El análisis de la forma en que votaron los diputados en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es importante y los ciudadanos tenemos que comprender que hubo muchos que no dieron palos de ciego sino supieron orientar la decisión a la investidura de quienes conformarán ese alto tribunal en los próximos cinco años. Y es que, como generalmente pasa en el Congreso, es una pequeña minoría la que maneja los acuerdos y termina controlando a la mayoría necesaria para obtener los resultados que se desean y eso fue lo que ocurrió en esa última oportunidad, marcando también la ruta para la conformación de las Salas de Apelaciones.
El asunto es muy importante porque no es exagerado afirmar que Guatemala se jugaba mucho con la posibilidad de rescatar el sistema de justicia a fin de terminar con la impunidad; la ya no tan remota fecha en que deberá nombrarse a un nuevo Fiscal General para avanzar en las investigaciones hizo que aquellos que añoran los caminos de la impunidad y la corrupción operaran para asegurar que, pase lo que pase, ellos podrán seguir viviendo tranquilos y disfrutando de los recursos que han amasado.
Entendemos que la lucha contra la corrupción no era asunto de soplar y hacer botellas sino se requería de mucho patriotismo, entereza, talento y reformas para operar políticamente.
Hoy publicamos un trabajo en el que se evidencia cómo votaron los 4 diputados sancionados por Estados Unidos y una lectura fácil de asunto es que ellos se sienten cómodos con los actores.
Pero aquí es donde el ejercicio ciudadano y el ejercicio del poder es clave y entra en una etapa fundamental, porque los guatemaltecos más comprometidos y quienes ejercen el poder, deben asegurar que esas personas no se plieguen al bando de las mafias.
Hay ejemplos en Guatemala de gente que abandonó ese barco para subirse a uno que buscaba enfrentar los vicios y ahora nos tenemos que asegurar que los nuevos magistrados de la CSJ y los de Salas de Apelaciones que se eligen hoy, rompan la mayor cantidad de lazos y nexos con esos grupos que los querrán tener secuestrados para sus propios fines, negocios e intereses.
Lejos de hacer que los ciudadanos tiremos la toalla, es momento de trabajar en una efectiva articulación de los sectores de la sociedad hartos de la corrupción para crear un frente capaz de impedir que continúe la destrucción del Estado de Derecho y se inicie un camino para su recuperación. Los mismos operadores de la impunidad tienen que entender que quienes los nombraron no les guardan ningún respeto y que, como le pasó a Curruchiche y a quienes más color se habían dado en las listas de postulación, terminarán también siendo desechados.
El gobierno necesita decidirse a operar en el ejercicio del poder para ser factor decisivo en esa articulación de sectores que nos parece indispensable para compensar la influencia y el poder de quienes en el Congreso no podían contener sus carcajadas tras haber usado y derrotado al oficialismo. Los ciudadanos no podemos dejar de ser exigentes para insistir en el respeto a lo que fue la voluntad popular que no se manifestó tanto a favor de alguien como en contra de los corruptos.
