POR MARIELA CASTAÑÓN
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La situación del Sistema Penitenciario (SP) es una de las más complejas, debido a que nada cambia, a pesar de los esfuerzos de algunas entidades como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que en 2014 desarticuló una red de corrupción que involucraba a funcionarios de alto rango y reos. A criterio de profesionales, las razones por las que el sistema carcelario permanece prácticamente igual se deben a la falta de infraestructura, de un presupuesto adecuado, a la corrupción, a la improvisación y a la ausencia de personal idóneo al frente de la Dirección General de esa entidad.
«Hemos visto el caso del Sistema Penitenciario, donde no se solucionó precisamente la corrupción, y la exigencia de dinero para obtener algunos beneficios, incluso los mínimos que debería garantizar el propio Sistema Penitenciario, aún continúa», dijo recientemente a La Hora Iván Velásquez, jefe de la CICIG.
La CICIG desarticuló en 2014 una estructura de cobros ilegales a reos que involucraba a funcionarios como el entonces director de esa institución, Édgar Camargo; el exsubdirector Eddy Fisher, el reo Byron Lima, entre otros.
Un año después de develar esa investigación, y de las detenciones de los señalados, las cárceles siguen prácticamente igual: persisten las denuncias de extorsiones a los reos en las prisiones, así como las violaciones sexuales, agresiones, muertes, motines y actos de corrupción de toda índole.
¿POR QUÉ NO CAMBIA?
La Hora entrevistó a representantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a un exdirector del SP, a funcionarios del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Comisión Específica de Seguridad Nacional y de Inteligencia del Congreso, quienes explicaron los factores por los que, según ellos, el sistema carcelario no cambia.
Los profesionales coincidieron en que el hacinamiento por falta de infraestructura carcelaria es el principal problema, pues no se ha logrado separar a los privados de libertad por perfiles criminales y situación jurídica.
Hilda Morales, procuradora adjunta de la PDH, explica que el hacinamiento en las prisiones provoca diversos problemas y es por eso que han recomendado agilizar los procesos legales e invertir en infraestructura.
«Hemos declarado que hay una violación al derecho humano de las personas privadas de libertad. El Ministerio de Gobernación debe tomar medidas urgentes para resolver el problema -hacinamiento- y también el Ministerio de Finanzas para que entregue el presupuesto necesario que corresponde a las cárceles. No es a corto plazo, pero se puede lograr con la agilización de los procesos y prevenir el delito», reitera.
El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, dice que el hacinamiento es un problema que data desde hace varios años, aunado a la falta de guardias del SP. (Lea el recuadro Detenidos versus guardias).
«El problema que hemos tenido en el SP no es de ahora, eso viene de años atrás y obedece al hacinamiento. A la fecha tenemos más de 20 mil privados de libertad, cuando la infraestructura orgánica tiene capacidad para 7 mil. De esa cuenta, no es solo necesario trabajar en el tema de la infraestructura, sino también es necesario fortalecer el estado de fuerza de los agentes del SP, con lo cual se permitirá tener mejor control sobre los privados de libertad», indica.
FALTA DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN
Corinne Dedik, del CIEN, opina que la falta de recursos económicos y la ausencia de infraestructura carcelaria son dos factores que inciden para que el SP siga prácticamente igual. (Lea el recuadro Presupuesto asignado y vigente).
«Entre los factores más importantes está la falta de recursos que se asigna al SP como institución, porque cuando uno analiza el presupuesto que tienen se puede observar que todo se destina para el funcionamiento de la misma institución y apenas alcanza para invertir en infraestructura o formación de personal», detalla Dedik.
De acuerdo con la profesional, la falta de planificación integral para infraestructura es otro de los problemas que afecta a Presidios; en esta administración no se planificó la edificación. (Lea el recuadro Gobierno da marcha atrás en el deshacinamiento carcelario).
«En el gobierno de Otto Pérez Molina se tuvo disponibilidad para financiar infraestructura, pero no hubo una planificación. No me refiero solo al diseño de la cárcel, hay que tomar en cuenta los estudios, la gestión de presupuesto a tiempo, y planificar como se mantendrá esa infraestructura y el personal. Lo que no hay es una planificación integral», explica Dedik.
SIN PERFILES IDÓNEOS Y CORRUPCIÓN
Delia Back, de la Comisión Específica de Seguridad Nacional y de Inteligencia del Congreso, indica que han sostenido reuniones con el director del SP, Alexander Toro; sin embargo, se evidencia que no cuentan con un plan para controlar el tema. La congresista también admite la complejidad del SP y la dificultad para encontrar soluciones.
