Queda en descubierto la trama de FECI en el caso contra el periodista Juan Luis Font

El pasado 6 de diciembre, la amenaza de que el Ministerio Público (MP), comandado por María Consuelo Porras, recurriera con un juez para solicitar una orden de captura contra el periodista y cofundador del medio radial Con Criterio, Juan Luis Font Monzón, se hizo realidad dos años después de su exilio. El ente investigador lo logró con la jueza Abelina Cruz Toscano.

La Fiscalía sustenta el caso por publicaciones de Font en la red social de X, antes Twitter, como prueba reina de tener amistad con la jueza que en 2021 tomó el control de la investigación y que, de esa cuenta, presuntamente le garantizaría impunidad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), señalada de armar casos contra otros 10 periodistas, tiene la investigación.

Sin embargo, detrás de la orden de aprehensión que dio a conocer el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, a un medio de comunicación aliado al salir de la audiencia, existe una trama. Fuentes con conocimiento del tema, pero que pidieron no ser citadas, por temor a represalias, confiaron información extraoficial a La Hora sobre la audiencia y el caso contra Font.

EL ORIGEN

Fue en 2021 cuando el exministro de Comunicaciones del desaparecido Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi, en una declaración testimonial señaló al periodista de recibir dinero a cambio de hacerle “buena prensa” durante su gestión. Para ese entonces, Sinibaldi cumplía un año de haberse entregado a la justicia guatemalteca tras permanecer prófugo por cuatro años.

La FECI tiene una declaración de Sinibaldi de 57 páginas, donde tres hacen alusión a Font. El exministro —que resultó librado en cinco casos de presunta corrupción con resoluciones cuestionados— señaló al periodista de recibir Q1.5 millones a cambio de la cobertura favorable en los medios en los que trabajó entre 2012 y 2014.

Por su parte, Font ha negado los señalamientos y ha subrayado que basta con hacer una recopilación de las publicaciones de los medios que dirigió en ese período para constatar que lo que dice Sinibaldi no se sostiene. 

Font ha pasado por varios medios de comunicación. Trabajó en la revista Crónica, cofundó y dirigió el extinto diario elPeriódico, fundó A Primera Hora de Emisoras Unidas y la revista Contrapoder en sociedad con el exministro de Energía y Minas, Erick Archila. 

La declaración de Sinibaldi contra el periodista dentro del caso denominado Construcción y Corrupción derivó en una investigación a cargo de la FECI de Curruchiche, que le fue asignada al Juzgado Tercero Penal.

Sin embargo, Font al enterarse de la investigación presentó un memorial en donde solicitó que la carpeta estuviera bajo el control del juzgado de Mayor Riesgo D, entonces dirigido por Erika Aifán, indicando que los hechos estaban relacionados con el caso en mención.

La FECI se opuso y presentó una serie de impugnaciones que fueron rechazadas por una Sala de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Todas estas instancias estuvieron de acuerdo en que el caso de Font pasara a manos del Juzgado de Mayor Riesgo y rechazaron los reclamos de Curruchiche. De esa cuenta, el fallo quedó en firme. 

UNA ACCIÓN AVIZORADA

El pasado 22 de octubre, la jueza Abelina Cruz, quien ahora dirige el Juzgado de Mayor Riesgo D, emplazó a la FECI para que tomara acciones en contra del periodista. Fueron cinco días hábiles los que otorgó, según reveló este diario semanas atrás. En su contestación, la FECI indicó que contaba con los mismos hechos: la declaración de Sinibaldi.

La fiscal que está a cargo del caso Construcción y Corrupción es Sofía Castillo Rivas, quien días antes, el 17 de octubre, fue captada por las cámaras de La Hora reunida con la jueza Cruz a puerta cerrada, pese a que la Ley del Organismo Judicial prohíbe a los jueces mantener ese tipo de reunión, a menos que de todas las partes procesales estén presentes.

El actuar de la jueza Cruz no pasó desapercibido por Font y presentó un recurso legal para separarla del caso al dudar de su imparcialidad y señalar un interés. Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó otro recurso que buscaba su separación por la reunión con la fiscal de FECI. No obstante, la Sala Segundo de Mayor Riesgo rechazó los pedidos y la confirmó como la jueza del caso.

