El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, ha instaurado un nuevo precedente para exonerar a sindicados en casos de corrupción antes de que comparezcan ante un juez, pese a haber permanecido prófugos durante años. Con la venia de la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, dos hermanos del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, lograron revocar su orden de captura y eludir la obligación de rendir una primera declaración sin llegar a discutirlo en audiencia. Todo ello a pedido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
La Hora reveló que la jueza Cruz desestimó el caso contra de Álvaro Sinibaldi, lo que derivó en la suspensión de su audiencia de primera declaración, en la que debía determinarse si enfrentaría un proceso por tres presuntos delitos. Lo mismo ocurrió con otro hermano del exministro, Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, en el caso Construcción y Corrupción. La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, fue quien solicitó las desestimaciones bajo el argumento de que no tener pruebas suficientes.
El primer beneficiado de los Sinibaldi fue el exministro de Comunicaciones y ex candidato a la presidencia del desaparecido Partido Patriota (PP). En abril pasado, la misma jueza le cerró el caso Construcción y Corrupción en donde se le acusó de la posible comisión de los delitos de lavado de dinero en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y asociación ilícita. El exfuncionario fue el único que llegó a la segunda etapa del proceso penal.
EL TERCER BENEFICIADO
Rodrigo Sinibaldi estuvo en calidad de “prófugo” durante siete años, desde que en 2017 la entonces jueza Erika Aifán emitió una orden de captura en su contra por el presunto delito de lavado de dinero u otros activos. Según la FECI, formaba parte de una red de corrupción encabezada por el exministro —su hermano— que habría recaudado sobornos de contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Rodrigo Sinibaldi regresó a Guatemala, donde la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo D, en el piso 14 de la Torre de Tribunales, lo esperaba para rendir su primera declaración. En esta fase, la jueza Abelina Cruz debía determinar si existían suficientes indicios para iniciar un proceso penal en su contra por presunto blanqueo de dinero. Sin embargo, la audiencia nunca llegó.
La fiscal de la FECI, Sofía Castillo, encargada del caso Construcción y Corrupción, solicitó a la jueza Abelina Cruz una audiencia unilateral, que se celebró el viernes 7 de febrero. La diligencia tuvo lugar mientras la atención de la prensa estaba enfocada en la primera vuelta de la elección de nuevas autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Ese día, tanto el MP como el Organismo Judicial concedieron asueto a sus empleados para que pudieran acudir a votar. Pese a ello, la jueza y la fiscal prefirieron resolver el asunto de Rodrigo Sinibaldi. La audiencia se llevó a cabo veinte minutos después de las 10 de la mañana, la hora límite establecida por el MP antes de que su personal se dirigiera a las urnas.
En la audiencia estuvieron presentes la jueza Abelina Cruz, su oficial de audiencias, la fiscal Castillo y su auxiliar, Boniek Alexander Maldonado. Lo primero que solicitó Castillo fue declarar en reserva las actuaciones del caso, petición que la togada concedió. La fiscal argumentó que no disponían del audio de la audiencia de 2017, en la que la antigua FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, solicitó la orden de captura de Rodrigo Sinibaldi junto a otras 33 personas.
Se trata del audio del 11 de julio de 2017, en el que la exjueza Erika Aifán ordenó 34 capturas con base en los indicios y argumentos presentados por la FECI de Juan Francisco Sandoval. La fiscal Castillo afirmó que había solicitado dicho registro al personal del Juzgado de Mayor Riesgo D, pero no se lo proporcionaron.
Ante esa situación, la fiscal que responde a Curruchiche pidió la desestimación parcial de la denuncia a favor de Rodrigo Sinibaldi, argumentando que el MP no podía llevarlo a primera declaración sin pruebas suficientes. La jueza Cruz aceptó la petición y resolvió desestimar parcialmente el caso.
Además, la jueza ordenó al secretario del juzgado informar sobre la ubicación del audio o, en caso de no hallarlo, tomar las medidas legales pertinentes, «ya que la ley exige que las audiencias sean grabadas», resolvió. Asimismo, instruyó identificar a la oficial de trámite que asistió a la exjueza Aifán en aquella diligencia.
