Con poca celeridad, el Ministerio Público (MP) ha iniciado las investigaciones dentro del caso B410 sobre defraudación fiscal, aunque hasta el momento continúa sin tomar acciones para que los responsables de los hechos enfrenten la justicia.
En comparación, el MP, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, ha actuado con más agilidad en la investigación contra el Movimiento Semilla, contra el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, así como en los allanamientos para la extracción de documentación de las Elecciones Generales 2023.
El MP tiene tiempos distintos: así justifican lo actuado en el B410
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 11, 2024
Sin embargo, en el caso B-410 el ente investigador sostiene que ha solicitado auditorías, las cuales aún no han finalizado para poder solicitar órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en la posible defraudación de al menos Q300 millones de empresas contratistas del Estado durante la administración de Alejandro Giammattei.
También, sostiene que ha realizado diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en contra de los notarios que construyeron las sociedades anónimas, así como en inmuebles de las empresas ligadas al caso, aunque hasta el momento, en el Juzgado a cargo del caso no se han iniciado procesos contra los vinculados.
Por el contrario, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, inició una investigación en contra del denunciante del caso B-410, Marco Livio Díaz Reyes, que tuvo como resultado el allanamiento de la firma de auditores Moore Díaz Reyes, propiedad de los hermanos del Superintendente.
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PRIMEROS ALLANAMIENTOS
Según explicó el ente investigador, la Fiscalía recibió el 14 de agosto de 2024, una querella proveniente del Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera, la cual fue presentada por la SAT.
De acuerdo a la Fiscalía, se informó sobre el presunto involucramiento de 35 personas jurídicas e individuales, comerciantes y sociedades anónimas, contadores y representantes legales, quienes aparentemente a través de un entramado empresarial habrían defraudado al erario público.
De esta cuenta, la Fiscalía inició las diligencias de investigación con la finalidad de averiguar los hechos denunciados y las circunstancias por las que se habrían cometido estos actos, por lo cual ha efectuado 17 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias.
Seis de las diligencias fueron ejecutadas el 16 de agosto, en donde se allanó la oficina de los notarios David Francisco Barrera Maldonado y José Luis Oropín Mollinedo, ubicada en zona 9, para recabar indicios “importantes para la investigación y obtenimiento de información”, que permitió establecer la forma que operan dichos profesionales.
“Consistía en constituir sociedades anónimas para luego venderlas a distintas personas con la obligación de actualizar posteriormente el domicilio fiscal y nombrar a otro representante legal, sin embargo, algunas de estas empresas nunca lo hicieron, entre ellas las que han sido utilizadas dentro del caso denominado B-410”, determinó el MP.
OTRAS DILIGENCIAS
Asimismo, el MP detalló que realizó otras 11 diligencias más, el 12 de septiembre pasado, en inmuebles que figuraban registrados como domicilios fiscales o comerciales de las entidades señaladas en el caso.
Según explicó el MP, los operativos tuvieron como finalidad “corroborar la existencia de dichas entidades, así como la existencia de equipo y material que sustentara sus operaciones comerciales”.
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PIDE AUDITORÍAS
Asimismo, el 12 de septiembre la Fiscalía también solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría especial para verificar las compras realizadas a 13 entidades de gobierno, ya que se investiga a 9 empresas que forman parte del “entramado B-410”, que continúa vendiendo de forma directa al Estado.
“Es importante señalar que dentro de las personas denunciadas figuran cinco entidades constructoras, a quienes se les realizó auditoría por parte de la SAT, sin embargo, del análisis efectuado por la fiscalía se determinó que la auditoría realizada únicamente tuvo por objeto verificar operaciones comerciales con dos proveedores del grupo empresarial B-410”, resaltó la Fiscalía.
De esta cuenta, subrayó que requirió una ampliación de las auditorías, ya que la fiscalía estima que los montos defraudados pueden aumentar “considerablemente”, puesto a que las cinco empresas también han registrado facturas de más de 10 proveedores del grupo empresarial B-410.
DICE QUE SAT CONTINÚA AUDITORÍAS
De la misma forma, el MP explicó que la denuncia y documentación aportada por la SAT, implicó el análisis de información que se encuentra bajo su control durante un período que abarcó 9 meses.
“Se estableció que algunas auditorías aún se encuentran en desarrollo y otras están aún por iniciar, por lo que es evidente que el proceso de fiscalización aún no ha concluido”, agregó.
Al mismo tiempo, agregó que en relación a los avances, el 4 de noviembre, la SAT concluyó 5 de 21 auditorías tributarias y 6 de noviembre la GCG finalizó 1 de 13 auditorías requeridas por el ente investigar y en las cuales el personal fiscal ya se encuentra trabajado, por lo que “en el momento oportuno” se darán a conocer los avances.
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JUSTIFICA FALTA DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Asimismo, la Fiscalía de Delitos Económicos aseguró que hasta el momento no se han solicitado aprehensiones, ya que las auditorías de la Superintendencia aún no han concluido en su totalidad y las de la Contraloría se encuentran en desarrollo.
Lo anterior, argumentó que impide en estos momentos establecer un monto presumiblemente defraudado, y esta cantidad será definida al finalizar el trabajo de auditoría de la SAT.
“El Ministerio Público continúa recopilando información financiera que permita fortalecer la investigación, y como parte de dichas acciones se trabaja de forma articulada con la Contraloría General de Cuentas para fijar alcances de auditoría y plazos. En relación a las auditorías efectuadas por la Superintendencia de Administración Tributaria, la fiscalía fijó un plazo prudencial para obtener los resultados de las mismas, sin embargo, dicha entidad ha solicitado prórroga para concluir con dichas auditorías”, concretó.
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B-410
El 14 de agosto pasado, la SAT dio a conocer sobre una red que presuntamente defraudó al Estado por más de Q300 millones, la cual estaba dividida en 410 empresas, incluyendo contratistas del Estado que recibieron adjudicaciones durante 2021, 2022 y 2023, es decir en la administración de Giammattei.
En octubre pasado, la Superintendencia solicitó órdenes de aprehensión y arraigos en contra de las personas involucradas en el caso de defraudación fiscal, a la vez que inhabilitó varias empresas y embargó sus cuentas.
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Entre las empresas figuran Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S. A., entidad vinculada a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja de Giammattei, la cual continúa sin ser investigada junto a otras empresas ligadas al caso B-410.
Sin embargo, el MP inició una investigación contra el jefe de la SAT y sus hermanos, aunque el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en declaraciones en las que se contradijo, aseguró que determinarán la participación de Marco Livio Díaz Reyes.
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CELERIDAD EN OTROS CASOS
En comparación al caso B-410, el cual ha tenido pocos avances luego de casi de cuatro meses, el MP ha actuado con celeridad en caso como el del Movimiento Semilla, ya que una hora previo a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó los resultados de la Elecciones Generales de 2023 y convocara a la segunda vuelta Presidencial, en la que participaba el entonces candidato a Presidente, Bernardo Arévalo, el jefe de la FECI anunció la suspensión la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
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También, hubo acciones con mayor celeridad por parte del ente investigador cuando extrajo las actas 4 y 8 que contenían los resultados electorales y que guardaban la pureza del proceso electoral, en septiembre de 2023.
Además, el MP accionó con una mayor agilidad en el caso por las supuestas anomalías en el caso por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), por el que inició una investigación contra magistrados del TSE.
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