Ayer el Ministerio de Educación informó haber sido notificado de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que deniega el Amparo Provisional solicitado por el Movimiento Cívico Nacional (MCN) en el que reclamaban levantar el carácter de “confidencial” de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que se negocia con el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala. Dicha confidencialidad deviene que el dirigente magisterial, Joviel Acevedo, lo presentó bajo esa calidad y así fue recibido por las anteriores autoridades del Ministerio.
La Constitución establece la publicidad de los actos administrativos, exceptuando de esa calidad los que tienen relación con asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional “o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”, pero en este caso no se trata de datos suministrados por un particular sino de los detalles de una negociación que se tiene que realizar usando los fondos de dinero público. Si cualquier contratista del Estado dice que los datos que aporta en una licitación los da con garantía de confidencia, eso no se traduce en que nadie tenga acceso a los detalles de las negociaciones que se hacen y que significan erogación de fondos públicos.
El artículo 35 de la Constitución expresamente señala que ninguna autoridad puede limitar el acceso a las fuentes de información y eso es lo que, mediante un acuerdo sucio, está ocurriendo en cuanto a un pacto que significará la erogación de millones de quetzales que no podrán ser debidamente fiscalizados por la ciudadanía por esa perversa condición de confidencialidad. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia avale la confidencialidad de esa información que debe ser pública, por naturaleza, es simplemente otra mancha más al ya embarrado tigre en que se ha convertido la justicia guatemalteca.
Hemos señalado insistentemente que creemos en la dignificación del magisterio, pero nos oponemos rotundamente a que se negocie a espaldas del pueblo, privando a los ciudadanos del elemental derecho a saber cómo se está gastando el dinero que viene de los impuestos que paga la población. Es más, sabemos que el tema de las mejoras salariales queda negociado fundamentalmente en los acuerdos que han subsistido en los que el Sindicato de los maestros se convirtió en firme aliado de las fuerzas más oscuras de las mafias existentes en el país y nos parece injusto que el dinero que debe destinarse a la formación académica de nuestra niñez y juventud termine siendo una viña para unos pocos mientras la calidad de la enseñanza muestra cada vez peores resultados.
El Pacto Colectivo se financia con fondos públicos y eso significa que no puede hacerse un acuerdo oculto porque a la dirigencia del magisterio se le ocurrió la genialidad de apelar a una frase del artículo 30 de la Constitución sobre la garantía de confidencialidad de datos aportados por particulares bajo esa condición. No son datos los que se aportaron sino fueron las condiciones del Pacto que se está negociando.
