Por haber sido el año 2024 bisiesto, el día de hoy se cumplen los 365 días sin que el Ministerio Público concrete alguna investigación relacionada por los actos de corrupción que se puedan imputar al gobierno que dirigieron, conjuntamente, Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, su pareja sentimental que jugó un papel de tanta importancia en ese período al punto de proclamarse públicamente como el Jefe de Jefes. Giammattei, protegido por el Parlacén que únicamente sirve para dar impunidad a quienes lo conforman, goza del derecho de antejuicio, cosa que no ocurre con quien, como nos dimos cuenta en aquel célebre audio, daba órdenes a gritos a su conviviente.
La Hora ha llevado la cuenta de esos días porque consideramos que es fundamental, para cumplir con el mandato de la sociedad, que entendamos el daño que provoca la impunidad alentada por el órgano estatal que tiene la obligación de realizar las investigaciones en el campo penal. La corrupción es un serio delito porque va mucho más allá del aprovechamiento ilícito de los recursos del Estado. En realidad se traduce en abandono de la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad y todo lo relacionado con el bienestar de los guatemaltecos, lo que genera esa ola de migración que ahora se puede traducir en millones de deportaciones en el marco de la nueva política de Estados Unidos.
Tanto el tema de la inseguridad como el de la infraestructura son causa de muchas muertes que son consecuencia directa de la podredumbre que las prácticas corruptas introdujeron como fin supremo del Estado, abandonado el mandato constitucional de velar por el bien común. Todas las instituciones fueron puestas al servicio del enriquecimiento y hemos sostenido que el gobierno de Giammattei superó con mucho los conocidos casos de corrupción de los regímenes que le precedieron. De hecho, desde 1985 para nuestros días, la tónica ha sido que cada gobierno fue más corrupto que el anterior y los ciudadanos hasta llegamos a acostumbrarnos y resignarnos.
Pero en el año 2023 las urnas recibieron un voto que era un claro e irrefutable mandato popular para acabar y combatir la corrupción, tarea que no se puede materializar mientras persista la impunidad lograda mediante el control de todo el aparato de justicia. Y por ello es que hemos llevado la cuenta, para que los ciudadanos reparemos de cuán arraigado está el problema por los pactos que llevaron al Ministerio Público a esa total cooptación.
365 días de hacerse de la vista gorda es un insulto y una grave ofensa para una sociedad cuya mayor parte no anduvo con tapujos para expresar su hartazgo contra la corrupción, acabando así con décadas de indiferencia ante las prácticas deshonestas que la gente llegó a ver como algo normal, como parte de la política, generando esa resignación que nos terminó haciendo cómplices.
