La jueza Abelina Cruz aceptó el pedido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y desestimó una denuncia contra Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro de Comunicaciones del Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi. La decisión se tomó tras tres intentos fallidos por iniciar su audiencia de primera declaración en el caso Construcción y Corrupción fase II, luego de que permaneciera seis años prófugo.
Al igual que a su hermano, la jueza Cruz le otorgó un beneficio a Álvaro Sinibaldi, señalado por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo (recibir sobornos) y asociación ilícita. Sin embargo, el hermano nunca llegó a ser imputado por la FECI; su situación se resolvió en menos de 30 minutos en una audiencia en la que solo participaron la fiscal Elda Sofía Castillo Rivas y la jueza Cruz.
La audiencia exprés se llevó a cabo el 3 de diciembre pasado, luego de que la jueza Cruz recibiera en su despacho a la fiscal Castillo y sostuvieran una reunión privada, pese a que la Ley de la Carrera Judicial prohíbe ese tipo de juntas y califica como una «falta gravísima». La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una queja por este hecho que dio a conocer La Hora y ahora la togada enfrenta un proceso disciplinario.
LOS «SÍ» DE ABELINA
El 13 de agosto de 2018, la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, ordenó la captura de Álvaro Sinibaldi por su presunta implicación en el caso Construcción y Corrupción. Esta trama fue investigada por la antigua FECI, bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según la presentación oficial del caso, a Alejandro Sinibaldi se le señalaba de liderar una estructura de corrupción que cobraba sobornos a contratistas del Estado a cambio de adjudicarles obras públicas. Su hermano, Álvaro Sinibaldi, fue vinculado al proceso junto a decenas de contratistas, colaboradores cercanos y trabajadores del exministro.
De acuerdo con la pesquisa, el exministro de Comunicaciones habría utilizado a su hermano Álvaro Sinibaldi para incrementar su patrimonio y ocultar los fondos con los cuales se adquirieron tres bienes inmuebles ubicados en zonas exclusivas de la ciudad capital. Tras emitirse la orden de captura en su contra, Álvaro Sinibaldi desapareció y permaneció fugitivo durante seis años.
La situación dio un giro dos años después de la renuncia de la jueza Aifán, quien dejó su cargo denunciando persecución política por llevar a la justicia a altos funcionarios y se exilió en Estados Unidos. Con la jueza Cruz al frente, Álvaro Sinibaldi presentó un memorial el 24 de julio de 2024, en el que expresó su interés en comparecer a su audiencia de primera declaración y solicitó la revocación de la orden de captura en su contra.
La jueza Cruz dijo «sí» a sus peticiones: le anuló la orden de aprehensión que pesaba sobre él y le señaló día y hora para presentarse en su juzgado.
La audiencia de primera declaración, en la que se determinaría si Álvaro Sinibaldi sería ligado a proceso por tres delitos, fue programada inicialmente para el 5 de agosto de 2024, pero fue suspendida. Posteriormente, se reprogramó para el 22 del mismo mes, pero tampoco se llevó a cabo. La togada la reprogramó por tercera vez para el 18 de octubre de 2024.
REUNIÓN PREVIO A DECISIÓN CLAVE
Un día antes de la audiencia de Álvaro Sinibaldi, la fiscal a cargo del caso, Sofía Castillo, acudió a una reunión con la jueza en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. Aquel 17 de octubre, Cruz ingresó a su despacho menos de una hora antes de que la fiscal llamara a su puerta y abandonó el edificio poco después de que Castillo saliera.
Tras su salida, La Hora preguntó a la fiscal Castillo el motivo de su visita al despacho de la jueza Cruz. Visiblemente nerviosa, la fiscal confirmó que acudió para hablar sobre dos audiencias programadas en el caso Construcción y Corrupción de Álvaro Sinibaldi y el exembajador Julio Ligorría, ambos señalados en la causa judicial. Según dijo, no le habían notificado de las diligencias.
Castillo confirmó que entró a hablar con la jueza. Cabe destacar que en otros casos, tanto los fiscales del MP, abogados, querellantes adhesivos o acusados verifican si la audiencia está programada por medio de los secretarios u oficiales de los juzgados. Esto sin la necesidad de que el juez a cargo del proceso les dé una reunión en su despacho.
Según la Ley de la Carrera Judicial, que contempla las «faltas y sanciones» de jueces y magistrados del Organismo Judicial, el artículo 42 califica una «falta gravísima» el «sostener reuniones privadas con una de las partes procesales o sus representantes, sin presencia de la otra parte o demás sujetos procesales que sean requeridos».
