La confrontación entre el presidente Bernardo Arévalo de León y la fiscal general y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, se remonta cuando se oficializó el triunfo del hoy mandatario, al promoverse acciones espurias y políticas en el Organismo Judicial, con el frívolo argumento que el Movimiento Semilla, Partido que apadrinó la candidatura del binomio Arévalo-Karen Herrera, con el argumento que se había “producido un fraude en el evento eleccionario y se fraguó un supuesto “golpe del Estado” para impedir la toma de posesión de los jefes del Ejecutivo.
Esa situación que ponía en peligro el proceso electoral y el Estado de derecho, dio origen que la comunidad internacional, que había tenido representantes que monitorearon los comicios y comunidades indígenas encendieron las alarmas y manifestaron apoyo a los ciudadanos que habían participado en el proceso electoral, señalando que hablar de “un supuesto fraude era absurdo e iba contra la Ley Electoral y de Partidos Políticos y ponía en duda la participación de los fiscales de los partidos políticos y los integrantes de las Mesas Receptoras De Votos.
Sin embargo, con esa advertencia el Ministerio Público inició una cacería contra funcionarios electorales y dirigentes del Movimiento Semilla. Esa situación dio origen a severos señalamientos contra el MP, Fiscales y la jefe del ente investigador Porras Argueta, que se alió a ciertos grupos para abrir una pugna contra el jefe del Ejecutivo, al extremo que Arévalo, en reiteradas ocasiones le ha pedido su renuncia a la citada funcionaria, que para blindarse recurrió a la CC que la amparó al no estar vigente el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP que le otorgaba facultades para destituir o pedirle su renuncia a la relacionada.
En ese estira y encoge, Arévalo está contra la espada y la pared, peor ahora por la resolución reciente de la CC que suspendió el párrafo de un acuerdo que dictó el Ejecutivo, donde convocada a junta de Gabinete a funcionarios del gobierno, con la coordinación de la vicepresidenta Herrera y se “invitaría a Porras, para que informara cuál es el trabajo que ha realizado en su gestión.
En una acción de amparo que se presentó ante el ente constitucional, se resolvió dejar sin efecto el párrafo del acuerdo gubernativo 2000-2024 que se refiere al Gabinete específico para la coordinación del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, en materia de Derechos Humanos, que se pretendía que en dicha actividad, estuviera Porras, que reiteradamente se ha negado a acatar las citas que le ha hecho el Presidente Arévalo, con el argumento de que la entidad que dirige es autónoma y que no está supeditada a otra entidad, pues asegura que cumple con lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica del ente que dirige en su segundo mandato.
La pugna Arévalo-Porras, tiene varias aristas y la funcionaria es protegida por sectores privados y los políticos que perdieron las elecciones del último proceso electoral, especialmente diputados y por supuesto de la Corte de Constitucionalidad, que no cumple con los postulados que norma la ley y se alinea a intereses políticos, con relaciones que quebrantan el Estado de derecho y ponen por supuesto en serio peligro a nuestra incipiente democracia y como prueba al declarar con lugar un amparo promovido por una organización que no es parte del “qué hacer político”.
