Siete extrabajadores que nombró el expresidente Alejandro Giammattei en el Hospital General San Juan de Dios fueron denunciados penalmente por un fraude de casi Q12 millones, según confirmaron autoridades gubernamentales este 10 de octubre.
Entre los sindicados hay dos exdirectores ejecutivos, dos ex subdirectores de mantenimiento y servicios generales, un gerente administrativo, un jefe de compras y contrataciones y un coordinador de proyectos.
De acuerdo con Mynor Melgar, encargado de la oficina de probidad del Ministerio de Salud, estas personas incurrieron, posiblemente, en ilegalidades al contratar servicios que no se requerían.
El titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, explicó que las denuncias las presentaron ante el Ministerio Público.
La acusación que hacen las actuales autoridades son por fraude, conspiración y pacto colusorio.
Según Flores, las siete personas denunciadas requerían en las bases de licitación de los diferentes proyectos requisitos específicos que llenaban solo las sociedades anónimas Grupo Propela y Carreteras y Casas, que aparecen en el caso de defraudación B410 de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Las denuncias del Ministerio de Salud Pública son pesan sobre Gerardo David Hernández García y Jorge Antonio Flores Escobar, directores ejecutivos entre 2021 y 2022.
Además, Danilo Valenzuela González, gerente administrativo financiero del 3 de febrero de 2022 al 24 de enero de 2023.
También sobre Luis Ernesto López Díaz, subdirector de mantenimiento y servicios generales durante el periodo de 31 de enero de 2022 al 9 de mayo de 2023.
Manuel Arturo Amaya Paredes, subdirector de mantenimiento y servicios generales del 16 de agosto de 2021 al 6 de septiembre de 2021
Eder Medrano López Morales, jefe de compras y contrataciones del 11 de marzo de 2022 al 4 de mayo de 2023 y Julio Edgardo Ajanel León, coordinador de proyectos del 16 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024
Las autoridades de gobierno esperan que el Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, atienda las denuncias planteadas, las cuales van acompañadas con una serie de indicios de los hechos acontecidos dentro del Hospital.
Además, que procesen a las personas implicadas porque pusieron en riesgo los servicios que prestan a la población, según los funcionarios.
De acuerdo con las investigaciones, los sindicados avalaron los procedimientos anómalos de adjudicación dentro del hospital.
EL MODO DE OPERAR
De acuerdo con Flores, las empresas mencionadas tenían un mismo patrón de operar con otros centros asistenciales.
Puso como ejemplo de Mazatenango, Suchitepéquez; Chimaltenango y Morales, Izabal.
Según las indagaciones que propiciaron la denuncia, estos sujetos creaban necesidades ficticias, dividían las áreas a reparar para cobrar por cada uno Q90 mil, todos en la modalidad exprés, esquivando la ley de compras y contrataciones.
Durante la auditoria practicada al nosocomio, ubicaron que en el supuesto cambio de loza en el área de consulta de maternidad, sí fue cobrado, pero no realizado el trabajo.
Asimismo, en el área de parqueo cobraron Q90 mil para el mantenimiento, según lo expresado por Flores, y ni siquiera está señalizado.
Flores expresó: «Las obras presentan un evidente sobrecosto. En la mayoría de eventos, Grupo Propela, Sociedad Anónima, participó como único oferente. Sin embargo, en los procesos como competidores la sobrevaloración se hizo evidente».
«Utilizaron requisitos formales para establecer barreras a la competencia como plazo, un día entre publicación y presentación de ofertas, el requerir experiencia previa en construcción dentro del Hospital o exigencias de papelerías», agregó el funcionario.
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, afirmó que estas acciones son en el marco del combate a la corrupción enraizada dentro de las instituciones del Estado.
Como mandato del presidente Bernardo Arévalo denunciarán «a toda aquella persona que ponga en riesgo los servicios prestados en la red hospitalaria».
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