Tras la publicación de La Hora, la fiscal Castillo denunció al periodista de este medio, Diego España, por el delito de coacción en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Además, la Fiscalía de la Mujer lo investiga por el delito de amenazas tras cuestionar su visita al despacho de la jueza. Dos investigaciones en paralelo por un mismo hecho: entrevistar a la fiscal de la FECI.
LIBRADO A PEDIDO DE FECI
El 18 de octubre, la audiencia fue suspendida por tercera vez. Ese mismo día, la fiscal Castillo solicitó una audiencia unilateral, en la que solo participarían ella y la jueza Cruz. La diligencia se programó para el 3 de diciembre de 2024. La fiscal pidió a la jueza que desestimara el caso contra Álvaro Sinibaldi, a pesar de que su audiencia de primera declaración estaba en puerta.
Cruz dio el tercer «sí». Con ello, desestimó la denuncia contra el hermano del exministro y dejó sin efecto la primera declaración que buscaba llevarlo a enfrentar la justicia por los presuntos delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita. Álvaro Sinibaldi quedó libre de todo señalamiento.
Según la resolución de la togada, a la cual tuvo acceso La Hora, la fiscal Castillo argumentó que los medios de investigación que presentó la FECI de Sandoval no son «suficientes ni tienen sustento para endilgar los hechos constitutivos de delitos (…) porque no existe información financiera que vincule a Álvaro Sinibaldi con operaciones financieras que puedan establecer la posible participación de lavado de dinero».
Sandoval, quien lideró la investigación, no opina lo mismo. «Es una falacia. Si existe un caso que tenga suficiente información financiera es el caso Construcción y Corrupción. En todo caso, esta excusa es una discusión que se hace cuando se le imputan los delitos en primera declaración, pero en este caso no llegó», dijo en declaraciones a La Hora.
La fiscal Castillo también excusó que «no existe informe de análisis criminal con el que se pueda establecer la posible participación dentro de un grupo criminal, cuál era su rol dentro de la estructura (…) para demostrar el delito de asociación ilícita».
El exfiscal subrayó que el caso «no estaba en debate oral y público (la última fase de un proceso penal) y nuestra legislación procesal penal establece la libertad probatoria. No solo un análisis criminal determina si una persona pertenece o no a una estructura criminal. No es requisito contar con un análisis criminal en esta fase», dijo.
En el caso del delito de cohecho pasivo (recibir sobornos), la fiscal argumentó que no hay registros en el Tribunal Supremo Electoral ni en el Registro Nacional de Personas de que Álvaro Sinibaldi fuera funcionario público.
Sandoval precisó en que los artículos 36 y 37 del Código Penal que establecen que «son autores quienes cooperan en la realización de delitos, en su preparación o ejecución o los que no se hubieran podido cometer. En todo caso, si no se puede sustentar en una primera declaración la imputación el juez lo que debe resolver es la falta de mérito, que es apelable», explicó.
PGN BUSCA REVOCAR DESESTIMACIÓN
La PGN —el abogado del Estado— impugnó la resolución de la jueza Cruz, pero sus recursos fueron rechazados por la togada. No obstante, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Teódulo Cifuentes, que podría revocar la decisión de desestimar la denuncia contra Álvaro Sinibaldi, tomada a solicitud de la FECI.
La PGN, en su calidad de querellante adhesivo del caso, señaló que el MP «debe cumplir con su deber de investigación y llevar a cabo las diligencias pertinentes», entre ellas, solicitar información sobre las cuentas bancarias y requerir al Registro Mercantil datos sobre las entidades en las que Álvaro Sinibaldi tiene firmas registradas, entre otras acciones.
«Lejos de justificar la desestimación, esta obliga al Ministerio Público a cumplir con su función efectiva de investigación», argumentó la Procuraduría en un intento de corregir la actuación del MP. Además, subrayó que la fiscalía «pudo haber realizado una investigación más amplia con medios de convicción».
En el amparo, la Procuraduría argumentó que la desestimación admitida por la jueza Cruz «vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva», en contravención de los artículos 3 y 5 del Código Procesal Penal. Según la entidad, la decisión varió las formas del proceso y las diligencias, dado que ya estaba programada una audiencia de primera declaración.
El amparo también solicita a la CSJ que ordene la remoción de la fiscal Castillo como encargada del caso Construcción y Corrupción.
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