UNA SEGUNDA ALTERNATIVA

Con los hechos antes mencionados, el MP armó una segunda investigación y el pasado 6 de diciembre consiguió la orden de captura contra Font. La audiencia unipersonal, en donde estuvo presente la FECI y la jueza Cruz, se desarrolló fuera de lo habitual. 

La sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo D se encuentra ubicada en el nivel 14 del edificio de la Torre de Tribunales, pero esta se llevó a cabo en la mega sala de audiencias, un complejo situado a una cuadra de Tribunales en donde los reporteros que diariamente cubre esa fuente no se asoman, a menos que tengan conocimiento previo de que una diligencia se desarrollará en ese lugar. 

La audiencia comenzó pasadas las 14 horas. Curruchiche estuvo presente observando el trabajo de sus subordinados. El agente fiscal de FECI, Carlos Ernesto Villeda Sánchez, se encargó de narrar los hechos para convencer a la jueza Cruz de girar la orden de captura; mientras que la auxiliar fiscal, Nora Liceth López Zamora, permaneció a su lado en silencio.

El fiscal le relató a la jueza Cruz que en 2021 Font estaba siendo investigado por la FECI tras la declaración de Sinibaldi y que habría solicitado la conexión del caso al Juzgado de Mayor Riesgo D, con Aifán, para que la exjueza le garantizara impunidad, puesto que “existía una amistad detrás”.

Los hechos que habrían originado el segundo caso contra Font se remontan a ese mismo 2021, luego de que la exjueza Aifán le corriera audiencia al periodista y resolviera conexar su caso al de Construcción y Corrupción. La FECI alegó que la extogada no citó a los más de 80 sindicados del caso y por ello recibió dos denuncias en contra de Font y Aifán.

La denuncia fue interpuesta por uno de los más de 80 acusados y señalaba al periodista y a la exjuzgadora de tener una “amistad y simpatía”. De esa cuenta, el MP inició una investigación.

El fiscal Villeda Sánchez, en audiencia, indicó que mediante la cuenta de X, antes Twitter, recopilaron una serie de publicaciones en donde el periodista destacaba la labor de Aifán en su calidad de togada. Además, el fiscal señaló que en 2020 —un año antes de que Sinibaldi declarara— el medio de opinión Con Criterio la nombró Personaje del Año.

Los indicios presentados por la FECI a la jueza Cruz se basaron en publicaciones, no ofrecieron otra prueba. Sin embargo, a la jueza le bastó y giró la orden de aprehensión contra Font por los presuntos delitos de cohecho activo y colusión. 

CURRUCHICHE MIENTE, DE NUEVO

El fiscal Villeda Sánchez también solicitó que se levantara la reserva del caso, específicamente la línea de investigación del periodista, por 24 horas.

La jueza Cruz también accedió. El caso Construcción y Corrupción está en la misma causa de este segundo proceso contra Font y por estar relacionado con el delito de lavado de dinero se tramita con restricciones de informar lo que ocurre a todas las partes del proceso.

La orden de captura contra Font se hizo de conocimiento público al salir de la audiencia, con la reserva judicial levantada por 24 horas el jefe de la FECI tuvo vía libre para hablar del caso.

El medio TVGT, afín al MP, fue el único que le dio cobertura. Curruchiche indicó que la juzgadora también había ordenado la aprehensión de la exjueza Aifán, pero en la audiencia del 6 de diciembre la FECI no solicitó su detención ni la jueza lo ordenó. Curruchiche mintió.

La Hora consultó al departamento de Información y Prensa del MP, que dirige Juan Luis Pantaleón, por qué el fiscal Curruchiche mintió en sus declaraciones a dicho medio y también se precisó en que sí la jueza Cruz giró la aprehensión de Aifán en otra fecha, pero al cierre de la edición de esta publicación no se obtuvo respuesta.

—¿El propósito de pedir levantar la reserva judicial era comunicar sobre la orden de aprehensión?, se cuestionó.

La exjueza Aifán se exilió en marzo de 2022, señalando que lo hacía para garantizar su seguridad física y protegerse de las represalias del sistema judicial cooptado. Un año después el MP de Porras le giró una primera orden de captura en un caso señalado de persecución política. Aifán se suma a la lista de ex operadores de justicia perseguidos por la administración de Porras.