El caso contra Rodrigo Sinibaldi se originó a partir de una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) contra su hermano, el exministro, debido a un incremento patrimonial no justificado, según pesquisa, y a raíz de esa alerta, las autoridades abrieron una línea de investigación que posteriormente lo involucró.
Según la presentación oficial del caso, a Alejandro Sinibaldi se le señalaba de liderar una estructura de corrupción que cobraba sobornos a contratistas del Estado a cambio de adjudicarles obras públicas. Sus dos hermanos, Rodrigo y Álvaro, fueron vinculados al proceso junto a decenas de contratistas, colaboradores cercanos y trabajadores del exministro.
PRIMERO FUE ÁLVARO SINIBALDI
Rodrigo no es el único beneficiado con este mismo procedimiento: salir librado antes de llegar a rendir una primera declaración tras pasar años en calidad de “prófugo” con una orden de captura encima. El pasado 3 de diciembre, la jueza Cruz también benefició a su hermano Álvaro Alfonso Sinibaldi con la desestimación de la denuncia por el delito de lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y asociación ilícita.
Un día antes de que la fiscal Castillo solicitara la audiencia de desestimación a favor de Álvaro Sinibaldi, sostuvo una reunión con la jueza Abelina Cruz en el piso 14 de la Torre de Tribunales. Según dijo a La Hora, el 17 de octubre acudió al despacho de la magistrada para discutir la programación de dos audiencias del caso Construcción y Corrupción, ya que «no le habían notificado».
La Ley de la Carrera Judicial, que contempla las «faltas y sanciones» de jueces y magistrados del Organismo Judicial, califica como una «falta gravísima» el «sostener reuniones privadas con una de las partes procesales o sus representantes, sin presencia de la otra parte o demás sujetos procesales que sean requeridos», según el artículo 42.
PGN SE OPONE
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN), dirigida por Julio Saavedra, se opuso a la decisión y presentó un recurso de reposición, argumentando que la FECI y la jueza alteraron las formas del proceso penal. Además, señaló que la audiencia se celebró sin la presencia de la PGN, lo que, según su criterio, vulneró los artículos 3 y 5 del Código Procesal Penal.
Según la PGN, el MP tenía la obligación de cumplir con su deber de investigación y llevar a cabo diligencias recientes y pertinentes, en lugar de excusarse en la falta de pruebas recopiladas por la antigua FECI de Sandoval. Entre las acciones que, a su criterio, debieron realizarse, la Procuraduría enlistó:
- Solicitar información sobre las cuentas bancarias del sindicado.
- Detallar sus ingresos y movimientos bancarios.
- Requerir al Registro Mercantil datos sobre las entidades en las que tiene firmas registradas.
- Obtener del Registro de la Propiedad información sobre los bienes que estuvieron bajo su titularidad.
- Determinar su giro económico y fuentes de ingresos.
- Solicitar un informe de Análisis Criminal del MP.
Sin embargo, la FECI optó por presentar la desestimación de la denuncia, en vez de realizar averiguaciones.
La PGN señaló que la resolución estaba viciada y advirtió a la jueza Cruz que los aspectos enlistados «lejos de motivar la desestimación, obligan al Ministerio Público a cumplir con su función de efectiva investigación».
Por ello, solicitó a Cruz que se revoque la desestimación parcial que eximió a Rodrigo Sinibaldi de comparecer a una audiencia de primera declaración, con el fin de que esta determine si el hermano del exministro debe enfrentar un proceso por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos.
En tendencia:
¿Por qué es difícil conseguir el billete conmemorativo de Q1?
Las "Ubicaciones de Seguridad Cooperativa" - CSL- de EE.UU., una opción ante la fuerza del crimen organizado
El nuevo normal del MP, la FECI y la jueza Abelina Cruz para exonerar a sindicados por corrupción “prófugos”
Constructora pide Q27 millones más para concluir trabajos en el km 11.5 carretera a El Salvador
El choque Trump-Zelenski sacude la geopolítica mientras Europa intenta contener la crisis
