Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Hoy, tras una investigación emprendida por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ya bajo la dirección del actual comisionado, se produce una serie de capturas de funcionarios del Sistema Penitenciario del país y se habla de la imputación de graves delitos también a varios reclusos con los que las autoridades mantenían estrecha relación para la comisión de distinto tipo de delitos. Se habla de asesinato, cohecho, lavado de dinero y, sin duda alguna, surgirán otras figuras delictivas al avanzar en una investigación que ha sido compartida con las autoridades de Gobernación y del Ministerio Público y que ha rendido frutos en realidad espectaculares para un país en donde la costumbre es que esas actividades criminales nunca reciban castigo, menos aún si están involucrados altos funcionarios de gobierno.
Hace años que se perdió el control del sistema penitenciario y se sabe que el mismo está bajo la autoridad de reclusos que imponen su ley con la complicidad de las autoridades carcelarias. Cuando se produjo el asalto a Pavón, donde murieron varios reos, era indiscutible que los muertos ejercían la autoridad en los reclusorios, pero luego de que fueron ejecutados el sistema siguió exactamente igual, lo que permite suponer que se trató de un corrimiento de actores, pero no de la modificación de la estructura que, por el contrario, se ha ido perfeccionando.
Imposible afirmar que con este golpe, en verdad severo contra las mafias, se va a corregir la situación y el Estado asumirá el control que siempre debió ejercer sobre los presidios porque ya hemos visto demasiadas veces la asombrosa capacidad de adaptación que tienen los grupos criminales para mantener su poder y privilegiada posición. Pero no cabe duda que es una oportunidad que se presenta para corregir ancestrales deficiencias que significan un peligro para toda la sociedad, especialmente porque está probado que es de las prisiones desde donde se dirigen las redes criminales más peligrosas del país y que se ensañan por la vía de la extorsión contra todo tipo de ciudadanos.
No deja de ser alentador que el gobierno haya aceptado las investigaciones realizadas por la CICIG y que esta institución esté demostrando que no está simplemente pasando el tiempo para llegar al final de su mandato. Una Comisión así, efectiva y productiva contra la impunidad, es lo que Guatemala ha necesitado desde hace mucho tiempo y lo que justifica la existencia de ese esfuerzo internacional para contribuir a cambiar radicalmente actitudes que se han vuelto tradición en el colectivo social guatemalteco.
