Es muy importante que todos los ciudadanos nos involucremos en el fortalecimiento de un Estado de Derecho, la aplicación efectiva de las leyes debe ser un pilar fundamental para garantizar una certeza jurídica. Esta no es solo un ideal, sino que es una necesidad que asegure un entorno donde los derechos y obligaciones, deben ser claros para todos los ciudadanos, sin importar la condición social y económica.
La correcta aplicación de las leyes nos permite enfrentar los retos de toda sociedad civilizada y sobre todo de una manera justa y equitativa. Cada ciudadano debe sentir confianza de que el sistema judicial actuará con independencia, sin influencias externas y con la mayor celeridad posible para construir una nación en convivencia, donde la justicia no solo sea “letra muerta”, sino que sea una realidad tangible para todos los que vivimos en este país.
Pero esta situación debe involucrar a todos los poderes del Estado, esas instituciones y actores que en el día a día se dedican a la aplicación de la ley, por lo que los nuevos magistrados tienen la responsabilidad de implementar y cumplir las normas para que tengamos una sociedad más justa y segura. Por eso debemos exigir que exista independencia en las resoluciones judiciales.
Los togados que van a tomar posesión dentro de dos días, tienen que demostrar de qué están hechos y deben dejar cualquier tipo de interés, para que no vuelvan a existir magistraturas como las de las últimas dos cortes, que le han quedado a deber mucho a la sociedad por sus opacas y corruptas actuaciones y que nos tienen vistos como uno de los países más corruptos de América Latina.
Muchos de nuestros funcionarios hablan de que la justicia debe ser pronta y cumplida, porque es la base de toda democracia, para que tengamos un país que sea confiable en donde se puede vivir e invertir, porque las leyes son claras y se aplican correctamente. Lamentablemente en la realidad esta situación no se cumple, tenemos una mora judicial que le para los “pelos a cualquiera”, los procesos judiciales tardan años de años y otros ni siquiera son investigados, sino que son archivados, para tratar de mantener una imagen institucional positiva que no es la realidad.
Es importante que encontremos una fórmula para fortalecer nuestras instituciones públicas, que nos permita proteger las libertades individuales y colectivas, que la gente adopte una cultura de denuncia y que esté segura que los casos van a ser diligenciados de una manera seria y profesional.
Cuando la justicia es parcializada o tarda en cumplirse, erosiona la confianza pública en las instituciones y genera un sentimiento colectivo de impunidad. Un claro ejemplo de esto es que conocemos, por los medios de comunicación, actos de corrupción que al final de un tiempo, no dejan nada, los corruptos salen libres y no pasa nada.
Pero qué debemos hacer, es clave abogar por la transparencia en todos los procesos judiciales. Los ciudadanos deben poder observar y entender cómo se toman las decisiones jurídicas y para eso es importante fortalecer y proteger la independencia del poder judicial de influencias políticas o económicas, porque nadie cree en las instituciones y se encuentran debilitadas afectando la gobernanza.
Esta situación que vivimos implica que debe haber reformas legales y hasta constitucionales, que garanticen la autonomía de jueces y fiscales. No podemos seguir con la forma cómo se eligen las Comisiones de Postulación y mucho menos quiénes nombran a los electos, debemos quitar la mano de “politiqueros” que solo trae “desgracia” para una sociedad que necesita salir adelante.
Es sumamente esencial que los mecanismos de rendición de cuentas funcionen eficazmente, y que se castigue ejemplarmente a quienes abusen de su poder y por eso se necesita que una Contraloría de Cuentas haga su papel, porque en este momento, no ha dado muestras de hacer bien las cosas, sino que son lo mismo de lo mismo y que sus contralores solamente llegan a pasar el agua, porque son nombrados para quitar los “clavos” y no para fiscalizar como debe ser.
Sin certeza jurídica, el caos y la incertidumbre campea como “Juan por su casa” en Guatemala. Las inversiones disminuyen porque los empresarios no se van arriesgar en un entorno inestable y evita el desarrollo económico de la mayoría. En estos oscuros panoramas la corrupción y los abusos suelen aumentar, solamente basta retroceder hacia los dos gobiernos anteriores y nos podremos dar cuenta de lo que ha sucedido en mi querida Guatemala.
El buen uso de los recursos económicos en el Organismo Judicial permitiría mejorar la infraestructura, los recursos tecnológicos y la remuneración de los operadores de justicia, lo que podría reducir la corrupción. Pero si la cabeza está mal, el resto está peor.
Algo que debe ser importante tomar en cuenta en los tribunales de justicia, es que los trabajadores sean nombrados por capacidad e idoneidad, que no sean nombrados por “compadrazgo”, para ocupar un puesto tan importante para la nación, lo cual mejoraría la situación en la que se encuentra la justicia en Guatemala.
