Al terminar la semana el empresariado que se aglutina en el CACIF dio una respuesta a la iniciativa que había lanzado Iván Velásquez para financiar la lucha contra la impunidad y, por lo menos, no se repitió el rechazo absoluto inicial que cerraba cualquier puerta para siquiera hablar del tema. Dijeron que están en disposición de discutir alternativas que no necesariamente pasen por el impuesto planteado, pero que sí están en la línea de encontrar soluciones.
En ese contexto, y para que el debate sea rico y productivo, hubiera sido competencia del gobierno, aunque el mismo sea provisorio y débil, convocar a los distintos sectores y plantear la agenda del debate para que no sean los de siempre los que asuman el papel de conducción. Es un tema de Estado sobre el que todos los sectores sociales debieran pronunciarse porque se trata del futuro mismo de nuestro estado de derecho y eso no es poca cosa.
Lamentablemente el gobierno que preside Alejandro Maldonado no quiere asumir ningún papel decisivo que contribuya a promover cambios estructurales al sistema y se mantiene al margen de las preocupaciones de la sociedad que lleva meses buscando fórmulas para apurar el paso en la depuración para que los pasos que hemos dado en contra de la corrupción se puedan consolidar en cambios de fondo que acaben con vicios enraizados en un régimen perverso que trastocó los fines no sólo del Estado sino de la misma sociedad guatemalteca.
Y al paso que vamos no será tampoco el próximo gobierno el que tenga el liderazgo y autoridad moral para dirigir ese debate y por ello hay que buscar interlocutores que puedan actuar como fiel de la balanza sabiendo que hay puntos de vista radicalmente encontrados entre los grupos que se aferran al sistema y otra parte de la sociedad que viene batallando hace años por la construcción de un modelo de justicia que rompa con la impunidad.
Puede ser el G4 el que cumpla ese rol porque tienen visión clara de nuestra condición tras las elecciones y la ausencia de pasos concretos para introducir variantes serias y porque, además, tienen autoridad moral como para convocar a los sectores y moderar un debate que debe ser intenso y a fondo ya que, de una u otra manera, es el momento de asumir compromisos para definir un proyecto de nación. O seguimos como un Estado al servicio de la corrupción y el clientelismo o creamos otros en el que, de verdad, el bien común y el imperio de la ley sean el objetivo.
