Antes de que se discuta la audiencia de etapa intermedia, y se defina si cinco implicados enfrentarán juicio por la supuesta compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público (MP) en la zona 5 capitalina, la defensa de William Balz, supuesto vendedor del inmueble, presentó un recurso de prejudicialidad.
Los defensores de Balz consideran que con esta acción quieren demostrar que el caso no debía ventilarse en una instancia penal, sin que antes lo hubiera conocido la vía administrativa.
La defensa de Balz argumenta que si es que existió una anomalía en la compra, como afirma el MP, no se siguió el debido proceso y no se agotaron todas las instancias respectivas.
Según ellos, «de haber existido una falta, primero la debió verificar un tribunal de cuentas para que se agotara la vía administrativa, y si posterior a esto, se determinaba la supuesta comisión de un delito, entonces sí recurrir a lo penal».
Actualmente, el caso se encuentra en manos del juez Mynor Moto, a donde llegó luego de una serie de recusaciones que permitieron el cambio de juzgador en tres ocasiones.
Hasta el momento, el recurso fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal, donde en audiencia realizada el 28 de octubre, se entregaron los argumentos al juez.
Se espera que el jueves 31 de octubre, al medio día, se escuche el pronunciamiento del MP y del resto de sindicados y así Moto tome una decisión.
Caso compra de edificio del MP en zona 5: Sala envía proceso a Juzgado Tercero
EL CASO
En 2019, el MP emprendió un caso en contra de exautoridades de la institución, a quienes acusó de haber comprado un edificio sobrevalorado por Q35 millones.
Supuestamente, el inmueble, ubicado en la zona 5, no estaba terminado y no reunía las condiciones para que empezara a funcionar.
Desde entonces, la edificación, que ya es propiedad el MP, no se ha podido utilizar, ya que el proceso mantiene inmovilizado el lugar.
Dentro del caso, se involucra a la exfiscal general Thelma Aldana, cuatro extrabajadoras, Balz y una persona más a quien se le señaló de ser el testaferro, pues según la tesis de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Balz lo habría usado para así ocultar el hecho de que este no podía hacer negocios con el Estado por estar involucrado en el caso Red de Poder y generar así la presunta estafa.
Hasta el momento, aún no se discute si los involucrados deben enfrentar juicio.
UN CONDENADO
Por este caso, en enero de 2023, Mynor Lobos, decidió acogerse a la ley de aceptación de cargos ante el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal y afirmó ser culpable del delito de testaferrato.
Lobos aseguró haber prestado su nombre para que se inscribiera como propiedad suya ese inmueble, que posteriormente fue vendido al MP.
Por este hecho, Lobos fue sentenciado a 3 años y 4 meses de prisión inconmutable.
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