«La persona encargada del SP estuvo dos veces con nosotros, pero no se observó un plan de trabajo o que a corto plazo puedan hacer algo por el SP. Nosotros como Comisión hemos escuchado a diferentes personas que han llegado, pero es un tema tan complejo que no sabríamos por dónde empezar o por dónde entrarle», admite la funcionaria.
Eddy Morales, exdirector del SP, argumenta que la falta de una persona idónea para dirigir el SP es otro de los desafíos, pues los últimos directores no han sido las mejores opciones.
«Colocan a personas con un nexo partidista en los puestos, se selecciona a la gente por trabajar dentro del partido de Gobierno, se le otorgan posiciones para las que no están preparados para ejercer. Se tiene que seleccionar a gente técnica que tenga vocación penitenciaria y de servicio», opina Morales.
De acuerdo con el exfuncionario, la corrupción es otro problema perjudicial. A su criterio, un ejemplo son los módulos de deshacinamiento, valorados en Q755 millones 44 mil 918 y por los que se pagó un anticipo de Q150 millones.
«Cuando se han intentado hacer obras, donde el SP ha sido un chivo expiatorio, única y exclusivamente para hacer un negocio por actos de corrupción de rangos superiores, muchas veces ministeriales, ven al SP como una fuente para proveerse de ganancias generando alguna obra, muchas veces mal hechas o contratando a personas o empresas que no están calificadas, el caso muy claro es Ingenieros Civiles y Asociados (ICA)», justifica Morales.
El exdirector de Presidios refiere que existen varios cuestionamientos sobre el contrato otorgado a ICA, una empresa que, según él, no es la mejor opción en la edificación de espacios carcelarios.
«Si se da seguimiento a cómo fue otorgado ese contrato en una licitación que se levantó en media hora y en media hora se adjudicó, usted ve que hay corrupción; es única empresa que ofertó. Además, ICA está capacitada para construir carreteras o complejos habitacionales, no prisiones», dice.
¿QUÉ HACER?
Según Morales, algunas de las soluciones que podrían contrarrestar el hacinamiento en el SP son las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, para que se establezcan medidas alternas a la prisión preventiva en delitos menores, en tanto se aplique solo a casos de alto impacto.
El exdirector también dice que la independencia en la administración de recursos financieros es importante, pues regularmente es la Cartera del Interior la que decide cómo invertir los recursos económicos.
Corinne Dedik opina que la edificación carcelaria debe ser prioridad, pero la misma debe planificarse cuidadosamente para evitar proyectos inconclusos.
«Hay que trabajar el tema de la infraestructura, el hacinamiento está en niveles muy críticos y para ello hay que hacer una planificación a 10 o 15 años, prever qué tipo de infraestructura se necesita, cuáles serán las fuentes de financiamiento, y gestionar esos procesos a tiempo para avanzar. No es solo construir una cárcel porque hay oportunidad de hacerlo, porque después se originan problemas como el caso de los módulos de deshacinamiento que se quedaron abandonados», argumenta.
Delia Back propone crear fuentes de empleo y lograr que los reos se ocupen en una actividad específica; considera que con ello se reducirían los hechos delictivos desde prisión.
Sin embargo, Back justifica, al ser consultada sobre si considera que es oportuno incrementar el presupuesto para las cárceles, que el país no está en condiciones de hacerlo.
«Deberíamos fiscalizar el presupuesto, pero también deberíamos hacer lo que hacen en otros países, que los reos salgan a trabajar y que no sean mantenidos. Guatemala no está en las condiciones de darles recursos en este momento», explica.
Gobierno da marcha atrás en el deshacinamiento carcelario
El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó en noviembre pasado que los módulos de deshacinamiento serán implementados en la próxima administración gubernamental, debido a que las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) demandan que exista una empresa supervisora del proyecto cotizado en Q755 millones 44 mil 918.
Eunice Mendizábal, ministra de Gobernación, dijo a La Hora que debido a que la CGC requirió que existiera una empresa supervisora del proyecto para continuar la construcción, se tomaron las medidas administrativas.
«Lo que sucedió es que no se tenía una empresa supervisora que generara control sobre lo que realmente se estaba construyendo, y que esto coincidiera con lo que se había comprometido el Estado y la empresa, a través del contrato de construcción. Como no había una empresa supervisora, la cual es necesaria, la CGC ordenó que en tanto no se contrataran los servicios de esa empresa, no se pudiera continuar con la construcción. Cuando nosotros llegamos en mayo dimos la instrucción que se contratara y se levantara el evento que permitiera la contratación de esta empresa supervisora, y en ese proceso estamos», explicó la funcionaria.
La titular de la Cartera del Interior detalló que esa es la razón por la que la obra está paralizada y prácticamente quedará bajo la responsabilidad de la siguiente administración de Gobierno.
