Dos denuncias interpuestas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en contra de la expresidenta del Congreso y actual diputada por el partido VAMOS, Shirley Joanna Rivera Zaldaña, por transacciones sospechosas descansan en el Ministerio Público (MP) que dirige María Consuelo Porras. Las investigaciones no presentan avances y el ente investigador se limita a informar sobre el estado de los casos ante las preguntas.
Se trata de una primera denuncia que se remonta a 2015 en la que se vincula a una empresa constructora y una segunda interpuesta a finales de 2023 por ingresos de fondos mayormente en efectivo. Ambos movimientos fueron detectados y denunciados por la IVE, la Unidad de Inteligencia Financiera en Guatemala, encargada de reportar operaciones sospechosas e información relacionada con lavado de dinero en el sistema bancario nacional.
Shirley Rivera fue uno de los pilares clave en el Organismo Legislativo para las negociaciones políticas y aprobar intereses de la agenda del entonces presidente Alejandro Giammattei, hoy sancionado por el Departamento de EE. UU. bajo señalamientos de corrupción. La diputada también fue vetada del país norteamericano en enero pasado.
📰 Shirley Rivera se suma a lista de protegidos del MP tras denuncias interpuestas por la IVE
📌 Más información aquí 👉 https://t.co/zVy98GRWmf pic.twitter.com/nRO1ZdD1rs
— Diario La Hora (@lahoragt) September 13, 2024
FOPAVI, CHEQUES Y CEDESA
De acuerdo con información que conoció La Hora, el 11 de febrero de 2015 fue interpuesta una denuncia por la IVE, cuando aún no era diputada. Los movimientos sospechosos para la unidad fueron en torno a que la entidad Construcciones y Edificaciones para el Desarrollo, S. A. (CEDESA) recibió notas de crédito por medio de Guate ACH —el sistema de envío y recepción de transferencias electrónicas— a través de un banco del sistema.
Así como un desembolso por parte del Fondo para la Vivienda (Fopavi) y, según la denuncia, con los fondos se emitieron cheques a favor de diferentes personas individuales y jurídicas dentro de las que se encuentran constructoras, representantes de estas, así como un exalcalde de la Municipalidad de San José en Petén. De esa cuenta, los cheques fueron cobrados en efectivo o depositados en cuentas de otro banco.
La empresa constructora CEDESA fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de agosto del 2000, según el reporte de sociedades anónimas de dicha entidad. La vinculación entre Shirley Rivera y la empresa se remonta 24 años atrás, cuando fue nombrada la presidenta del Consejo de Administración y representante legal de CEDESA, según el reporte de auxiliares de la empresa.
Las conexiones con la constructora se mantuvieron con la familia Rivera Zaldaña. Para septiembre de 2006 su hermano, Danilo Leonel, fue nombrado administrador único de CEDESA y en 2016 el presidente del Consejo de Administración, de acuerdo a la información del Registro Mercantil.
Según el portal de compras y adquisiciones del Estado (Guatecompras), CEDESA ha tenido 10 contratos con el Estado desde el año 2009. La constructora, que a su vez está inscrita con el nombre Delicias del Campo, suma más de 1 millón 211 mil quetzales en proyectos otorgados durante el gobierno de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.
La Hora preguntó a la congresista vía WhatsApp si su familia es dueña de la empresa Construcciones y Edificaciones para el Desarrollo, S. A., pero al cierre de la edición de la nota no contestó.
MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS
La segunda y más reciente denuncia se trata del expediente MP510-2023-321. La denuncia derivó por transacciones y movimientos sospechosos registrados en las cuentas bancarias vinculadas a Shirley Rivera a través de la IVE.
La denuncia fue interpuesta el pasado 23 de noviembre por fuertes ingresos de fondos mayormente en efectivo y retiros por cobros de cheques en efectivo y depósitos a otras personas. La Hora consultó al MP en qué fiscalía fue asignada la denuncia, pero como en otras ocasiones no respondió a las preguntas.
Shirley Rivera cuenta con inmunidad desde enero de 2020, cuando tomó posesión como diputada del partido de Giammattei. El ente investigador de Porras, pese a la denuncia, no ha tomado acciones en su contra y no ha presentado una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el primer paso para poder investigarla. A la fecha, los señalamientos se mantienen aletargados en el MP.
