paso para iniciar un serio y profundo proceso de información que permita, además, hablar con las aseguradoras para ver los costos del seguro y buscar mecanismos para que el Estado, al principio, pueda asumirlos, a cambio de la entera formalización del contribuyente y dueño de vehículos, así como la obtención de la respectiva licencia que es otro gran problema. Los fondos pueden tenerse deteniendo muchos despilfarros, entre ellos las medicinas que se adquieren pensando en las mordidas que en las verdaderas necesidades de los pacientes.
Las mejores medidas pueden fracasar si no son adecuadamente expuestas y manejadas, lo que ahora se vuelve obvio por la reacción masiva que apunta a una importante paralización de diversos puntos en el país.