En tendencia:
El enojo de Curruchiche
PNC captura a mexicano y guatemalteca que ofrecían tramitar permisos y visa de EE.UU.
Golpe al MP: Sala confirma que fiscal anticorrupción, Eduardo Pantaleón, no cometió ningún delito en caso cuestionado
La opción que le queda a Semilla para aprobar el presupuesto general 2025
Opinión
RIVERA SIN CONOCIMIENTO Y MP EN SILENCIO
La Hora consultó a la congresista por la denuncia que interpuso la IVE en su contra. «No tenía conocimiento de lo que usted dice», respondió en WhatsApp, luego de insistir a este diario que le explicara sobre el tema antes de atender una llamada telefónica.
«Es por una denuncia que emitió la IVE por transacciones sospechosas. ¿No le ha notificado el MP?», detalló esta redacción y le preguntó para acordar una llamada. Sin embargo, Shirley Rivera no contestó más a los mensajes ni a las llamadas telefónicas.
En la misma línea de la negativa a responder, el MP no atendió las consultas sobre las denuncias interpuestas por la IVE.
La Hora preguntó en qué fiscalía se encuentra la denuncia, si cuenta con control jurisdiccional y de ser así cuál es el juzgado penal que tiene a cargo la carpeta. También, precisó en por qué no han presentado una solicitud de retiro de inmunidad contra la diputada Shirley Rivera y si existen otras personas denunciadas en el mismo expediente.
Las preguntas fueron realizadas desde el pasado 8 de agosto. Desde esa fecha, el MP excusó en varias ocasiones que estaban pidiendo la información para dar respuesta, pero al cierre de la edición de este trabajo no se emitió ningún pronunciamiento por parte del área de Comunicación Social, que dirige Juan Luis Pantaleón.
Puedes leer: Coincidencia: denuncias de la IVE por corrupción ante el MP pasaron de 27 en 2018 a 15 en 2023
OPORTUNA COINCIDENCIA
La segunda denuncia fue interpuesta por la IVE ante el MP el mismo día que el medio de comunicación Vox Populi publicó la investigación titulada «El yerno de Shirley Rivera y los depósitos de Q3.4 millones a su cuenta», la cual reveló que un pariente de la congresista recibió durante cuatro años depósitos en su cuenta bancaria que sumaron más de Q3.4 millones, transacciones consideradas como sospechosas de lavado de dinero.
La investigación apunta que la congresista «ha usado a su familia directa e indirecta para enriquecerse», según el reportaje y señala un entramado para triangular más de 500 mil dólares a través de familiares cercanos y empresas a las cuales está vinculada.
PIEZA CLAVE EN EL CONGRESO
Shirley Rivera probó suerte en 2015 al participar en las elecciones generales con la coalición CREO-Unionista, pero no obtuvo los votos necesarios para formar parte del Congreso. Fue así como se incorporó a las filas del partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), liderado por Giammattei. Así, finalmente consiguió en 2020 ser dignataria.
Con el tiempo se ganó la confianza de la cúpula de VAMOS y para 2022, con el apoyo del entonces oficialismo y bancadas afines, fue electa como presidenta del congreso con 101 votos para el período 2022-2024. Durante ese período se mostró afín a Giammattei y propuso proyectos conservadores que rayaron en la doctrina cristiana.
Shirley Rivera fue una de los congresistas que impulsó la Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, decreto 21-2022. Dicha ley autorizó una ampliación presupuestaria de Q3 mil 100 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) —provenientes de saldos de caja no utilizados durante la pandemia del Covid-19— para un centenar de proyectos que serían ejecutados por Covial, la Dirección General de Caminos y el Fondo Social de Solidaridad.
La legislación se aprobó en medio de críticas. La más fuerte, que los proyectos fueron seleccionados por diputados distritales para promocionarse de cara al proceso electoral de 2023, puesto que en ese año los proyectos estarían a medio construir. Sin embargo, un reportaje de La Hora demostró que adjudicar, pagar y dejar a medias fue el patrón de los millonarios proyectos del decreto.
La diputada fue sancionada por el Departamento de Estado de EE. UU. y en noviembre confirmó que el país norteamericano le notificó sobre su retiro de visa. Dicha oficina señaló que serían revocadas las visas a más de una docena de funcionarios guatemaltecos, y sus familiares directos, derivado de supuestas acciones antidemocráticas que habrían cometido. Shirley Rivera fue una de ellos.
